A la mitad del camino es el segundo libro que López Obrador escribe como Presidente. El primero fue Hacia una economía moral, el cual se lanzó en noviembre de 2019.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta semana su libro A la mitad del camino, el cual dedicó a sus adversarios “para que éstos conozcan las razones de lo que se está haciendo”.

“Miren, ya salió: A la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en dos años nueve meses. Lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Asimismo, desde Palacio Nacional, el Presidente aseguró que el que lea el libro no bostezará y señaló que aunque no estén de acuerdo con él la obra sería de su agrado.

A la mitad del camino es el segundo libro que escribe como Presidente. El primero fue Hacia una economía moral, el cual se lanzó en noviembre de 2019.

Con la autorización de Grupo Planeta, SinEmbargo comparte un fragmento del texto escrito por el Presidente.

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Capítulo I

El presente

Desde antes de asumir por mandato popular la Presidencia de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país.

Así llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia, y que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, de enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad que es la mayor riqueza de nuestro pueblo.

Ya sabíamos que estábamos en decadencia por la aplicación, durante 36 años, de la política de pillaje llamada neoliberal y conocida por nosotros como neoporfirismo, pero lo que descubrimos al llegar al Gobierno no solo reafirmó nuestras convicciones, sino que superó por mucho lo que imaginábamos.

En efecto, el Gobierno estaba consagrado a facilitar la corrupción, y no se preocupaba ni por asomo del bienestar del pueblo. Toda su actividad consistía en privatizar y en hacer jugosos negocios al amparo del poder público.

Ya en varias ocasiones hemos explicado cómo se llevó a cabo el gran saqueo neoliberal, sin precedente en la historia de México, y la forma como se adulteró el marco jurídico con una serie de reformas a la Constitución y a las leyes para transferir bienes de la nación a particulares. En los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética: el anterior director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien está sujeto a proceso en calidad de testigo colaborador, ha confesado a la Fiscalía General de la República (FGR) que «el grupo o persona jurídica Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética. Facilitando, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos…». 1

Pero, en vez de seguir analizando o relatando sobre toda esa inmundicia política, en esta ocasión dedicaré más tiempo a exponer de manera sencilla y práctica cómo funcionaban los gobiernos neoliberales y cómo estamos actuando nosotros. Los contrastes son evidentes; nuestra política es del todo nueva y aunque es obvio, no está de más decir que no tiene absolutamente nada que ver con la llamada alternancia panista de 2000 y su pretendido cambio que fue en realidad una burda continuación del régimen corrupto.

Lo nuestro no es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor. Nuestro quehacer político va al fondo y por eso hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos y resistencias; sobre todo, las relacionadas con la forma de pensar, pues durante un largo periodo, con el apoyo de una educación mercantilista y doctrinaria, y con la manipulación de casi la totalidad de los medios de información, se introdujo en la mente de muchos la creencia en las supuestas bondades del modelo neoliberal; recordemos que el Porfiriato se impuso por 34 años y que el régimen neoliberal duró 36 años; es decir, la influencia de la propaganda individualista, egoísta, utilitarista y pragmática afectó a más de una generación. Si el país no sucumbió por completo y logró subsistir fue por la innata y excepcional inteligencia del pueblo mexicano; pero, aun así, ha costado mucho trabajo persuadir y convencer a quienes fueron formados en la escuela del afán de lucro y del aspiracionismo, y no con las enseñanzas del amor al prójimo y del rechazo a triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

A pesar de todo, la transformación está en marcha y aunque la apuesta es a seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo —porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible—, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del Gobierno. Tengamos presente que, durante el periodo neoliberal, el propósito central de la administración pública era facilitar la entrega de bienes nacionales a particulares y que para eso se fue creando una estructura administrativa acorde a la política del pillaje (a la transa y al influyentismo), con la excusa de evitar el monopolio del Estado y garantizar la libertad empresarial. Por ejemplo, se decidió que el trato a Pemex y a la CFE debería ser igual que el otorgado a Shell o a Iberdrola y se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo «autónomo», manejado por tecnócratas al servicio de las grandes corporaciones privadas. En pocas palabras, se buscó desaparecer el espíritu y la letra de los artículos de la Constitución que desde la Revolución mexicana colocaban el interés público por encima del particular.

Obviamente, el Poder Judicial también estaba alineado al propósito privatizador. Baste decir que apenas llevaba unas horas de aprobada la nueva ley eléctrica que promovimos, cuando los jueces empezaron a otorgar amparos a grandes empresas y corporaciones beneficiarias de la llamada reforma energética, las cuales pagan una tarifa eléctrica menor que el hogar de una familia de nivel popular o de clase media.

Por esta razón estamos llevando a cabo una reforma administrativa que elimine todo este andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento de los negocios públicos. Un ejemplo claro fue la eliminación de 187 fideicomisos, instrumentos que se fueron constituyendo para otorgar concesiones a grupos de intereses creados, tanto empresariales como académicos y del ámbito de los intelectuales defensores del régimen de corrupción y privilegios. Es un hecho demostrable que con becas, financiamiento para estudios y otros mecanismos se cooptaba a quienes defendían el pensamiento oficial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por ejemplo, entregaba dinero a investigadores deshonestos, a empresas (que en el sexenio anterior recibieron casi 30000 millones de pesos) y a organizaciones de la llamada sociedad civil que nunca han creado algo en beneficio del interés general. Una buena cantidad de los recursos públicos manejados por Conacyt durante el neoliberalismo (casi 1000 millones de pesos durante la administración pasada) terminó siendo utilizada para realizar construcciones faraónicas sin función económica o social alguna, solo para beneficio de funcionarios, seudocientíficos y contratistas que edificaron estos elefantes blancos que han quedado como símbolos de corrupción de la época de la llevada y traída «innovación tecnológica».

Ahora el Conacyt ha hecho muchas cosas en favor del desarrollo de México y enumeraré solo dos muy concretas: una vez iniciada la pandemia por covid-19 y en medio de las dificultades para conseguir ventiladores para atender a pacientes graves, Conacyt, con la empresa Dydetec, diseñó y desarrolló un ventilador denominado Gätsi («suspiro» en lengua otomí) y otro con uno de sus Centros Públicos de Investigación, denominado Ehécatl 4T («dios del viento» en náhuatl); se fabricaron 1000 que han atendido a más de 6300 pacientes mexicanos en riesgo por covid-19 en 81 hospitales públicos del país. Este logro nos ha permitido dejar de depender del exterior para contar con este importante equipo médico. Lo mismo sucede en el caso de la vacuna Patria en desarrollo, en colaboración con Avimex, que está terminando su primera fase de pruebas clínicas en personas y con buenas perspectivas de eficacia.

Por otra parte, solo con la eliminación de los 187 fideicomisos, entre el año pasado y el actual nos ahorraremos alrededor de 126000 millones de pesos, dinero que se ha destinado directamente al desarrollo y al bienestar de los más pobres del país.

México es nuestro

En lo estructural, estamos empujando para hacer a un lado lo individual o particular y que predomine el interés general. Ello ha requerido contrarrestar mitos neoliberales y desmontar aparatos burocráticos sin dimensión social o pública. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora; se dejó de entregar concesiones a particulares en petróleo, electricidad, minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Nuestra política petrolera ha respetado los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, pero de ninguna manera hemos entregado nuevas concesiones para la explotación del petróleo; concretamos así nuestra determinación de proteger a Pemex con el fin de que mantenga su participación rectora en el mercado de gasolinas, diésel y otros combustibles. Esta política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas; con este fin se continúa destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes; en tres años la inversión pública correspondiente ha sido de 33 581 millones de pesos. Cuando llegamos al Gobierno estas refinerías estaban en el abandono y la administración anterior había comenzado a vender plantas (como las de hidrógeno) al interior de sus instalaciones; al inicio de nuestra administración las refinerías transformaban 511000 barriles por día y ahora procesan 706 000 barriles; es decir, casi 38% más. El reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo, es una buena noticia, aunque también está precedida de una de tantas historias de corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales. Estas plantas comenzaron a fabricarse en el extranjero; se trajeron al país en barcos y se trasladaron en tráileres de grandes tanques que obligaron a cerrar las carreteras en su trayecto y a quitar puentes peatonales desde el puerto de Tuxpan hasta Tula; sin embargo, la obra quedó inconclusa porque una de las empresas contratistas era ni más ni menos que Odebrecht; y cuando estalla el escándalo de los sobornos a funcionarios de Pemex, se para todo; es hasta este año, luego de desenmarañar el desastre administrativo y legal, cuando se ha podido reiniciar esta obra. Si la hubiéramos dejado como la encontramos, los equipos adquiridos se habrían convertido en chatarra y 1 500 millones de dólares ejercidos por Pemex se habrían ido a la basura. Ahora, aunque se invertirán 2 500 millones de dólares más, terminaremos todo este complejo para procesar combustóleo y otros remanentes y para aumentar la fabricación de gasolinas, con la posibilidad de ampliar la producción de la refinería de Tula en 70 000 barriles diarios de combustibles. En julio del año próximo se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340 000 barriles diarios. Cabe recordar que, desde hace cuarenta años, significativamente desde el inicio del periodo neoliberal, no se había construido una nueva refinería en nuestro país, la última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó a operar en 1983.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, en vez de hacer aquí una nueva refinería se optó por que Pemex se asociara con Shell para compartir la refinería Deer Park en Houston, Texas. Luego de muchos años de poseer Pemex el 49.995% de las acciones y de recibir utilidades marginales de menos de 9 000 000 de dólares en los últimos 12 años, porque el 50.005% de las acciones estaba en manos de Shell y a ellos les correspondía la dirección de la empresa y siempre decidían reinvertir las utilidades, se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596000000 de dólares; ahora la refinería es totalmente de Pemex y su producción de gasolinas y diésel y otros combustibles, 150000 barriles diarios, se destinará al abasto del mercado interno de nuestro país. Recuerdo aquí la carta al pueblo de México que se atribuye al presidente Adolfo López Mateos, quien la habría escrito en 1960, con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica. Real o imaginario, el documento es una joya y vale la pena citar aquí uno de sus pasajes.

Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos.

Solo un traidor entrega su país a los extranjeros; los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero.

En la actualidad, la política petrolera ya cambió y ahora el propósito fundamental de nuestra industria no es extraer petróleo crudo y venderlo en el extranjero, sino destinarlo a la refinación. Así se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas; toda la materia prima será procesada en nuestro país.

Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. En términos cuantitativos, durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2000000 de barriles diarios. Para ejemplificar, en este gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en el sexenio de Vicente Fox. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100% de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, actuaremos de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones.

También estamos destinando más presupuesto para la exploración y extracción de gas; con la inversión en equipos e instalaciones evitaremos la quema irracional de este energético. Cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero, todo ello con el propósito de alimentar los negocios que estas compras representaban para políticos y directivos influyentes de empresas particulares nacionales y extranjeras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha seguido reduciendo los impuestos a Pemex a fin de garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del Gobierno de la República. Cuando llegamos al Gobierno, este pagaba por el derecho de utilidad compartida el 65%; ahora su contribución en esta materia a la Hacienda Pública se redujo a 54%; sin embargo, no debe olvidarse que en este 2021 los hidrocarburos significan, por impuestos y derechos, una aportación de 765000 millones de pesos anuales que representan el 15% del presupuesto público.

Agrego que hemos mantenido el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles; en pocas palabras, se acabaron los gasolinazos. También hemos terminado de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más se permitirán casos como los de Odebrecht, o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes o la entrega de moches o sobornos a funcionarios y legisladores.

Asimismo, se ha respetado el compromiso con los trabajadores y técnicos de Pemex de no despedir a nadie y de mejorar sus condiciones salariales y prestaciones laborales, y se garantiza su derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales. El antiguo líder Carlos Romero Deschamps, que llevaba más de treinta años como secretario general del sindicato petrolero, entendió que ya eran nuevos tiempos y optó por jubilarse.

En fin, con los obreros de esta industria y con los obreros de todo México, estamos rescatando a Pemex y a la nación. El 23 de marzo de 1938, cinco días después de la Expropiación Petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas recordaba en sus apuntes que en el año de 1926, cuando era comandante militar en la zona petrolera en las costas del norte de Veracruz, lo visitó el general Heriberto Jara, gobernador de ese estado, quien le habló de los problemas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras: despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia, pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían «alarde de contar con apoyos poderosos sintiéndose en tierras de conquista». Por eso, la Expropiación Petrolera es uno de los actos de independencia económica y política más importantes de nuestra historia. Y aun con el paso del tiempo esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana.

En cuanto a la industria eléctrica, la reforma que acaba de aprobar el Congreso permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras que el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y extranjeras, sobre todo con la entrega de subsidios, las plantas de la CFE fueron completamente abandonadas. Por ese motivo se continuará fortaleciendo a la CFE, que no debe ser ninguneada, como lo hicieron los gobiernos neoliberales al darle trato de segunda, mientras se otorgaban privilegios a empresas particulares. Ahora, estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hayamos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura existente y el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas, sin causar afectaciones y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar, en los hechos, que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales o las grandes cadenas comerciales.