Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador usa a la FGR en el caso de Ricardo Anaya.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Estoy absolutamente convencido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado un uso faccioso y autocrático de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del panista Ricardo Anaya Cortés, dijo esta noche Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2016 a 2020. Ahora, expuso el empresario y activista, la Fiscalía tendrá que recabar las evidencias y si son pruebas obtenidas de manera legal debe presentarlas.
En entrevista en “Los Periodistas”, programa que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite por SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube, el también presidente de la organización civil «Alternativas por México”, precisó que «no es Ricardo Anaya ni candidato ni precandidato de «Sí por México», ni él ni nadie más está en una lista ni en ningún diálogo. Dicho esto con toda claridad, yo estoy absolutamente convencido de que el Presidente López Obrador está ordenando un uso faccioso, autocrático de la Fiscalía General de la República (FGR). A mi me tocó impulsar la Fiscalía que Sirva, una Fiscalía independiente; el Presidente me respondió que iba a ser independiente en los hechos, y yo le dije que fuera independiente en la Ley. La realidad es que no es independiente ni en los hechos ni en la Ley, y me queda absolutamente que la forma en cómo están conduciendo las acusaciones no tienen otra inspiración que una de carácter esencialmente político-partidaria. No hago una defensa de nadie, de ningún candidato, de ninguna persona, pero si tengo absoluta certeza por la forma en cómo se está llevando este asunto que tiene una clarísima e indudable intencionalidad política”.
«Y, además, me parece absolutamente lamentable no para Ricardo Anaya sino para la realidad democrática del país que por primera vez en casi 100 años un aspirante, no digo un candidato que vaya o no vaya a ser, un aspirante presidencial tenga que partir al exilio”, agregó el empresario y activista.
–Pero eso es una huída, no es un exilio –le acotó Delgado Gómez.
–Bueno, lo podemos discutir. Creo que lo que se está planteando es una persecución política.
–Oiga, Gustavo, pero antes lo decían Javier Lozano, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Margarita Zavala, Felipe Calderón, incluso a gritos, que Ricardo Anaya era corrupto, y ahora se les ocurre que es un perseguido político –le expuso Páez Varela.
–La pregunta, Alejandro, es que si había una evidencia por qué desde 2018 no se actuó. Esa es la pregunta.
–Porque el año pasado se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, La presentó el 11 de agosto el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Ya esté en la cárcel el exsenador José Luis Lavalle, por los sobornos de Lozoya, de este corruptazo…
–Como abogado, Álvaro y Alejandro, les digo que no hace falta un año si hay evidencia documental. La pregunta es que si había elementos, y no un elemento menor como ahora se dice, por qué esperar dos años. Estoy convencido de que cuando este caso se escudriñe y se vaya a los detalles, estoy convencido que son falacias, porque son dichos, no hay ninguna evidencia. Insisto, cuando las cosas se hacen de cierta manera, con cierta temporalidad, es evidente que se trata de un acto de persecución política.
De Hoyos Walther, uno de los fundadores, junto con el empresario Carlos X. González Guajardo, del movimiento «Sí por México», que también impulsó la coalición del PRI-PAN y PRD en la elección federal del 2021 bajo el nombre “Va por México”, se refirió además al proceso de revocación de mandato que actualmente está envuelto en una gran polémica.
–En los últimos días he sentido que muchos de los opositores que estaba a favor de la consulta de revocación de mandato, que se dará e próximo año, han venido cambiando su discurso, como que ya no les gustó mucho, aunque la organiza el INE [Instituto Nacional Electoral]. ¿Es así Gustavo de Hoyos, han cambiado su posición ? –le preguntó Páez.
–Déjame dar un poco de antecedentes para tratar de interpretar lo que, a mi juicio, está sucediendo hoy en día. Comienzo comentando que el conjunto de los partidos políticos desde el 20 de diciembre de 2019 hicieron a través de sus legisladores federales la reforma constitucional que instituyó, a propuesta del Presidente López Obrador, la revocación de mandato. Desde el 20 de diciembre se aprobó este cambio en la Constitución. ¿Qué es lo que ocurrió? Que pasaron los días, semanas y meses, y el 17 de junio del año pasado era la fecha fatal, que se establece en la propia Constitución para que el Congreso, a propuesta del Presidente o a propuesta de cualquier legislador, aprobara la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato. Varios en la sociedad civil, entre ellos yo, estuvimos señalando una y otra vez la importancia que un proceso de esta envergadura, que tuvo personas que se expresaron a favor o en contra, sí o sí tuviera una Ley que estableciera requisitos en los tiempos para llevarla a cabo. No es un tema menor, es la posibilidad de que por primera vez en la historia de que un Presidente sea cesado constitucionalmente antes de que concluya su encargo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tuvieron que pasar 592 días desde que se aprobó la reforma constitucional para que, en este caso, el Senador Ricardo Monreal presentará el 4 de agosto pasado la iniciativa. Asumimos que la iniciativa es concordante con la visión grupo mayoritario y del propio Presidente, pero repito: 592 días después de que pudo haberse iniciado –expuso De Hoyos.
«En el camino estuvimos insistiendo en espacios como este, pero además en los tribunales, de que se legislara oportunamente. Yo particularmente, a título personal, y el Consejo Civil Estratégico, demandamos al Presidente López Obrador y demandamos al Congreso y sus dos cámaras por no emitir a tiempo, una vez vencido el plazo, la legislación. Pero hasta el 4 de agosto se presenta esto. Pero no solamente esta situación, sino que después de haberse presentado, el 15 de agosto el Senador Monreal, autor de la iniciativa, varía la parte medular de esta legislación que es: qué tipo de pregunta se va a realizar. La revocación de mandato –así estaba la iniciativa original de Monreal– preguntaba si tendría que revocarse el cargo del Presidente por pérdida de confianza. Hay un viraje y no queda muy claro a ciencia cierta por qué, y ahora se introduce en la propuesta el hecho de que se confirme el encargo; es decir, si queremos que continúe el Presidente. Hay muchos juristas, muchos activistas, que piensan que esta manera de plantear la pregunta es contraria a la figura misma de revocación de mandato. Y me parece que este cambio, que ya venía con cierta inercia por el retraso, pero especialmente a partir de la variación de la pregunta es cuando para muchos, incluido para mí, si se aprueba estas formas realmente estamos hablando de una consulta popular, de una mención de popularidad, pero ya no sería viable como está planteada la reforma. Es decir, para decirlo en una manera resumida, el derecho que tenemos los ciudadanos para activar este mecanismo y pedir la cesación del Presidente, realmente sería completamente inoperante y por eso me parece de esa fecha para acá, hay una clarísima oposición, ya de manera unitaria, en cuanto a que no tiene sentido avanzar y máxime cuando después de esta larga espera de 592 días, por alguna razón –no son yo quién para diagnosticarlo– entran las prisas para convocarlo en un periodo de cuatro días, donde se intenta en dos ocasiones –el 18 y el 19 de agosto– de manera fallida, porque tiene que ser la Comisión Permanente la que lo haga, y en la realidad en la que estamos parados es que, según se dice, según ha trascendido, el grupo mayoritario, Morena y sus aliados, pretenden aprobar algo, y digo «algo» deliberadamente, porque ahorita explicó un poco, «algo» el día de la instalación de la próxima Legislatura.
«Lo que hoy se dice, y así lo manifiesto porque no hay una evidencia, es que se aprobará ya no una iniciativa de Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato; parecería que ya hay claridad de que una pregunta por ratificación implicaría ir contrario a la norma constitucional, entonces parecería que se están decantando por hacer una consulta al amparo de la Ley de Consulta Popular que ya existe, que fue la que se utilizó en la consulta del 1 de agosto. En pocas palabras, hoy estamos en un punto donde no está muy claro qué tipo de legislación o qué tipo de ejercicio va a ser y, por otro lado, también hay que decirlo con claridad, conforme se activó la reforma constitucional, se requieren, para activar el mecanismo, tres millones de firmas, son muchas personas las que tienen que dar su consentimiento. Por eso incluso quienes estamos más a favor del ejercicio, por una o por otra razón, vemos que los plazos para que se pueda cumplir con esto están cada vez mucho mucho más cerrados”, agregó.
–En los términos en los que está planteando el grupo mayoritario, el grupo oficialista en el Congreso, en esos términos ustedes, y me refiero no sólo a ti Gustavo, sino a otros que habían manifestado su planteamiento de ir a una revocación de mandato, ¿sencillamente no le entrarían? –le inquirió Delgado.
–Me parecen pocos incentivos en razón de que el efecto que podría derivarse del ejercicio. Primero podría ser claramente ilegal, lo digo categóricamente. Es muy probable que si la pregunta va igual, porque para aprobar la Ley basta la mayoría simple, entonces si el grupo parlamentario mayoritario aprueba por mayoría simple la Ley donde venga la pregunta, lo digo abreviadamente no literal, como ratificación no como revocación, muy probablemente, y ya lo han dicho los coordinadores parlamentarios de las fracciones opositoras, se promueva una acción de inconstitucionalidad y quedemos un poco en el limbo, porque incluso sería posible técnicamente que la Suprema Corte suspenda el ejercicio porque no hay claridad en este tema que es la parte modal de la revocación de mandato. Es decir, no estamos hablando de un tema meramente jurídico, estamos hablando de un tema, más allá de que estemos a favor o en contra, de un ejercicio inédito que plantea la posibilidad del cese del Presidente de la República y me parece que más allá de la opinión que tengamos, de lo correcto o incorrecto de la figura, del éxito o fracaso del Presidente de la República, el país no merece un ejercicio con esta cantidad de ambigüedades –respondió.
–Entonces, ¿cuál seria la propuesta? Porque, claramente, de acuerdo con las encuestas que hay hasta hoy, el Presidente trae muy buenos niveles de aprobación. Lo dice la más reciente encuesta de El Financiero y pareciera que el cambio de posición es porque el Presidente ha mantenido niveles de aprobación bastante aceptables. Ahora, para que no se interprete de esa manera, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Mandarlo mas adelante… –le consultó Páez.
–Mira, antes de responder, yo creo que obedece a dos circunstancias: una, las condiciones del ejercicio que acabo de plantear, la falta de una definición oportuna; si las oposiciones quieren ir por esos tres millones es evidente que en la medida en que no hay certeza, los actos preparatorios –porque además hay una limitación de publicidad y esas cosas– pareciera difícil lograr en un periodo tan corto el objetivo ya no digo de ganar, sino de conseguir las firmas con los términos y limitaciones legales que hoy están establecidos. Eso por un lado, y también –lo digo con toda claridad porque estos temas se tienen que ventilar con absoluta transparencia–, el resultado de la elección de junio pasado, aunque implicó un avance sustancial de las oposiciones en su conjunto en términos del número del Congreso, las matemáticas no dan. Dicho de otra manera, si el Presidente López Obrador, habiendo una Ley adecuada, cesa en su encargo, la mayoría que podría designar a su sucesor sería, a final de cuentas, la mayoría de Morena y sus aliados. Es decir, parecería, y esta es la opinión que he escuchado con mayor reiteración entre quienes vemos como un desastre el ejercicio del Presidente López Obrador, que hay un incentivo bajo para removerlo de su cargo por la vía constitucional dado que, muy probablemente, el remedio salga peor que la enfermedad. No quiero pensar que con esta mayoría, que es una realidad, hoy por hoy sabemos cuáles son los números, ayer el INE ya determinó cuál es la integración de la Cámara de Diputados, llegado el caso de elegir un Presidente sustituto este sería necesariamente alguien afín al actual Presidente y nos parece que saldría poco razonable el ejercicio –dijo el también abogado y Maestro en Derecho Corporativo.
–Pero eso ustedes ya lo sabían… –afirmó Páez.
–Lo que pasa, Alejandro, es que hasta el 6 de junio, evidentemente el resultado final de la elección estaba sujeto al resultado de la integración del Congreso. Había una expectativa –y es algo que alguna vez platiqué aquí en “Los Periodistas”– de que fuera un resultado incluso mejor del que se obtuvo y, bueno, simplemente comparto con la audiencia que si el ganancial hubiera sido mayor de legisladores para las oposiciones seguramente el incentivo sería mucho mayor –afirmó.
