El recuento de Campeche será por votos nulos. Pero Morena tiene más acusaciones

El Tribunal Electoral ordenó este jueves el recuento de los votos de la elección de Campeche, un proceso en el cual la oposición denunció una serie de irregularidades que van desde el robo de urnas, el supuesto uso de boletas apócrifas hasta el empleo de turismo electoral en favor de la abanderada de Morena, la Gobernadora electa Layda Sansores.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).–  La supuesta compra de votos, robo de urnas, boletas apócrifas, condicionamiento de programas sociales federales y hasta los señalamientos de turismo electoral son algunas de las irregularidades que han denunciado Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección de Campeche del pasado 6 de junio, en la cual resultó ganadora Layda Sansores, quien ha negado los señalamientos en su contra.

Si bien estos dos partidos han insistido en que estas anomalías fueron determinantes para que ganara la abanderada de Morena, el argumento principal que adoptó ayer —en una votación dividida de 4 con 3 magistrados— la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de contar cada uno de los votos de estos comicios fue que el número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre el primer y el segundo lugar, una de las impugnaciones hechas por Movimiento Ciudadano.

Respecto a las diversas irregularidades detectadas en los cómputos distritales y la presunta existencia de boletas apócrifas, los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante, que votaron en contra del recuento, determinaron que Movimiento Ciudadano no presentó pruebas contundentes de estas inconsistencias.

En cambio, los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Janine Otálora, quienes votaron a favor, alegaron que era necesario ordenar el recuento total de las casillas en la elección “como garantía efectiva del principio de certeza y a fin de despejar cualquier indicio serio y grave que genere una presunción legítima de violación a la autenticidad y libertad de sufragio”.

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El principal argumento fue, precisamente, que los votos anulados en la elección de julio –ocho mil 387– fueron superiores a los cinco mil 984 sufragios de diferencia que obtuvieron los candidatos al Gobierno de la entidad que quedaron en primero y segundo lugar, que ocuparon Layda Sansores, de Morena, y Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, cuyas impugnaciones fueron las que dieron pauta al recuento de los votos. Una causal prevista en la Constitución local para el recuento de votos.

“La resolución del TEPJF no es en contra de la constancia de Gobernadora electa; lo que está resolviendo, de manera extemporánea, es una impugnación que presentó MOCI (Movimiento Ciudadano) hace semanas. Si quieren contar, que cuenten. Ya contaron el 71 por ciento en los cómputos distritales; el 29 por ciento restante ratificará nuestro triunfo”, dijo Sansores al respecto mediante un posicionamiento difundido en sus redes sociales.

La decisión del Tribunal Electoral se dio a un día de que la morenista Layda Sansores recibiera su constancia de Gobernadora electa y en medio de una crisis por la que atraviesa esta instancia electoral que en menos de dos años de la actual administración ha tenido cinco magistrados presidentes. Uno de ellos, José Luis Vargas, fue depuesto por sus compañeros en medio de las acusaciones de corrupción en su contra. 

La situación que se vive dentro del TEPJF ha dado pauta a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador plantee una reforma a este órgano e incluso a que pidiera la renuncia de sus actuales magistrados.

LAS DENUNCIAS DE MÁS IRREGULARIDADES

Desde que se diera a conocer que el triunfo de esta elección favorecía a Layda Sansores, Movimiento Ciudadano, principalmente, y el PRI han denunciado una serie de inconsistencias que, aseguran, contribuyeron a la victoria de la morenista.

El pasado 6 de julio, el presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fuera Gobernador de esta entidad de 2015 a 2019 antes de pasar a la dirigencia del PRI, destacó que en las elecciones del estado hubo una abierta intervención de la Iglesia y del Poder Ejecutivo federal, mediante la difusión de programas sociales, por lo que se solicitó la nulidad de la elección.

Previamente, Christian Castro Bello candidato de la coalición Va por México, integrada por el PRI, junto a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), denunció una indebida integración de las mesas directivas de casilla, un uso “descarado” de los programas federales a favor de los candidatos de Morena y la “complicidad de varios funcionarios electorales con operadores políticos morenistas”.

No obstante el grueso de las acusaciones provino de Movimiento Ciudadano, cuyo candidato Eliseo Fernández quedó en segundo lugar con una diferencia de 5 mil 984 votos, menos que los 8 mil 387 nulos. El partido naranja ha señalado que en estos comicios hubo “urnas infladas, boletas apócrifas, compra de votos y de credenciales, la participación indebida de funcionarios públicos de Tabasco, la sustitución del 70 por ciento de los funcionarios de casilla, condicionamiento de programas sociales y violencia”.

El día de ayer, al celebrar la resolución del Tribunal Electoral, el partido insistió que el proceso fue fraudulento debido a que Morena y Sansores incurrieron en todas estas irregularidades, las cuales no fueron determinantes para el recuento de los votos ordenado por la Sala Superior.

El pasado 30 de julio, Movimiento Ciudadano dio a conocer que la  abogada Berenice García, responsable del equipo jurídico de Eliseo Fernandez ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, presentó una serie de pruebas ante el Tribunal Electoral de Campeche en donde señaló que durante el proceso electoral la coalición Morena-PT se benefició del turismo electoral de 18 mil personas que cambiaron su domicilio de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo a Campeche, previo a las elecciones.

También acusaron una indebida intervención de funcionarios públicos, la presencia de la Guardia Nacional, el condicionamiento de los programas sociales, la compra de voto y el uso de boletas falsas.

Los recursos de impugnación interpuestos por Movimiento Ciudadano y el PRI fueron desestimados por el Tribunal Electoral local. Y en el caso de los del partido naranja llegaron a la Sala Superior del TEPJF.