El Tribunal Electoral ha brindado un espectáculo digno de las carpas del Panzón Soto y sus sátiras políticas de hace casi un siglo. Con el pecado original de la turbia extensión del nombramiento de cuatro de sus integrantes, inconstitucional a pesar de haber sido avalado por la Suprema Corte, una y otra vez las decisiones de la actual Sala Superior han reflejado intromisiones de los partidos políticos y de los gobiernos –el anterior y el actual– y con frecuencia ha sido instrumento para golpear al Instituto Nacional Electoral.

Malavenidos, los magistrados han ventilado con frecuencia sus rencillas en público y no es la primera vez que se construye una coalición interna para destituir a su presidente, pues ya había ocurrido con la remoción de la Magistrada Janine Otálora para encumbrar a José Luis Vargas, quien ha recibido una sopa de su propio chocolate con su reciente defenestración.

Vargas ha dado muestras reiteradas de ser un prevaricador. Una y otra vez, tanto sus proyectos de sentencia como sus votos indican injusticia a sabiendas, como si su independencia como juzgador estuviera comprometida por una larga cola pisada. Los indicios de una fortuna mal habida parecen pesar sobre su cabeza como una espada de Damocles que lo mantiene sometido y lo convierte en un juez chantajeado por el poder político. Él arguye una campaña de desprestigio en su contra, pero el hecho es que su riqueza de dudosa procedencia está siendo investigada por la autoridad. Como sea, su presencia en un tribunal de constitucionalidad debilita la legitimidad de los fallos y afecta al conjunto del órgano colegiado.

Sin embargo, su destitución y la crisis abierta con ella no contribuye en nada al fortalecimiento necesario de la institucionalidad electoral, una y otra vez denostada por el Presidente de la República. Con su actuar, los cinco magistrados coludidos en la destitución de Vargas y el efímero nombramiento de Reyes Rodríguez nutrieron la narrativa presidencial y le abrieron boquetes, de manera innecesaria, al sistema electoral y al Poder Judicial. La destitución de Vargas era innecesaria, pues los magistrados conjurados ya contaban con la mayoría para neutralizarlo, pero dieron un golpe de efecto oportunista que acabó por revertírseles.

López Obrador no tardó en aprovechar la oportunidad. Descalificó a Reyes Rodríguez por haberlo insultado en un tuit evidentemente apócrifo y ha vuelto a denostar al Tribunal Electoral y, de paso, a todo el Poder Judicial, al que considera podrido, solo con algunas excepciones. En una de sus acostumbradas descalificaciones genéricas de la institucionalidad constitucional, el Presidente de la República arremetió contra jueces, magistrados y ministros, en una evidente intromisión en la independencia judicial, emberrinchado por el tardío rechazo de Arturo Zaldívar a la extensión de su mandato como presidente de la Suprema Corte, motivado por la inminente decisión de la mayoría de la Corte contra la constitucionalidad de la reforma legal que se lo concedía.

Sin duda, a Zaldívar el numerito del Tribunal Electoral también le complicó las cosas, de ahí que finalmente haya hecho lo que debió de hacer en cuanto se aprobó el despropósito de prolongar su presidencia en un transitorio de la reforma del poder judicial impulsada por él mismo, que, si bien contiene importantes avances, también tiene defectos notables y carencias legítimamente criticables, por más que el Ministro presidente descalifique a quienes han planteado cuestionamientos relevantes.

El hecho es que el Tribunal Electoral está metido en un brete sin salida fácil, pues, como bien ha señalado Hugo Concha, no hay reglas claras para los supuestos planteados por la crisis. Cualquier intento por parte de la Corte o del Senado para buscar una solución resultaría en injerencia en la autonomía de un órgano constitucional. Los partidos políticos y el Gobierno se han entrometido una y otra vez en la vida del órgano y lo han carcomido desde fuera. El pretexto para bombardearlo desde el púlpito presidencial está servido en bandeja.

Lo grave es que la arremetida de López Obrador y su coalición no se hará esperar. El objetivo es, sin duda, la autonomía del odiado INE, pero los magistrados, que deberían ser ejemplo de comportamiento institucional y dignidad, se han convertido en la quinta columna que mina por dentro la solidez del arreglo que ha permitido elecciones libres y justas desde hace ya más de veinte años. El costo para la democracia de las veleidades de los magistrados puede ser ingente.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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