Madres, padres, hermanos. Al menos doce. Los asesinaron buscando a sus desaparecidos

Al menos 12 personas —madres, padres, esposas, maridos y hermanos— que buscaban a sus familiares desaparecidos en México han sido asesinadas. Tan sólo en julio del 2021 mataron a la sonorense Aranza Ramos y al zacatecano José Nicanor Araiza.  Las instituciones del Estado les fallaron: no los protegieron.

Ciudad de México, 4 de agosto (A dónde van los desaparecidos).– Por meses o años mostraron carteles con las fotografías de su familiar desaparecido. Nunca dejaron de recorrer ciudades, fiscalías, hospitales, cárceles, montes, anfiteatros o de excavar debajo de la tierra. En su camino estas 12 personas buscadoras encontraron desdén, amenazas, persecución y la muerte.

En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa.

Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. A pesar de que en distintos casos advirtieron en público, ante la prensa o las autoridades del riesgo que corrían, sus muertes no fueron evitadas.

De los homicidios que se documentaron para este texto, tres ocurrieron en 2010 y 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto al menos cinco personas buscadoras fueron asesinadas (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018); en la actual administración han sido cuatro las víctimas documentadas: uno en 2019 y tres este 2021. No son los únicos; podrían ser más.

La mayoría de estas y estos buscadores, antes de su muerte había investigado el paradero de sus familiares. En su búsqueda recorrieron los circuitos de la desaparición en México, descubrieron y destaparon campos de exterminio, casas de seguridad donde retienen personas, fosas clandestinas y entramados de complicidades. Valientes, denunciaron a los criminales; en cuatro casos, los perpetradores eran  funcionarios públicos (fiscales, militares, policías, autoridades municipales) o estaban coludidos.

Les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia.

En 2010 ocurrió el primero de estos 12 asesinatos de personas buscadoras que fue consignado por la prensa. Los últimos ocurrieron el pasado mes de julio: el día 27 mataron al papá zacatecano Nicanor Araiza, 11 días antes a la sonorense Aranza Ramos, quien buscaba a su marido.

Dos casos de la lista son de madres que sufrieron la desaparición de sus hijas, descubrieron que ya habían sido asesinadas y cuando conocieron el destino final de sus restos se dedicaron a perseguir a sus homicidas hasta verlos encarcelados; éstos las mataron. Sus nombres son conocidos: Marisela Escobedo, en Chihuahua, en 2010, y Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, en 2017. Javier Barajas, otro de estos familiares-activistas, ya había encontrado a su hermana, pero se mantuvo en la búsqueda de otras personas. Salvo esas excepciones, el resto de personas buscadoras murió sin conocer el paradero del ser querido ausente.

Este es otro saldo de la “guerra contra las drogas” que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006, que en 15 años ha dejado más de 85  mil personas desaparecidas. En 2012, al finalizar el sexenio de Calderón, 26 mil personas habían desaparecido. Al término del Gobierno de Enrique Peña Nieto en México habían 40 mil 180 personas desaparecidas. Durante el actual Gobierno han desaparecido más de 21 mil personas. Ante la ineficacia de las autoridades las familias son obligadas a salir a buscar.

Estas son —en orden cronológico— las 12 historias que el proyecto A dónde van los desaparecidos pudo documentar a partir de lectura de medios de comunicación y consulta a periodistas aliados (es una lista en construcción, por lo que invitamos a quienes nos leen a sumar casos que conozcan):

“QUE ME VENGA A MATAR AQUÍ, PARA VERGÜENZA DEL GOBIERNO»

El 16 de diciembre de 2010, al terminar una protesta para exigir justicia para su hija, Marisela Escobedo Ortiz, de 52 años, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En agosto de 2008, su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza, su compañero sentimental, quién después de quitarle la vida, desapareció el cuerpo y le aseguró a la familia que Rubí lo había abandonado.

Marisela inició la búsqueda de su hija, un mes después logró que la Fiscalía levantara la denuncia por desaparición y se unió a grupos de madres en búsqueda de sus hijas desaparecidas. Empezó a entregar volantes con la foto de su hija, ofreció gratificación por información sobre el paradero y casi un año después logró que Barraza fuera detenido y enjuiciado. Sin embargo, fue declarado inocente a pesar de que confesó el homicidio y señaló el lugar donde quemó y se deshizo del cuerpo de Rubí: en un tiradero clandestino de desechos de puercos. Los restos nunca fueron encontrados.

Tras el juicio, Marisela renunció a su trabajo como enfermera, vendió un negocio de carpintería y mueblería y se dedicó a llevar por segunda ocasión a juicio al asesino de su hija, quien para ese momento había huido del estado. Marisela recorrió el país para hacer público su caso, marchó desnuda solo cubierta con la foto de su hija y localizó a Barraza en Zacatecas, donde éste se había unido al cártel de Los Zetas.

Ante la inacción de las autoridades, Marisela decidió hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua de donde no se movería hasta que el asesino de Rubí estuviera en prisión. En ese momento se intensificaron las amenazas de muerte que recibía.

En la noche  del séptimo día de protesta, mientras Marisela levantaba los carteles con sus exigencias, un hombre descendió de una camioneta con un arma y le disparó, aunque ella corrió hacia el Palacio, una bala la alcanzó y su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta en la entrada del recinto.

“Le he perdido el miedo a todo. No me voy a esconder. Si me va a venir a asesinar, que me venga a matar aquí, para vergüenza del Gobierno. Tengo amenazas por parte de él, de la familia. Él está ya involucrado en un grupo del crimen organizado, ¿qué está esperando el Gobierno? ¿Que venga y termine conmigo? Pues que termine conmigo, pero aquí, a ver si les da vergüenza”, dijo Marisela en entrevista con diversos medios, 10 días antes de su asesinato.

«VENIMOS POR TI»

Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, vivía en Nuevo Ideal, Durango, donde tenía una refaccionaria. El 23 de septiembre de 2010 varios sujetos encapuchados ingresaron al negocio familiar y se llevaron a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años.

Los siguientes cinco meses, con sus 80 años, Don Polo se dedicó a investigar el secuestro de su hijo e identificó con nombre y apellido a los responsables del plagio, a quienes les había entregado un millón 600 mil pesos de los 10 millones que pedían de rescate.

Después de reunirse con el Fiscal Ramiro Ortiz y pedir sin éxito apoyo a un teniente de apellido Zambrano, de la X Zona Militar, para rescatar a su hijo, Don Polo llegó a la conclusión de que protegían a los secuestradores: en ese encuentro, el padre duranguense mostró a Zambrano el mensaje de texto que habían enviado los secuestradores y el número registrado: “¿Cómo que de ese número te lo mandaron?”, dijo el militar y de inmediato se rehusó a acompañarlo.

A pesar de que Don Polo pidió ayuda al Gobernador, al Procurador, al Ejército, la Secretaría de Marina y al Presidente, nadie le hizo caso.

La desesperación llevó a Don Polo a hacer público su caso y el viernes 4 de febrero de 2011 un comando entró a su casa. Don Polo intentó defenderse y sacó su pistola, el comando lo asesinó de varios disparos de armas AK-47.

En la revista Proceso, donde cuatro días antes había dado a conocer su historia y los pormenores arriba descritos, se publicó una nota que describía a Don Polo como un hombre que había llegado a la entrevista con manos temblorosas, “rostro cansado, reflejaba más el peso de los 130 días sin saber de su hijo que sus 80 años de vida”. En la nota se dio a conocer su asesinato y la posible causa: “Al parecer su ejecución fue una venganza por denunciar el plagio”.

El 7 de septiembre de 2011 el cadáver de Leo fue encontrado en una fosa en La Palma; el lugar donde su padre pidió al Fiscal y al Ejército que lo acompañaran. El Fiscal señalado por Don Polo de proteger a los secuestradores, fue asesinado en 2012: las principales líneas de investigación del homicidio estaban relacionadas a delincuencia organizada y al hallazgo de fosas clandestinas localizadas en 2011.

“Mi frustración, impotencia, coraje, o como usted lo entienda es porque sabiendo en donde se encontraba mi hijo, no tuve el apoyo solicitado a las diferentes autoridades en su momento”, denunció Don Polo a través de un desplegado difundido en distintos medios locales, dirigido al entonces Gobernador Jorge Herrera Caldera.

“ME VAN A MATAR EN CUALQUIER RATO”

El 28 de noviembre de 2011, Nepomuceno Moreno Nuñez, Don Nepo, de 56 años, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado de siete balazos, cuando viajaba en su camioneta en Hermosillo, Sonora.

Nepomuceno Moreno, quien era vendedor de mariscos, participó en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde ante el Presidente Felipe Calderón denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años.

El primero de julio de 2010, Jorge Mario había viajado con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora, y antes de llegar a su hotel, la policía los interceptó y persiguió. En su huida Jorge Mario pidió ayuda en un Oxxo, desde el cual se comunicó con su padre y le alcanzó a decir lo que sucedió.

“Ya vienen por mí”, fue lo último que dijo. Días después el cuerpo de uno de sus amigos fue localizado sin vida, otro fue liberado con dos dedos amputados y ahora vive refugiado en Estados Unidos. De Jorge Mario y dos amigos más no se sabe nada.

Nepomuceno investigó el secuestro y desaparición forzada de su hijo y denunció que los secuestradores eran policías estatales, quienes hacían las llamadas para exigir el rescate desde un teléfono de la Procuraduría del Estado, según pudo comprobar Don Nepo.

Dos semanas antes de ser asesinado, Don Nepo denunció que era objeto de amenazas en represalia de los policías, y en los últimos correos que envió a un integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseguró que debido a sus denuncias contra el crimen y el Gobierno, él y su familia eran cuidados por soldados.

En noviembre de 2012, el Ejército detuvo a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, a quien le atribuyeron el asesinato de Don Nepo. Salazar Ramírez era considerado uno de los lugartenientes del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; al grupo de Los Salazar se le adjudica también el homicidio de la periodista Miroslava Breach.

“A mí me van a matar en cualquier rato, pero no me importa, yo no voy a dejar de luchar por mi hijo, así está la cosa. Que le hace que me quedé en el camino, no puedo dejar abandonado a mi hijo, vale más morirnos en la raya”, dijo Don Nepo en entrevista a medios durante la Caravana por la Paz en 2011, primer movimiento de víctimas el cual recorrió el país para visibilizar las desapariciones en México.

“NO DEJÓ DE BUSCAR NI UN SÓLO DÍA” 

Sandra Luz Hernández, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, la capital sinaloense, 25 meses después de la desaparición de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; el 12 de febrero de 2012, personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.

Después de investigar, Sandra Luz, vendedora de cosméticos por catálogo, entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, sus apodos, el lugar donde vivían y la ubicación de sus ranchos. La investigación oficial nunca avanzó. Sandra Luz señaló a los hermanos Joel y Gabriel Valenzuela, habitantes de la comunidad de Paredones, Culiacán, como los responsables de la desaparición de su hijo, quien trabajaba como office boy del entonces Procurador Marco Antonio Higura Gómez.

Dos años después de la desaparición, Sandra Luz —quien ya era integrante del colectivo Madres con Hijos Desaparecidos— recibió una llamada para pactar un encuentro con un informante que supuestamente le daría información sobre la localización de su hijo. En el camino al lugar donde se encontraría con la persona, 15 disparos terminaron con su vida.

Fernando Valenzuela, asesino de Sandra Luz, quedó en libertad por supuestas faltas de pruebas pese a haber confesado el homicidio y señalar la ubicación del arma con que fue asesinada la activista.

“Yo no dejo de buscar ni un sólo día, ni un sólo día, todos los días. Esa es mi meta: encontrarlo”, dijo Sandra Luz al diario Noreste en febrero de 2014.

“ESTOY RECLAMANDO ALGO JUSTO”

El 22 de diciembre de 2015, cuando Bernardo Carreto viajaba en su camioneta con su esposa y tres de sus nueras por el puente de Tepozcuautla, Guerrero, cuatro hombres armados le impidieron el paso, lo bajaron por la fuerza y lo asesinaron.

Siete meses antes, el 10 de mayo, cuando los tres hijos más grandes de Bernardo —Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años— iban a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas, fueron secuestrados y desaparecidos por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Tras la desaparición de sus hijos Bernardo Carreto, de 49 años, se unió al grupo Siempre Vivos, colectivo de familiares de personas desaparecidas que exigen su localización con vida, con quienes cada miércoles se reunía para buscar y exigir a las autoridades la localización de los parientes que les habían sido arrebatados. Junto al colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala buscó en fosas clandestinas en Loma Larga, un paraje de Ahuihuiyuco donde localizaron dos fosas con restos humanos.

Tras haber acudido al Ministerio Público para dar seguimiento a su denuncia, empezó a ser amenazado mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto donde, desde un número desconocido, le exigían detener sus denuncias.

Bernardo no hizo caso a las amenazas y en una reunión —consignó Pie de Página— señaló como responsables de la desaparición de sus hijos a Aquilino Vázquez Jiménez, líder de una organización de transporte de pasajeros de Ayahualulco; Constantino Jiménez, escolta del expresidente municipal; José Apolonio Villanueva Jiménez, comisario de Xiloxuchicán; Ricardo Sánchez de la Cruz, ex ministerial y a Faustino Chino Mendoza.

Cuatro meses después de señalar directamente a los cinco hombres, Bernardo fue asesinado frente a su familia.

“¿Que si tengo miedo? ¡Claro que sí! Si me vienen a matar, que lo hagan aquí en la plaza. Porque yo estoy reclamando algo justo”, dijo Bernardo en entrevista a Pie de Página en agosto de 2015.

“PODEMOS TERMINAR MUERTOS” 

José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado el 22 de junio de 2016, mientras circulaba en su auto casi frente a la Fiscalía del estado, en Poza Rica, Veracruz. Su esposa quedó herida.

Jenny Isabel tenía 23 años, en mayo de 2011, salió a cenar con unos amigos y nunca regresó.

José de Jesús, de 56 años, había planeado conformar un colectivo de madres y padres para buscar a sus hijos tras la desaparición y presionar para la búsqueda al Gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del estado.

Al momento de su asesinato, José de Jesús era vocero de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, grupo conformado por colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo México para realizar tareas de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas.

Dos meses antes del asesinato de José de Jesús, la Brigada realizó una búsqueda en campo de 15 días en la que familiares de personas desaparecidas localizaron 15 fosas con decenas de restos óseos en Córdoba, en el centro del puerto.

Arturo Bemúdez, el Secretario de Seguridad Pública en tiempos de Javier Duarte, ha sido señalado desde 2017 por organismos internacionales y familiares de desaparecidos por haber cometido desapariciones forzadas masivas.

“Nos están asesinando sólo por eso. Son estrategias que utiliza el Gobierno, ellos tuvieron una reunión el día 15 de mayo, ahí el compañero Gaona exigió la búsqueda de su hija, hoy tenía que haber estado en una reunión para agilizar la búsqueda… ya no alcanzó a llegar”, dijo a Proceso, después del asesinato de José de Jesús, Araceli Sandoval, madre buscadora e integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda.

“NO PIENSO PARAR” 

Desde 2014 Miriam Rodríguez acechó a los secuestradores y asesinos de su hija Karen Salinas Rodríguez, de 16 años, desaparecida en enero de ese año en San Fernando, Tamaulipas.

Míriam Rodríguez pidió un préstamo al banco y vendió sus bienes para pagar el rescate de su hija, pero nunca la volvió a ver. La omisión de las autoridades la llevó a fundar Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando y después de dos años de investigaciones, encontró los restos de Karen en una fosa común.

A partir de entonces investigó al grupo criminal que secuestró a Karen y se hizo pasar por personas distintas para obtener nombres, direcciones, señas particulares y acercarse a las familias de los responsables de la desaparición y asesinato de su hija. “Uno había renacido como cristiano, otra era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y una era niñera”, publicó en una nota el diario The New York Times.

Su investigación le permitió entregar a las autoridades la información necesaria para la captura de, al menos, nueve de los asesinos: Uriel Ulises Elizondo Soto, Cristian Josúe Zapata González, Enrique Yoel Rubio Flores, Elvia Yulossa Betancourt Castillo, Juan Carlos Flores Morales, Mario Alberto Díaz Esquivel, Elba Soto Rodríguez, Alejandra N.

Desde ese momento empezó a recibir amenazas. Pidió protección y no se la dieron.

En marzo del 2017, algunos de los secuestradores y asesinos de su hija se fugaron del penal de Ciudad Victoria y la noche del 10 de mayo tres de ellos ingresaron a la casa de Miriam, en San Fernando, donde la asesinaron con 12 balazos.

“A pesar de tanto dolor sigo creyendo y esperando en Dios. Y no pienso parar. Solo muerta. No he podido sepultar completa a mi hija”, escribió Miriam a una compañera del colectivo durante una plática vía WhatsApp, dos semanas antes de su asesinato.

“LA VIRGEN ME VA A DAR FUERZA PARA SEGUIR”

En julio de 2018 después de haber recibido una llamada telefónica de un supuesto informante sobre el paradero de su hermano, y de acudir a la cita para recibir los datos, Pablo Iván Miramontes Vargas, de 30 años, desapareció. Un mes después su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Guadalajara, Jalisco.

Pablo buscaba a su hermano César Alejandro, de 33 años, empleado en una tienda de pañales para adultos, quien desapareció en la capital jalisciense después de salir de trabajar y acudir a un bar, en el mes de abril, 100 días antes de aquella llamada.

Mientras buscaba a su hermano, Pablo, mecánico y padre de una bebé de 2 años, recibió llamadas telefónicas de extorsión y otras en que le ofrecían entregarle a su hermano a cambio de que se integrara a un grupo del crimen organizado. Nunca aceptó, no creía que en realidad  tuvieran a su hermano.

Pablo había descubierto que unas personas usaban la moto en la que viajaba César al momento de su desaparición y que un policía podría haber sido cómplice. Tras denunciar estos hechos en la Fiscalía estatal, Pablo recibió la llamada del supuesto informante con quien acordó verse. Después de acudir al encuentro, no se supo nada más de él.

Dos semanas después, el cuerpo de Pablo fue localizado junto con otros nueve cadáveres en una fosa clandestina localizada a dos kilómetros de distancia de la casa familiar.

“Pasa el tiempo y no hay nada de respuestas de la desaparición de mi hermano, pero yo sé que la virgencita me va a dar fuerzas para seguir adelante, localizarlo y traerlo de regreso. No voy a parar”, escribió Pablo en una publicación de Facebook antes de su desaparición y asesinato.

“ESTABA EN LA BOCA DEL LOBO” 

Cuando se dirigía a denunciar amenazas de muerte en su contra, Zenaida Pulido Lombera, comerciante de 43 años, fue asesinada en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019.

En 2015, doce años después de la desaparición de su esposo Elidio Cisneros, a quien nunca encontró, Zenaida se unió a los colectivos de búsqueda y su activismo la llevó a presentar varias denuncias por la desaparición de personas en la región de Aquila.

Meses antes de su asesinato, Zenaida coordinó la Quinta Caravana “Buscando encontraremos”, acción organizada de búsqueda que se extiende por varios días y lugares para la localización de personas desaparecidas y de fosas, en la que se localizó una fosa con 43 restos óseos en Tizupan y se documentaron 40 casos de desaparición forzada.

Luego de encontrar la fosa clandestina, las amenazas de muerte contra Zenaida y su familia se intensificaron. Dos meses después, Zenaida fue asesinada por un comando armado. En un comunicado, la Fiscalía de Michoacán mencionó que Zenaida no era activista sino comerciante y atribuyó su asesinato a un supuesto conflicto de tierras.

“Ella estaba en la boca del lobo, por eso ella no era muy visible, fuimos a tocar ese lugar con la Quinta Caravana y desde entonces le dijeron que ya era momento que se estuviera en paz y que dejara las cosas así”, dijo Claudia Ramírez, integrante del colectivo Dónde están los desaparecidos, sobre Zenaida Pulido.

“YA ENCONTRÉ A MI CORAZÓN” 

Javier Barajas, 27 años, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, fue asesinado la noche del 29 de mayo de 2021 cuando caminaba por las calles del centro de Salvatierra.

Antes de formar parte de la Comisión, Javier buscó a su hermana Lupita Barajas Piña, de 32 años, maestra de una escuela rural de la comunidad de La Valencianita, Irapuato, quien desapareció en febrero de 2020, tras salir de la casa de sus padres en Salvatierra.

En octubre de ese año, familiares de personas desaparecidas localizaron una fosa clandestina de la que se exhumaron 79 cuerpos. Cuatro meses después se dio a conocer que entre los restos identificados, uno correspondía a la profesora.

Tras la desaparición, Javier Barajas y su padre se convirtieron en buscadores activos que acudían a todas las jornadas de búsqueda en campo. Lo siguieron haciendo aún después de localizar a Lupita.

La noche del 29 de mayo de este año, cuando iba a comprar su cena, Javier Barajas fue asesinado por varios hombres que le dispararon en distintas ocasiones. Su cuerpo quedó tendido en la calle del mismo municipio donde su hermana fue desaparecida y localizada en una fosa.

“Ya encontré a mi corazón, ahora busco a sus desaparecidos, por eso estoy aquí para ayudarlos en las búsquedas”, escribió Javier en los grupos de WhatsApp de buscadores, tras localizar a su hermana. Vivió sólo siete meses después del hallazgo.

“ESPÉRAME UN POCO MÁS” 

Un día después de participar en una jornada de búsqueda en campo, en la comunidad de Ortiz, en la que integrantes de la Comisión Local de Búsqueda y colectivos localizaron un lugar donde se realizaban asesinatos, Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora, fue asesinada.

Desde siete meses antes, Aranza, mujer de 28 años y madre de una bebé de dos años, buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya, desaparecido el 6 de diciembre de 2020, en la comisaría de Ortiz, en el Valle de Guaymas, Sonora.

Como parte de su búsqueda, Aranza se había unido al colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora y participaba con las agrupaciones Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras de Sonora en los rastreos de fosas clandestinas que se realizaban en Guaymas. El último se realizó el 11 de julio en la misma comunidad de Ortiz, donde  localizaron crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo, de acuerdo a un comunicado de Guerreras Buscadoras de Sonora.

La medianoche del 15 de julio un grupo armado ingresó a su vivienda y se la llevó por la fuerza frente a su madre, su hermana y su hija. Minutos después su cuerpo fue localizado sin vida en la entrada de la comunidad de Ortiz.

“Te vamos a encontrar. Espérame un poco más”, escribió Aranza seis horas antes de su asesinato, en su cuenta de Facebook, junto con una fotografía de su esposo desaparecido.

«PARECE QUE ES DELITO BUSCARLOS»

El 22 de julio, José Nicanor Araiza Dávila fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas. Cinco días después, su cuerpo fue localizado sin vida en una brecha de terracería al norte del estado.

Nicanor buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, a quien vio por última ocasión el 30 de septiembre de 2018. Después de recibir una llamada, salió de casa y no volvió.

Al no ver avances en la búsqueda de su hijo, el zacatecano reclamó la omisión y revictimización de las autoridades: “mi papá llegó al punto de decirles, ‘sabes qué, ya no lo busques, si tanto se te complica, ya no lo busques’”, dijo su hija Elizabeth a Noticieros Televisa.

Tras el secuestro, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exigió a las autoridades intensificar acciones para localizar al hombre, quien luego de la desaparición de su hijo se unió a los colectivos de búsqueda de Zacatecas, donde se sumaba a acciones para localizar a personas desaparecidas.

Nicanor fue visto por última vez cuando hombres armados, a bordo de dos camionetas, llegaron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. Pese a las alertas que activaron la búsqueda, Nicanor fue hallado sin vida cinco días después, el 27 de julio.

“Tal parece que es un delito buscarlos. Hasta nuestra propia vida perdemos por buscar a nuestros tesoros”, escribió el colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas, en una publicación de Facebook en la que señaló estar de luto por el asesinato de Nicanor, quien formaba parte de éste.

CONTINÚAN LAS AMENAZAS 

Las amenazas contra personas buscadoras siguen en varias partes del país. Por ejemplo, el 24 de julio, después de una búsqueda en campo en Cuerámaro, Guanajuato, en la que localizaron restos humanos, mujeres integrantes de los colectivos Hasta encontrarte y Una luz en mi camino fueron perseguidas por sujetos armados, lo que las obligó a esconderse entre maizales desde donde escucharon varios disparos.

Las buscadoras, que forman parte del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras, presionaron el botón de pánico y pidieron apoyo a la Fiscalía de Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante, hasta ocho horas después de estar en riesgo fueron resguardadas.

Veinticuatro horas después del asesinato de Aranza Ramos, en Sonora, la buscadora Cecilia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señaló que recibió dos amenazas de muerte. “Me dijeron que la siguiente soy yo”, dijo en entrevista para Heraldo Radio, la mujer que busca a dos de sus hijos desaparecidos en 2015 y 2019.

Luego del asesinato de Aranza Ramos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos y llamó al Estado mexicano a realizar acciones eficaces para evitar nuevos asesinatos.

“El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

“Las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”, condenó.

La ONU-DH recalcó que la vulnerabilidad que enfrentan estas familias que participan en las búsquedas exige adoptar medidas preventivas para que crímenes como estos no se repitan.

Ocho días después de ese llamado, otro padre buscador fue asesinado.

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