La UIF presenta otra denuncia contra Emilio Lozoya. La séptima. Y sigue libre…

La séptima acusación contra el exdirector de Pemex lo apunta como el responsable del desvío de mil 400 millones de pesos de la empresa productiva del Estado hacia Odebrecht, y, posteriormente, de ahí a organizaciones fachada que se encontraban repartidas en diferentes lugares.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que presentó una nueva demanda contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por corrupción y desvío de recursos públicos.

Fuentes federales confirmaron que ésta es la séptima acusación de la UIF ante la Fiscalía General de la República contra Lozoya, en la cual lo acusan de desviar mil 400 millones de pesos de Pemex hacia Odebrecht, y, posteriormente, de ahí a empresas fachada que se encontraban ubicadas en otros estados.

La demanda fue reportada el 3 de agosto y destacó que los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016. Emilio Lozoya permanece vinculado a proceso debido a los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Lozoya sigue procesos penales los sigue en libertad, a través del uso de un brazalete electrónico, ya que tiene prohibido abandonar México.

El pasado 18 de julio la UIF denunció a Emilio Lozoya y 11 personas más, así como 33 personas morales, por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.

En ambos casos, fueron integrados operaciones bancarias y vínculos tanto comerciales, corporativos y financieros con empresas «fachada» que presuntamente fueron contratadas para realizar actividades en favor del Gobierno federal, sin embargo, nunca se llevaron a cabo.

En la sexta demanda, un análisis realizado por la UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con la constructora Odebrecht por millonarias cantidades de dinero, las cuales se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

En un comunicado, la UIF precisó que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial.

Las autoridades españolas detuvieron a Lozoya el 12 de febrero de 2020 en una lujosa urbanización de la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga.

Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio del año pasado a México, acusado por la Fiscalía General de la República de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.

Emilio Lozoya también está acusado de la compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), compañía de Alonso Ancira, quien está en prisión preventiva tras su extradición de España.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”.

Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.

“Es un caso bien importante para México, el primero de alto nivel de Odebrecht, y ha resultado muy decepcionante para la ciudadanía no tener juicios ni acceso a lo que pasa, ver todo en términos de acuerdos en vez de resoluciones”, dijo a Efe la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil.