AMLO anuncia consulta para revocación de su mandato en marzo de 2022

El Presidente López Obrador anunció que promoverá la realización en marzo de una consulta popular para preguntarle a los mexicanos si quieren que continúe su mandato hasta 2024 o que renuncie.

Ciudad de México, 2 de agosto (AP) — El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que promoverá en marzo una consulta popular sobre la revocatoria de su mandato al restarle importancia a la escasa participación que tuvo la víspera el referéndum sobre el enjuiciamiento de expresidentes, que no logró los votos necesarios para activarse.

En medio de las críticas de sus adversarios -que consideraron que la consulta fue un “fracaso”- López Obrador desestimó la poca concurrencia de electores, que alcanzó el siete por ciento, y afirmó que fue un “triunfo” que participaran más de seis millones de votantes.

“Nunca va a fracasar la democracia”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde el estado occidental de Jalisco y sostuvo que el referéndum de la víspera fue “trascedente” porque representó “el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”.

En tal sentido, López Obrador anunció que promoverá la realización en marzo de una consulta popular para preguntarle a los mexicanos si quieren que continúe su mandato hasta 2024 o que renuncie. “Un demócrata verdadero no tiene que tener tanto apego al poder”, agregó. El gobernante inició su período de seis años en diciembre de 2018.

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Al referirse a las causas que motivaron la escasa participación el mandatario atribuyó la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral (INE) y, sin mencionar a las autoridades electorales, dijo que “ellos no tenían entusiasmo por esta consulta… fingen ser demócratas”. López Obrador rechazó el argumento del INE de que no tenían presupuesto para realizar el referéndum sobre el enjuiciamiento a expresidente y planteó que pudieron haber pedido recursos a los gobiernos estatales para realizar la votación.

Tras el escrutinio del 99 por ciento de las 57 mil actas el INE anunció el lunes que la opción del “sí” alcanzó el 97 por ciento de los votos mientras el “no” recibió 1.5 por ciento. En la consulta participaron seis millones 629 mil 798 de electores que representaron siete por ciento del padrón electoral.

La concurrencia estuvo muy por debajo del requisito de al menos 40 por ciento de participación (37.5 millones) previsto en las leyes para que la consulta sea vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales.

A la pregunta de que si la escasa participación limitaba la realización de procesos legales contra los expresidentes, López Obrador dijo que es un tema abierto y agregó que las autoridades judiciales pueden actuar en todo momento en caso de que haya pruebas. Asimismo, expresó que ojalá los legisladores puedan bajar el tope de 40 por ciento de participación para activar los procesos que se someten a consulta.

El presidente del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció el domingo que ante “el clamor de justicia” de las personas que votaron mayoritariamente a favor del enjuiciamiento de los expresidentes la organización apoyará la constitución de un “tribunal del pueblo”, una “comisión de la verdad” y una “comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo”, y una agenda de “justicia transicional” contra violaciones de derechos humanos del pasado.

“La gente se dio cuenta de que la consulta fue una total farsa, un engaño y una manipulación más”, afirmó el lunes el dirigente del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, al referirse a la escasa concurrencia, y dijo en un comunicado que López Obrador utilizó el referéndum como un “distractor ridículo” para hacer un “despilfarro inmoral” de unos 25 millones de dólares.

Algunos analistas han planteado que independientemente de los resultados, el proceso electoral no cierra el camino para que el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República puedan llevar adelante cualquier proceso contra los expresidentes de los últimos seis sexenios.

Después de tres años de mandato, López Obrador se ha quedado corto en su principal promesa de erradicar la corrupción, con pocos procesos judiciales de alto perfil abiertos. Las acusaciones de corrupción hechas contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y otros funcionarios de ese Gobierno han resultado difíciles de llevar a juicio.

Ante esa situación los analistas consideraban que López Obrador buscaba con el referéndum la bendición del electorado para cambiar de rumbo y perseguir a los exmandatarios -Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006)- quienes han sido sus más duros críticos.

En total México tiene seis expresidentes vivos, el mayor de ellos Luis Echeverría, de 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los delitos de los que se los acusa, la mayoría de los cuales involucran corrupción, sobornos, despilfarro de dinero del Estado y mala gestión económica.