México

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presentó los resultados de la búsqueda que emprendió, junto con sus órganos desconcentrados, sobre el caso Pegasus, la cual arrojó el hallazgo de 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al Grupo NSO.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo/EFE).– El Gobierno federal dio a conocer esta mañana que encontró 31 contratos realizados por México con la empresa NSO, la dueña del polémico sistema de espionaje Pegasus, y dijo que las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto pagaron millones (mil 970 millones de pesos) a empresas fachada, como supuestas vendedoras de semillas o de textiles.

“Estos 31 contratos involucran a los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto bajo cuya protección operaba el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal de Nueva York y está reconocido por sus prácticas de espionaje; pero también en el caso de Peña Nieto mantuvo esa actividad durante todo su sexenio”, afirmó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde Palacio Nacional, recordó que la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje Pegasus que operó entre 2011 y 2018, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. «Y fue vendido a la entonces Procuraduría General [de la República] por medio del Grupo Tech Bull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema», apuntó.

La funcionaria destacó que «para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia».

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Por ello, señaló, la SSPC se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos desconcentrados. «Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al Grupo NSO», reveló.

De acuerdo con Rodríguez Velázquez, en archivos de la extinta Policía Federal (PF) se encontraron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas: KBH y la Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale. Además, en los mismos archivos se detectaron dos contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación (Segob), de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MB.

También, agregó, se localizaron otros siete contratos en el órgano de Prevención y Readaptación Social que administra las cárceles, dos en el Servicio de Protección Federal, y cuatro más en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

A su vez, la Secretaria de Seguridad acusó al Gobierno de Peña Nieto de «mantener esta actividad ilegal durante todo su sexenio».

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“[El espionaje] violó la intimidad de periodistas, de políticos de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores», enunció.

La funcionaria aseveró que entregará la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los contratos «se subirán a la red para que todos tengan la información».

Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado indagar de forma directa a sus predecesores, y en su lugar ha pedido participar en la consulta popular del 1 de agosto que preguntará sobre violaciones de derechos humanos de sexenios pasados.

En tanto, Rodríguez replicó la promesa del Presidente de que el Gobierno «ya no espía».

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«Este nuevo Gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia, aquí no espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, sostuvo.

La denuncia ocurre tras revelarse el 18 de julio una investigación de medios internacionales que destapó que varios países espiaron 50 mil teléfonos con Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta.

La FGR anunció una indagatoria, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había revelado que los gobiernos anteriores, desde el de Calderón (2006-2012), pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO.

Redacción/SinEmbargo

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