Vicente Fox. Corrupción, nepotismo, engaño, derroche. La profunda decepción

Las irregularidades del Gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada podrían ser sometidas a una comisión de la verdad posterior a la Consulta Popular del 1 de agosto. Gastos anómalos en Los Pinos, tráfico de influencias de sus familiares, el desafuero de AMLO, Oceanografía y su peculio injustificado son algunos de los señalamientos que pesan sobre el exmandatario panista.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- El sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) fue polémico de principio a fin. Una semana y media antes de ser electo Presidente —el 21 de junio de 2000— la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció el financiamiento irregular de la campaña del político panista, que implicó una triangulación de recursos nacionales y extranjeros a través de la asociación civil (fundada en 1998) Amigos de Fox.

Para cuando concluyó su mandato en diciembre de 2006, la más importante promesa del sexenio de Fox —desmantelar las estructuras corporativas del viejo sistema político y acabar con la corrupción— había quedado trunca y el expresidente quedó a deber una explicación de una serie de presuntas irregularidades administrativas ligadas al mal uso de recursos públicos, peculado, tráfico de influencias, e incluso, conspiración para delinquir por parte de familiares suyos, entre ellos su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ella: Manuel y Jorge Bribiesca.

Gastos anómalos en remodelaciones a la Residencia Oficial de Los Pinos, compraventa fraudulenta de bienes inmobiliarios y el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador en el marco de la sucesión presidencial de 2006, así como contratos irregulares entre Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex) figuran en la lista de posibles actos de corrupción cometidos o ligados a Fox y a sus familiares, que podrían llevar al expresidente a ser sujeto de un juicio social —al estilo de las comisiones de la verdad— como resultado de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto.

Según el Presidente López Obrador, la Consulta Popular servirá para determinar si se debe o no enjuiciar a los expresidentes que lo antecedieron —desde Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hasta Enrique Peña Nieto (2021-2018)— por los posibles actos de corrupción que cometieron. Sin embargo, personalidades como Vicente Fox han dicho que se trata de una farsa que implicará tirar 500 millones de pesos a la basura, que es el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar este ejercicio.

«Amigos, amigas, NO nos prestemos a esta farsa. Hagamos les el vacío total. Nadie a votar el 1o de agosto. Ya los jugaremos por tirar nuestro dinero a la basura” (sic), externó Fox a través de su cuenta de Twitter, el 26 de junio de 2021.

Más allá de los argumentos a favor y en contra de la consulta, la normatividad vigente impediría que Vicente Fox Quesada fuera sometido a un juicio penal por las irregularidades que cometió como Presidente de la República. De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las faltas no graves de funcionarios públicos prescribirán tres años “contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado”. En el caso de las faltas graves, “el plazo de prescripción será de siete años contados en los mismos términos” que en el caso de las faltas no graves.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dicho que no hay que crear “falsas expectativas” relacionadas con la Consulta Popular. Para el doctor en derecho Santiago Nieto Castillo, aunque ya no puede haber una acción penal en contra de algunos expresidentes, lo que sí se puede lograr con la consulta “es una especie de comisión de la verdad de la corrupción en el país”, a partir de la cual, más que una pena legal figuraría una pena política y un juicio histórico, con la que la ciudadanía podría conocer los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador.

La Consulta Popular ha generado polémica por la ambigüedad de la pregunta —que no menciona los nombres de los expresidentes ni refiere un proceso legal o de juicio político— y por su carácter vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales «cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”, de acuerdo con lo que establece el Artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Sin embargo, tratándose de actos judiciales, las disposiciones legales aplicables —sobre todo los artículos 21, 102, 108, 109, 111 y 114 constitucionales— refieren que la acción penal tiene la finalidad de provocar la función jurisdiccional (o control de poderes) que incluye la pretensión punitiva sólo cuando hubiere causa de sanciones en apego a un principio procesal basado en el imperio de la ley y en facultades exclusivas del Ministerio Público, por lo que un acto de justicia no es vinculatorio sin materia probatoria y sin proceso judicial.

Lo anterior implicaría que el resultado vinculante de la consulta —como ha dicho Nieto Castillo— no es un juicio penal o la indebida aplicación retroactiva de la ley, pero sí la responsabilidad del actual Gobierno para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por administraciones pasadas, con estricto apego al marco legal.

A continuación, SinEmbargo hace un recuento de los principales escándalos que marcaron el sexenio (2000-2006) del expresidente Vicente Fox Quesada.

ROBO EN LOS PINOS

El Gobierno de Vicente Fox cumplía siete meses de haber iniciado. La promesa del empresario panista de acabar con la corrupción y las viejas estructuras de poder estaba fresca; y justo en ese momento, la otrora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Función Pública o SFP) detectó una serie de irregularidades relacionadas con la remodelación de instalaciones en la residencia oficial de Los Pinos.

“Anomalías, como adjudicaciones directas, tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Artigas –amigo de Fox–, subcontrataciones, pagos anticipados pese a que no se celebraban aún los contratos, sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación del gasto público, falta de entrega de bienes, objetos entregados no requeridos, y opacidad en la adquisición de enseres” son algunas de los problemas relacionadas con los contratos AD009-01, AD267-00 y AD268-00 para la remodelación de Los Pinos durante el sexenio de Fox, de acuerdo con la Orden de Auditoría 2015 de la Secodam reproducida en una investigación de la revista Contralínea.

Las obras para remodelar la residencia Miguel Alemán, las cabañas 1 y 2, las obras exteriores y la casa anexa tuvieron un costo de 61 millones 895 mil pesos.

Además del costo injustificado o anómalo de las remodelaciones, entre los probables daños al erario también estuvo la desaparición de enseres registrados previo a las obras de remodelación, cuyo destino todavía es desconocido. Obras de arte, muebles, materiales y ornamentos figuran en la lista de tangibles que la Secodam no encontró en 2001.

Casi siete años después de dicha auditoría, la SFP dio a conocer a un grupo de nueve funcionarios públicos sancionados por las irregularidades detectadas en la remodelación de Los Pinos, sin incluir al entonces Presidente Vicente Fox, a pesar de que los testimonios recabados por la Secodam lo involucraron directamente en la organización de las obras.

Entre los sancionados con inhabilitación por el llamado “cabañagate” estuvieron Carlos Antonio Rojas Magnon (dos años), Alberto Ordoñez Benítez (seis meses), Gustavo Cortés Valdés (seis meses), María Isabel Jiménez Almaráz (seis meses), Eduardo Ignacio Seldner Ávila (tres meses), José Luis Arreola Salcido (tres meses), Rómulo de Jesús Munguía Salazar (tres meses), Gabriel López Figueroa (45 días) y Luciano Rubén Pérez Hernández (30 días).

LOS HERMANOS BRIBIESCA

Manuel y Jorge Bribiesca han sido investigados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Conspiración para delinquir, delitos fiscales, encubrimiento de ilícitos, fraude, peculado, tráfico de influencias, transacciones con recursos de dudosa procedencia y uso de información privilegiada son algunos de los crímenes que pesan sobre los hijos de la exprimiera dama de México, Marta María Sahagún Jiménez.

Entre 2005 y 2009, el Congreso de la Unión instaló tres comisiones para investigar actos de presunta corrupción ligados a los hermanos Bribiesca. A partir de febrero de 2006, los diputados federales determinaron la existencia de “elementos suficientes” para iniciar procedimientos administrativos en su contra. Sin embargo, ninguna de las investigaciones prosperó, e incluso, Manuel y Jorge fueron exonerados por la SFP.

La lista de empresas ligadas a los hermanos Bribiesca no es corta. Ángeles, Flores y Regalos; Conductores Mexicanos Especializados; Construcciones Prácticas; Emabra; Facopsa; Ferrosocios; Grupo Inmobiliario Kilate; Poliductos Tamayo; Urbanizaciones Inteligentes y Superblocks de Celaya son parte de los negocios que les generaron ingresos “ilegales” o “irregulares” relacionados con contratos y concesiones del Gobierno federal, de acuerdo con el Congreso de la Unión.

Aparte del caso de Oceanografía, una de las acusaciones de corrupción más importantes en contra de los hijos de Martha Sahagún de Fox involucró un desfalco relacionado con créditos litigiosos de mil 700 viviendas.

En 2005, por ejemplo, varios trabajadores del estado de Guerrero denunciaron al Grupo Inmobiliario Kilate por tratar de despojarlos de su patrimonio. Se trató de un esquema de enriquecimiento repetido durante todo el primer sexenio panista, que involucró procesos de licitación amañados, uso de información privilegiada y conflictos de interés.

La dinámica era la siguiente: los hermanos Bribiesca utilizaban alguna empresa –como Construcciones Prácticas– para obtener bienes inmuebles a través de subastas arregladas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab). Acto seguido, utilizaban otras empresas –como Embra y el Grupo Inmobiliario Kilate– a las que la Sociedad Hipotecaria Federal otorgaba créditos indebidos para remodelar las casas obtenidas gracias al Ipab. Finalmente, las empresas ligadas a Manuel y Jorge vendían las propiedades a más del doble del precio original con la ayuda de funcionarios del Fovissste y del Infonavit, quienes para ello otorgaban créditos a sus derechohabientes.

De acuerdo con el exoficial mayor del Gobierno capitalino, Jesús Porfirio González Schmal, sólo la compraventa fraudulenta de bienes inmobiliarios entre el Ipab y las empresas de los hermanos Bribiesca implicó transacciones de bienes inmuebles con un valor conjunto de al menos 1 mil 250 millones de pesos, a los que se suman millonarios préstamos de diferentes dependencias gubernamentales.

En palabras del abogado González Schmal, quien formó parte de las comisiones de investigación del Congreso de la Unión, “nosotros descubrimos que los hijastros de Vicente Fox, que eran muchachos que traían un vocho sin llanta de refacción, en pocos meses ya viajaban en Lear Jet privado”.

OCEANOGRAFÍA 

Durante el sexenio de Vicente Fox, la empresa naviera mexicana Oceanografía pasó de ser una empresa con problemas financieros, a un importante contratista de Pemex. Ello no fue por azares del destino, sino más bien, por el respaldo de Marta Sahagún y de sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, así como del tío de estos últimos, Guillermo Sahagún Jiménez.

La compañía inhabilitada (2014) por cobros excesivos y un fraude comprobado por casi 500 millones de dólares en contra de Banamex Citigroup habría sido “catapultada” durante la primera administración panista, “a través de una red de delincuencia organizada” en la que participaron familiares Vicente Fox, refirió hace seis años el exdiputado Jesús Porfirio González Schmal, quien entre 2005 y 2009 encabezó la comisión investigadora del Congreso de la Unión en contra de los hermanos Bribiesca.

Inclusive, Manuel Bribiesca señaló en 2004 en entrevista con el director de la revista Conralínea, Miguel Badillo Cruz, que “mi hermano [Jorge] y mi tío [Guillermo] llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía […] con apego a la legalidad, mediante concurso”, porque “mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños”.

Lo anterior habría sido un negocio lucrativo para los hijastros de Vicente Fox. De acuerdo con el exdiputado Elías Cárdenas Márquez, quien también formó parte de la comisión de pesquisas contra los hermanos Bribiesca en el Congreso de la Unión, “Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún se beneficiaron con un monto de 6 mil millones de pesos, derivado de los fraudes detectados en los contratos [de Pemex] obtenidos por Oceanografía” hasta ese momento (2007).

De contar con una deuda de 21 millones 130 mil 485 pesos en el año 2000, Oceanografía pasó a tener contratos millonarios con Pemex. Al respecto, una investigación de SinEmbargo indica que sólo entre 2003 y 2006, la naviera mexicana firmó 37 contratos por 10 mil 530 millones 409 mil 673 pesos equivalentes al “20.6 por ciento del total del dinero que obtuvo durante los Gobiernos panistas”.

LOS INGRESOS DE MARTA Y VICENTE

Hablar de los ingresos de la familia Fox-Sahagún implica hablar de una serie de irregularidades que van más allá de las redes de complicidad de los hermanos Bribiesca y de los ingresos profesionales por operaciones financieras y por cargo del expresidente de México. La sospecha de ingresos por debajo de la mesa incluyen, por ejemplo, erogaciones millonarias en ranchos en el estado de Guanajuato –como La Estancia, La Granja y San Cristóbal– que no coinciden con la capacidad de ingresos reportada.

En el libro Fox: negocios a la sombra del poder, los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán refieren que Marta Sahagún “recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como Presidente, Marta cobró al menos otros dos pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado por auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa”.

La información de la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reproducida por Olmos y Durán indica que las inconsistencias monetarias de la pareja presidencial ascienden a 27 millones 881 mil 694.97 pesos de los cuales, “el 90 por ciento […] había sido depositado o transferido a favor de Marta en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10 por ciento en dos cuentas a nombre de Vicente”.

Sin embargo, dicha suma palidece con la cantidad de dinero no declarada por la familia Fox. Como ejemplo están 13 empresas vinculadas al expresidente y a su hijo Rodrigo Fox De la Concha, que junto con la organización “Vamos México”, el Centro Fox y la Fundación Fox recabaron un aproximado de 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años, de acuerdo con una de las columnas del periodista Carlos Loret de Mola para El Universal.

EL PEMEXGATE DE FOX

En el año 2000, el INE —entonces Instituto Federal Electoral o IFE— reconoció la existencia de dos tramas de financiamiento irregular de campañas políticas en el marco de las elecciones presidenciales de ese mismo año. Por un lado estuvo el llamado “Pemexgate” que supuso un desvío de recursos públicos por un aproximado de 1 mil 400 millones de pesos a favor del candidato priista Francisco Labastida Ochoa, y por otra parte, 545 millones de pesos en irregularidades financieras relacionadas con la coalición “Alianza por el Cambio” (PAN-PVEM) y la organización “Amigos de Fox”.

La falta de impartición de justicia en el caso Pemexgate durante el sexenio de Fox es uno de los más graves errores del primer Gobierno panista, de acuerdo con analistas y críticos del expresidente. Sin embargo, la presunta trama de desvío de recursos y dinero de fuentes ilícitas marcó un primer momento para el empresario que prometió acabar con las viejas prácticas del priismo y la corrupción.

A través de organizaciones como “Amigos de Fox”, “Éxito con Fox” y el Instituto Internacional de Finanzas de León, además del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia de México, la coalición que llevó al empresario guanajuatense al poder en el año 2000 movió al menos 91 millones 227 mil 572 pesos irregulares analizados por el INE.

La red de financiamiento incluyó operaciones realizadas por Carlos Antonio Rojas Magnon, quien fue sancionado (2007-2008) por el llamado “cabañagate” de 2001 y por triangulaciones de recursos entre decenas de empresas y sociedades mercantiles relacionadas con un amigo de Fox (el empresario Lino Korrodi) y de dos operadoras más (Carlota y Laura Robinson Kauachi).

ELECCIONES Y DESAFUERO

Vicente Fox reconoció (2010) haber “cargado los dados” para impulsar la candidatura del panista Felipe Calderón Hinojosa en 2006, además de evitar que el otrora Jefe de Gobierno Capitalino, Andrés Manuel López Obrador, llegara a la silla grande. En ese contexto y de acuerdo con analistas y críticos del empresario guanajuatense, uno de los mecanismos para lograr tal cometido fue, precisamente, el llamado desafuero del mandatario capitalino.

Entre 2004 y 2006, López Obrador fue objeto de un proceso de juicio por presuntamente violar un amparo federal sobre un acto de expropiación de tierras en la Alcaldía Cuajimalpa, que estaba vigente desde el año 2000. Bajo el alegato de que el político tabasqueño había violado la ley deliberadamente e incurrido en un delito menor al construir una vía sobre territorio en pugna legal, el Gobierno federal encabezado por Fox lo denunció ante la Procuraduría General de la República y solicitó al Congreso de la Unión que le quitaran la protección (fuero) que evitaba que fuera juzgado como ciudadano y como funcionario público.

Como consecuencia del proceso de desafuero hubo movilizaciones en la capital del país (2005) y el escrutinio público calificó los hechos como un intento por sacar al candidato de izquierda de la contienda presidencial de 2006, puesto que mientras duraran las investigaciones y no hubiera resolución del caso, la ley impediría que López Obrador fuera candidato presidencial.

El 1 de abril de 2005, el Congreso de la Unión –impulsado por el PRI y el PAN– aprobó el desafuero y siete días más tarde el tabasqueño abandonó su oficina dejando a cargo al entonces secretario de Gobierno capitalino, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Sin embargo, en medio del proceso de desafuero y pese a todos los esfuerzos, poco más de un mes más tarde, el 4 de mayo de 2005, la Procuraduría retiró los cargos en contra de López Obrador por un tecnicismo legal, justo después de que Fox anunciara un cambio de gabinete tras la dimisión del Procurador Rafael Marcial Macedo de la Concha.

Por esos años, López Obrador refirió que la forma en que se dieron los hechos reafirmaron lo que él decía desde un principio: “que el asunto con que se fueron [en su contra los panistas y priistas] no es de naturaleza jurídica sino política: inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006”.