La lista de espiados coincide con la de defensores asesinados o desaparecidos: ONG

Franciso Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México, dijo que desde que en 2017 detectaron el uso del software de espionaje Pegasus han alertado que la información obtenida de los defensores de derechos humanos era para agredirlos o eliminarlos.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– El Comité Cerezo México pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) correlacionar el espionaje a defensores de derechos humanos, a través del malware Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En este periodo, el Comité tiene el registro de 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos arbitrariamente.

«Por el número alto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pedimos que se correlacione los teléfonos, las fechas y los defensores para tener un padrón de un ataque generalizado, sistematizado y planificado para eliminarlos», solicitó Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México.

El activista señaló en entrevista que desde que detectaron el programa de espionaje han alertado que la información obtenida de los defensores era para cometer una agresión o ataque contra ellos.

En los sexenios de 2006 a 2018 fue cuando dependencias federales y de gobiernos locales contrataron y usaron este software para espiar a la oposición y no al crimen organizado, de acuerdo con lo indagado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El titular Santiago Nieto Castillo informó que el exagente de la Procuraduría General (PGR) Tomás Zerón de Lucio pagó 32 millones de dólares para la contratación del programa Pegasus.

«Los perpetradores [del espionaje], es decir, los agentes de Estado, sabían no sólo la información que manejaban las víctimas, sino el lugar y momento preciso para ser víctimas del terror estatal», aseguró la organización civil en un comunicado. «Sería interesante saber cuántos de los que fueron infectados con el software Pegasus terminaron en la cárcel».

Sólo en la administración de Peña Nieto el informe del Comité documentó 184 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo dos menores de edad, en su mayoría de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. Esto es, los estados con presencia insurgente como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Una cuarta parte de las víctimas defendían el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y medio ambiente sano.

Además, 18 periodistas fueron ejecutados de manera extrajudicial no sólo por ejercer el derecho a informar, sino por señalar el contubernio existente entre el Estado, las empresas y el narcotráfico.

«No se trata del mal uso de una herramienta de espionaje, sino del uso ilegal, consciente y dirigido a eliminar la disidencia social en México», acusó el Comité Cerezo. «Sabemos que el responsable es Calderón y sus ‘super policías y super militares’ que adquirieron dicho software no para espiar a la delincuencia organizada, sino como una herramienta que les permitiera generar el control social mediante el terror».

«LA IMPUNIDAD MANTENDRÁ EL ESPIONAJE» 

Desde 2017, el año de Gobierno de Enrique Peña Nieto en que más se registraron ejecuciones extraoficiales (52), los miembros del Comité Cerezo denunciaron que eran objetivos de espionaje telefónico mediante Pegasus de la empresa israelí NSO Group, pero las autoridades ni siquiera aceptaron sus aparatos móviles para hacer el peritaje.

Cuatro años después, a través de investigaciones de organizaciones nacionales e internacionales, se reconoce que el uso de Pegasus fue una práctica generalizada en contra de la disidencia social desde el sexenio de Felipe Calderón.

Alrededor de 15 mil teléfonos se intentaron infectar con ese malware, reveló una investigación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Entre los números están los de periodistas y defensores, de alto y bajo perfil público como Cecilio Pineda, reportero guerreresne asesinado en 2017. Incluso el círculo íntimo del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador también fue objetivo de dicho software.

Ante ello, dijo vía telefónica Francisco Cerezo, exigen al Fiscal General Alejandro Gertz Manero y al Presidente López Obrador tener la voluntad política de realizar una investigación imparcial para sancionar a toda la cadena de mando desde los altos funcionarios como el exagente Tomás Zerón, actualmente en proceso de extradición desde Israel.

«Mantener el espionaje en la impunidad permitirá que se siga haciendo en un futuro», aseguró el activista. «Los ataques en contra de defensores lo que indican es una falta de democracia en el país. Es una obligación del Estado proteger la vida e integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos —en vez de espiarlos— para tener una sociedad con una democracia real y no de papel».

Esta semana, en que el tema ha estado en las conferencias matutinas del Presidente, la Fiscalía General informó en un boletín que agregará a la investigación el espionaje al círculo cercano del Jefe del Ejecutivo y agregó que ya ha investigado los contratos que suscribió Tomás Zerón como extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración anterior.

Esto los llevó a realizar diligencias y cateos periciales en la empresa operadora mexicana de NSO Group, propietaria de Pegasus, KBH TRACK, cuyo propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A” que huyó del país hace más de dos años.

Se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes. En este momento, la Fiscalía espera que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización.