El llamado es a enjuiciar a los expresidentes. Pero en la boleta dirá otra cosa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena promueven la Consulta Popular con la promesa de enjuiciar a expresidentes. Pero a partir del ajuste de la Suprema Corte para no violar derechos humanos, la pregunta se hizo ambigua y con ello los efectos de este ejercicio.

–Con información de Guadalupe Fuentes y Obed Rosas

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La ciudadanía participará el próximo 1 de agosto, por primera vez desde que se habilitó este mecanismo, en una Consulta Popular nacional, la cual fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la campaña presidencial de 2018, para determinar si se debe enjuiciar o no a los cinco expresidentes que lo antecedieron. 

Pero los nombres de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto no aparecen en la pregunta que será sometida a consulta, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajustara la pregunta original para no violar derechos humanos de víctimas y señalados, por lo que de resultar vinculante sólo podría dar pauta a la creación de una comisión de la verdad, como señaló el Ministro presidente Arturo Zaldívar, “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

No obstante, la última palabra la tendrá el Jefe del Ejecutivo federal y ninguna consecuencia directa será de carácter penal, sino más bien política, observaron analistas consultados por SinEmbargo.

Aunque han habido consultas a nivel local, ésta es la primera que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional. La Ley Federal de la Consulta Popular establece que el proceso de esclarecimiento será obligatorio para las autoridades competentes cuando la participación total corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. En este caso, tendrías que votar más de 37 millones de ciudadanos. A manera de dimensión, en las elecciones presidenciales de 2018 participaron más de 56 millones de mexicanos.

El 15 de septiembre del año pasado, con base en el artículo 35 constitucional, López Obrador envió la propuesta al Senado. Desde entonces ha aclarado que no participará en este referéndum porque él ya puso «punto y a parte para ir adelante», pero ha dicho que no planea pasar a la historia como una «tapadera».

La pregunta que él propuso para la consulta era:

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».

El 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la materia del referéndum y el Congreso lo aprobó en ambas cámaras a finales de ese mes. Pero para hacerla constitucional, los ministros modificaron el planteamiento de esta manera:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Es decir, se eliminó el nombre de los cinco expresidentes.

El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, aclaró desde entonces en entrevista con Radio Fórmula que esta consulta no obliga a nada a la Fiscalía General de la República (FGR) ni al Poder Judicial de la Federación, ya que «los sistemas de impartición y procuración de justicia no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”.

Precisó que en todo caso darían paso a comisiones de la verdad emprendidas por el Legislativo y Ejecutivo, aunque señaló que “si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona, lo puede hacer y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes”.

¿POR QUÉ SE AJUSTÓ LA PREGUNTA?

De los cinco expresidentes señalados, sólo los expanistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) han hecho pública su opinión. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) han guardado silencio al respecto.

Para Fox, la Consulta Popular es algo «muy penoso» y calificó de «lacayos» a los ministros de la Suprema Corte. Para Calderón, es violatoria de diversas garantías como la presunción de inocencia y debido proceso, por lo que pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que si tenía pruebas contra él las presentara directamente ante la Fiscalía o dejara de «hostigarlo».

El politólogo y especialista en derecho constitucional, Javier Martín Reyes, expuso que la pregunta propuesta por el Presidente López Obrador «era muy clara», ya que indicaba quiénes eran los actores políticos y planteaba tanto una posible comisión de delitos como una posible sanción. Pero cinco ministros de la Suprema Corte la rechazaron por inconstitucional y otros seis, la mayoría, optó por «interpretar» lo que dijo el Jefe del Ejecutivo.

«Estaban con nombre y apellido los expresidentes. Lo que pasó en la Corte es que los 11 ministros dijeron que así como estaba planteada la pregunta era inconstitucional porque se restringían derechos humanos, entre otros, los derechos de las víctimas porque los procesos penales buscan sancionar a quienes cometieron un tipo de delito, pero también buscan reparar a las víctimas. Entonces lo que dijeron los 11 ministros fue que se abría la puerta para que eventualmente ganara el ‘no’ y no se repararan los daños de las víctimas», explicó.

HAY SIMULACIÓN Y MENTIRA

La pregunta avalada por la Corte es «extremadamente vaga y ambigua», consideró el académico del CIDE Javier Martín Reyes, ya que no queda claro quiénes son los actores políticos sometidos a la Consulta Popular, cómo será el «proceso de esclarecimiento» y cuáles son «las sanciones pertinentes».

«No queda claro si este proceso de esclarecimiento es por vía penal, administrativa o de justicia transicional. No sabemos a qué se refiere con ‘años pasados’. Podrían ser 2020 y 2019, o nos podemos ir muy atrás al 68 y al 71. Tampoco sabemos si las sanciones se refieren a abrir carpetas de investigación en materia penal o administrativa, crear comisiones de la verdad, crear procesos de memoria histórica o incorporar los hallazgos de la sociedad civil», aseguró el académico Javier Martín Reyes.

Y sentenció: «Toda esta confusión es porque a la Corte le dio miedo decirle que no al Presidente y renunciaron a ese papel de contrapeso que tienen para ponerle límites al poder».

Sin embargo, además de confusión, dijo que ha resultado en una simulación, ya que simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación aseguran que la Consulta Popular es para enjuiciar a los expresidentes.

«Como es tan amplia y ambigua la pregunta, le sirve a Morena para decir que esta es la consulta para enjuiciar a los expresidentes y un proceso de justicia transicional. Pero la Corte dijo que esto no podía ser un proceso que tuviera incidencia en las investigaciones en juicios penales, por eso sí es una mentira decir que esto es una consulta para enjuiciar a los expresidentes», aclaró el especialista en derecho constitucional.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, por ejemplo, llamó en días pasados a participar en la Consulta Popular para que luego de haber tenido presidentes «asesinos, ladrones y traidores a la patria» ahora «paguen por lo que hicieron, para que el pueblo de México logre sentarlos en el banquillo de los acusados, para que se haga justicia y se termine la impunidad».

SI GANA EL SÍ

Si más de 37 millones de mexicanos deciden participar el próximo domingo 1 de agosto en la consulta popular, y la mayoría vota a favor de iniciar un proceso de esclarecimiento contra actores políticos, la última palabra la tendrá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que impulsó este ejercicio.

«Lo que deliberadamente dice la sentencia de la Corte —dijo el académico Javier Martín Reyes— es que al final el Presidente va a decidir libremente cuáles son las sanciones pertinentes».

Puede abrir una comisión de la verdad, procedimientos de tipo administrativo o un proceso para la memoria histórica. «La realidad es que esta consulta va a tener efectos nulos jurídicamente, pero políticamente el Presidente hará lo que más le convenga».

Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, una organización civil dedicada a litigio estratégico, precisó en una entrevista anterior con SinEmbargo que el esclarecimiento de las acciones de los expresidentes ya debería estar en la cancha de la Fiscalía.

«La Fiscalía no necesita de ninguna consulta y mucho menos de ningún análisis de ninguna comisión porque la persona legalmente y constitucionalmente facultada para investigar estos hechos y advertir si hay responsabilidades, y que además debería tener las capacidades técnicas para ello, es la Fiscalía», aseguró.

Medina coincidió en que no tiene ninguna aplicación en la operación del Sistema de Justicia criminal, sino que queda completamente en un ámbito político. Y, si en algún momento la Fiscalía abriera una investigación, las sanciones dependerán de caso a caso.

“Muchos de los posibles delitos que están señalándose, de los que pudiera haber datos, pudieran incluso ya estar prescritos», dijo.

En la misma línea, el especialista en derecho constitucional Javier Martín Reyes aseguró que ya hay muchos posibles delitos que ya no se van a poder procesar por el paso del tiempo y, además, la Fiscalía ni siquiera ha podido procesar casos con datos como el del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

«Si no ha podido con Lozoya, yo tengo duda de que tenga la capacidad y la voluntad política para hacerlo [investigar a expresidentes]», consideró.