Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar

Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 14 años detenida sin recibir una sentencia, fue señalada en 2005 por Isabel Miranda de Wallace como una de las seis personas que secuestraron a su hijo, pero familiares y organismos internacionales han denunciado que los implicados en este caso fueron torturados para confesar y se cometieron severas violaciones a sus derechos.

A petición de Isabel Miranda de Wallace, al final del texto se comparte su postura en relación a esta nota.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.

Dentro del proceso que Brenda tiene, que es el 286/2019, la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pueda continuar con el proceso en su casa —con un brazalete— o también salir de manera absolutoria, pues lleva 11 años y nueve meses sujeta a un proceso penal plagado de irregularidades y 13 años con siete meses privada de su libertad.

Esta petición, que hoy encuentra eco, es la misma que ha exigido la familia de Brenda desde hace 14 años cuando fue detenida en medio de una persecución mediática creada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con denuncias de los acusados.

«En el tiempo de Calderón la señora tenía todo su apoyo, ahorita sigue insistiendo en culpar a Brenda, pero aquí están todos las pruebas de que no lo es», dijo la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda. «Las audiencias de antes eran espantosas, yo recuerdo que ella le tronaba los dedos al Ministerio Público, hacía lo que ella quería y nosotros mirando espantadísimos, decimos cualquier cosa y ninguna prueba buena nos aceptaban».

La señora Enriqueta enfatizó en el tráfico de influencias que Isabel Miranda ejercía en gobiernos anteriores, desde la policía hasta las fiscalías.

«En mi caso también he sufrido mucho, todas las ventajas que tenía la señora con tanta gente, ella hizo una denuncia contra mí cuando estábamos investigando lo de las actas de nacimiento de su hijo, en ese entonces vinieron por mi de la SEIDO. Ahora a ella sólo le queda estar hablando y andar enfatizando en su verdad, entre comillas, porque no quiere que se le caiga todo su teatro», explicó.

El 29 de septiembre de 2020, el Grupo de la Organización de la Naciones Unidas envió al Gobierno mexicano una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.

“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.

La señora Isabel Miranda de Wallace, por su parte, ha expresado su inconformidad con la decisión del IFDP y ha acusado a Netzaí Sandoval, titular del Instituto, de “destinar recursos en exceso sólo para ganar notoriedad con el caso de mi hijo”, habiendo otros casos que de verdad requieren justicia.

En su cuenta de Twitter, Miranda de Wallace aseguró que cuenta con evidencia de que Brenda Quevedo sigue presentando pruebas para demorar el proceso penal y así lograr que organismos internacionales sancionen al Gobierno de México por la dilación en la justicia.

Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada por fuentes del caso a este medio.

La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial fue quien promovió las denuncias en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, en ambas carpetas de investigación no hay ningún avance y no se ha informado de mayores diligencias por parte de las autoridades.  

La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas. 

La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo. 

LA PERSECUCIÓN DE MIRANDA WALLACE

Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, pero la persecución en su contra se remonta al año 2005, cuando Isabel Miranda la señaló de ser, junto con cinco personas más, responsable del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.

Los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, aparecieron en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México señalándolos de secuestradores, pese a que en ese momento no existían pruebas periciales en contra de ellos.

La versión que Isabel Miranda contó a medios en ese entonces —y sigue contando— es que su hijo fue llevado con engaños por estas seis personas a un departamento el 11 de julio de 2005 y en ese lugar lo descuartizaron con una motosierra y pidieron un rescate por 950 mil dólares. Esta versión, que fue confirmada por algunos de los implicados cuando los detuvieron, ha generado dudas en el caso, pues —según los propios acusados— habrían declarado bajo tortura.

«Hay una denuncia que hizo el IFDP contra esta señora y demás gentes que apoyaron todo este teatro, intervinieron muchas personas de la SEIDO, es una historia plagada de inconsistencias», contó la madre de Brenda Quevedo. «Hay un video que estuvo circulando hace tiempo donde mi hija está diciendo que sí fueron todos, pero se ríe, lo que ella dice es que le daban botellas de agua y de esa forma hacían que ella confesara».

Uno de sus torturadores de Brenda Quevedo fue Osvaldo Jiménez Juárez, quien en esa época se desempeñaba como Ministerio Público, y que a pesar de que la familia lo denunció, le dieron carpetazo antes de que terminara el Gobierno de Calderón. «Estamos tratando donde volver a abrir el caso porque ese mismo MP lo ascendieron después a Fiscal».

LA TORTURA A LOS DETENIDOS

Juana Hilda González fue la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox.

De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos Brenda.

César Freyre Morales fue detenido tiempo después y habría confesado también, bajo tortura, haber participado en el secuestro. Lo mismo ocurrió con los hermanos Castillo.

A Brenda Quevedo la detuvieron el 28 de noviembre en Estados Unidos y la extraditaron a México en 2009. Por último, en diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin.

Tagle fue presentado ante los medios el domingo 5 de diciembre de 2010 por el Procurador General de Justicia del Estado de México, en ese entonces Alfredo Castillo Cervantes, y contó con la presencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le permitió hablar en la conferencia e incluso dar indicaciones a los policías.

Por ejemplo, cuando Tagle ingresó a la sala donde se encontraban los medios —esposado y escoltado— Miranda le pidió directamente que corroborara la declaración hecha el día anterior y en la cual implicaba a cinco personas detenidas por el caso. Además, cuando los policías lo sacaban del lugar, la señora les pidió que lo regresaran, que le levantaran el chaleco antibalas y la playera que portaba para que la prensa comprobara que no estaba golpeado. Los policías obedecieron.

Nueve años después, el 28 de noviembre de 2019, Jacobo Tagle narró lo que sucedió el día de su detención, de cómo Wallace le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura.

[youtube RuaV6Jo9DiU]

“La señora Wallace se comunicó con el Presidente Felipe Calderón estando yo en un cuarto, él la felicitó por haber dado con mi captura, le dijo que qué ocupaba y le pidió a la persona que estaba encargada en ese momento del operativo que hicieran lo necesario para poder hacer todo lo que la señora quería hacer conmigo y me refundieran en la cárcel”, dijo Tagle en una entrevista exclusiva con el periodista Ricardo Rafael en La Octava.

En el caso de Brenda la situación fue similar. El Grupo de Trabajo de la ONU documentó graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.

También detalló que el 27 de noviembre de 2009, Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.

El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.

De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.

Paradójicamente ese 2010, mientras Brenda era torturada, el expresidente Felipe Calderón le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien habría sido la autora intelectual de su tortura.

Los seis detenidos afirman que el homicidio de Hugo Alberto Wallace nunca existió, que todo fue “fabricado” por la señora Isabel Miranda y por lo tanto piden ser liberados. En el caso de Brenda Quevedo, lleva 14 años presa sin recibir una sentencia.

«Sueño que se resuelva todo esto, están todas las pruebas, lo del padre biológico de Hugo Alberto, existe también la prueba de la pareja de Hugo, donde la entrevistan en Milenio y dice que dos años después de su supuesta muerte le habla por teléfono porque ella tiene una hija de él. También está lo de la sangre que nunca se encontró», mencionó la señora Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda. 

RÉPLICA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE

Ciudad de México a 19 de julio de 2021

SIN EMBARGO

Alejandro Páez Varela – Director General

Rita Varela Mayorga – Directora de Redacción

Guadalupe Fuentes López – Reportera

Presentes

Les envío un cordial saludo y me dirijo a ustedes en relación a la nota publicada en su portal digital de fecha 16 de julio de 2021, titulada “Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar” y disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica https://www.sinembargo.mx/16-07-2021/4001064

Con la finalidad de que se informe a la ciudadanía la realidad sobre este tema tan doloroso y no sólo se publiquen las mentiras de una procesada por secuestro que busca obtener su libertad, me permito aclarar las siguientes imprecisiones de la nota:

1.     Yo no señalé a Brenda Quevedo Cruz como secuestradora de mi hijo, fue Juana Hilda González Lomelí quien confesó el secuestro y muerte de mi hijo, así como la participación que tuvo cada miembro de la banda. Ella señaló a Brenda Quevedo como partícipe no sólo de este delito, sino de otros como extorsiones, portación de armas y venta de drogas.
2.     La reportera afirma que Brenda Quevedo fue detenida de forma arbitraria, lo cual no tiene sustento, ya que ningún órgano jurisdiccional ha emitido una sentencia en ese sentido. Aunado a ello afirma que un Juez decidirá sobre una petición del Grupo de Trabajo de la ONU, sin embargo no se trata de una petición sino de una OPINIÓN sin valor vinculante, es decir NO es obligatoria para el estado mexicano y ya existe un pronunciamiento del juez en ese sentido.
3.     Si bien es cierto que la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pueda continuar con el proceso en libertad, es totalmente FALSO que Brenda Quevedo haya solicitado utilizar un brazalete electrónico, y mucho menos tiene la posibilidad de “salir de manera absolutoria” como lo afirma la reportera, ya que ella ha impedido (a través de recursos infundados y pruebas falsas) que se cierre el periodo de prueba y por ello el juez no puede emitir aún una sentencia.
4.     Afirman que yo he sido apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada  y Felipe Calderón Hinojosa, resulta ilógico que si realmente hubiera recibido el apoyo de alguna administración, todos los secuestradores estarían sentenciados y yo no seguiría buscando justicia.
5.     Citan a la madre de Brenda Quevedo diciendo que ella tiene todas las pruebas de que Brenda no es responsable del secuestro de mi hijo. Si eso fuera cierto, ¿por qué no las han aportado a la causa? ¿Por qué se niegan a recibir una sentencia y siguen alargando el proceso?
6.     Resulta doloso afirmar que existe una persecución contra Brenda Quevedo por un señalamiento mío. Reitero que quien la sitúa en el crimen cometido contra mi hijo es su co acusada Juana Hilda González Lomelí, su ex pareja Jacobo Tagle Dobín y el líder de la banda César Freyre Morales. Cabe señalar que se logró su extradición a México, después de que estuvo prófuga en Estados Unidos bajo una identidad y documentos falsos, debido a que un Juez de dicho país encontró CAUSA PROBABLE de su participación en el secuestro y muerte de mi hijo.
7.     La reportera afirma que César Freyre Morales confesó bajo tortura. Es importante recordarle, que el propio César declaró ante un juez, que todos se pusieron de acuerdo para mentir diciendo que fueron torturados, sin embargo era sólo una estrategia para salir de prisión. Él afirmó que NO fue torturado. La reportera está mal informada o actúa con dolo.
8.     Se habla de una presunta llamada mía con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual niego rotundamente. Es otra mentira evidente de un procesado dispuesto a mentir para obtener su libertad.
9.     Finalmente, respecto a la supuesta tortura de Brenda Quevedo a la que hacen referencia, me permito recordar que a Brenda ya le fueron practicados dos Protocolos de Estambul, mismos que resultaron NEGATIVOS. Lo que está buscando es que una autoridad parcial como lo es la Defensoría Pública se lo practique y de manera ilícita obtener un Protocolo a modo.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 2 de la Ley reglamentaria del artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de ustedes se me permita ejercer mi derecho de réplica a efecto de que se publique en el mismo espacio en el que se publicó el artículo señalado en el cuerpo del presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

María Isabel Miranda de Wallace