Nixon declaró en 1971 la guerra contra las drogas y arrastró a todos a su fracaso

La lucha contra las drogas en México, Brasil y Colombia tras cinco décadas de prohibición y legislación punitiva sólo ha logrado afianzar los cárteles de la droga y ha castigado a los consumidores, señala un reportaje de Open Democracy.

México, 08 julio (Open Democracy).- En junio de 1971, el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra contra las drogas y, con ello, contra los cárteles de la droga en Latinoamérica, principal productor y exportador del mundo. Hoy, sin embargo, esa guerra sigue en pie y, para muchos países, parece perdida. Open Democracy analizó la situación de tres países, Brasil, Colombia y México, y sus avances o retrocesos en una guerra que ya dura medio siglo.

EL CASO BRASIL, EL SUPER ENCARCELAMIENTO

El 23 de agosto de 2006, se aprobó la Ley 11.343 en Brasil. Conocida como la Ley de Drogas, buscaba ser la punta de lanza en la guerra contra las drogas del país que hoy lidera el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, terminó consolidándose como una herramienta para la policía y los altos mandos judiciales que estimuló el super encarcelamiento, especialmente de la población negra, mulata y joven.

Según esta ley, cualquier productor, comprador y consumidor de drogas ilegales es una persona que actúa al margen de la ley. Por eso, desde que se aprobó la población carcelaria aumentó un 209 por ciento, con una cifra actual de presos de 755 mil 274 frente a los 361 mil 402 presos que había en 2005. Un aumento escandaloso para tan solo 15 años.

A lo anterior hay que sumar que el número de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas aumentó un 156 por ciento. Para dar una idea clara sobre cómo la ley potenció la super encarcelación, basta con decir que, en 2005, el 9 por ciento de las personas eran encarceladas por delitos relacionados con drogas, mientras que en 2021, la cifra asciende a un 29 por ciento; un aumento del 20 por ciento.

Un sector de la sociedad que se ha visto especialmente afectado por esta ley son las mujeres. Aunque solo representan el 5por ciento total de presos, el 65 por ciento de las mujeres tras las rejas están ahí por la ley de drogas. A ellas, se suma la población negra, que representa el 67 por ciento de los encarcelados. Según el Foro Brasilero de Seguridad Pública, la población carcelaria negra aumentó un 378 por ciento desde que se aprobó la ley, frente a un aumento del 239.5 por ciento en la población blanca; la diferencia de más 140 puntos porcentuales es tangible.

Lo que muestran las cifras de la ley contra las drogas de Brasil es que no ha cumplido sus propósitos, multiplicando la población carcelaria de grupos minoritarios

Lo que muestran las cifras de la ley contra las drogas de Brasil es que no ha cumplido sus propósitos. En vez de ser un punto de progreso al eliminar las penas de prisión para los consumidores de drogas y tener la intención de tratarlos como parte del sistema (incluso su artículo 28 establece que los consumidores sólo pueden ser amonestados, sancionados con trabajo comunitario o con cursos educativos), terminó siendo la puerta para encarcelar a más personas de grupos minoritarios en Brasil. El problema radica en que, aunque beneficiaba a los consumidores, castigaba duramente a los traficantes. Al no tener una definición estricta sobre quién es traficante, qué cantidad de droga significa traficar y cuál consumir, la ley quedó abierta a interpretaciones por parte de quienes la ejercen: la policía en las calles y los fiscales y jueces en los estrados. Así, se volvió el arma perfecta para inculpar a la población pobre, mulata y joven, así como a las mujeres, lo que los deja automáticamente encarcelados.

A la fecha, hay una demanda pendiente de resolución en el Supremo Tribunal Federal, que busca modificar la Ley de 2006 y despenalizar el consumo de drogas. Mientras se conoce cómo avanzará la resolución, Brasil sigue sumido en el contrabando, la desigualdad y la corrupción.

EL CASO COLOMBIA, EL REINO DEL GLIFOSATO

Cuando el Presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas, lo hizo también contra los cárteles del narcotráfico en Colombia. Hoy, 50 años después, el país del café no parece haber avanzado mucho en este tema. Con producción de drogas tanto a base de plantas como sintética, tráfico ilícito de estupefacientes a baja y alta escala, sentencias sin proporción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y una política arcaica de aspersión con glifosato, las respuestas represivas a las drogas ilegales sólo han fortalecido un negocio que ha hecho que el país sea conocido como el mayor exportador de cocaína en el mundo.

Tal vez el síntoma más grave del retroceso constante en la guerra contra las drogas en Colombia es que, en septiembre del 2020, la Corte Constitucional permitió de nuevo la aspersión aérea con glifosato para los cultivos de coca.

Como explicó Open Democracy en un artículo reciente, la gigante farmacéutica Bayer siguió vendiendo Roundup, a pesar de que su ingrediente principal, el glifosato, puede causar cáncer y sin que parezca importarle el haber perdido cerca de $10.000 millones de dólares por 95 mil demandas en contra del herbicida por la misma razón: cáncer.

¿Y esto cómo afecta a Colombia? El mayor exportador de cocaína es también uno de los países donde más se usa glifosato para la aspersión de los cultivos de coca. Aunque en 2015 la Corte Constitucional prohibió las aspersiones, en 2019 la misma Corte precisó y actualizó las condiciones para la reanudación de la aspersión con glifosato, que especificaba que quienes desearan hacerlo tenían que ceñirse a la política pública que se deriva del punto cuarto del Acuerdo de Paz

Esto quiere decir que se tendrán en cuenta dos puntos específicos: el derecho a la consulta previa por parte de las comunidades y la revisión de las investigaciones sobre impactos ambientales y de salud relacionados con la aspersión con glifosato.

En ese momento, Iván Duque, Presidente de Colombia, indicó que la eficiencia de la erradicación manual era muy baja comparada con la aspersión aérea, por lo cual hacía un llamado general a que los colombianos entendieran la necesidad de las aspersiones.

La discusión, sin embargo, seguía sobre la mesa, ya que las comunidades, especialmente aquellas amparadas por el Acuerdo de Paz, no están conformes con las aspersiones, no solo por los riesgos de salud, sino también porque, con la poca o nula implementación del Acuerdo durante el Gobierno Duque, tampoco se han hecho efectivos los planes de sustitución de cultivos de coca en sus territorios. A la fecha, solo el 2% de las familias en el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) han arrancado proyectos productivos diferentes al cultivo de coca, lo que muestra la falta de voluntad del Gobierno para implementar el Acuerdo, la única salida real, planeada, para el problema de los cultivos ilícitos.

Hoy, en 2021, Duque quiere retomar la aspersión con glifosato para destruir cerca de 154 mil hectáreas de cultivos de coca. Aunque todavía debe demostrar que la aspersión de coca no tiene impactos en las comunidades, a pesar de los estudios y demandas contra el Roundup en Estados Unidos, su objetivo inicial se mantiene invariable.

EL CASO MÉXICO, DE AMAPOLA A CÁRTELES

Uno de los países objetivo de Estados Unidos en su guerra contra las drogas fue- y sigue siendo- México.

A mitad de los años sesenta, el contrabando de cannabis y de opiáceos a través de la frontera del sur de EU ya se había consolidado. Así, los primeros objetivos fueron los campos de amapola, que venían de muy antiguo puesto que fueron sembrados para la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX.

Como respuesta, los narcotraficantes se movieron a otros estados mexicanos y el negocio creció a tal punto que, en 1975, a comienzos de la guerra contra las drogas, uno de los objetivos principales fue rociar los sembrados de mariguana de la Sierra Madre en México con Paraquat, un peligroso herbicida.

A los narcotraficantes, sin embargo, les dio igual. Siguieron vendiendo la flor contaminada con el herbicida a traficantes que la comerciaban en Estados Unidos. En 1977, comenzaron los primeros estudios para detectar las cantidades de Paraquat en las drogas. Consumir sólo media onza, menos de 15 gramos, resultaba prácticamente mortal, advirtió el New York Times. Así, comenzó la fallida guerra contra las drogas en México.

Hoy, después de 50 años de aspersión de campos de amapola, la sangrienta guerra de los carteles que controlan el narcotráfico en México solo se ha recrudecido. En 2006, el Gobierno de Felipe Calderón lanzó su ofensiva frontal contra el narcotráfico. Lo que consiguió fue aumentar el consumo, la violencia y una penetración más profunda del crimen en las instituciones estatales, además de múltiples violaciones a los derechos humanos y el nacimiento de un nuevo paramilitarismo.

En 2006, se votó la Propuesta 19, que buscaba legalizar el cultivo, la venta y el consumo de marihuana. Sin embargo, la estrategia del Gobierno falló, ya que entendía al narco como un problema de seguridad que había que atajar por medios policiales, más que como un tema de salud pública. Así, México se volcó hacia las medidas punitivas en vez de buscar una estrategia integral para combatir a los carteles y su poder en la política del país.

Las justificaciones de las estrategia fueron: el consumo, que ha aumentado, pero solo proporcionalmente al aumento de la población; la violencia y que los narcos se tomaran el control territorial. La respuesta a esto fue un desborde militar que sustituyó a la policía en muchas de sus funciones y que, como consecuencia, le otorgó un poder a la rama militar insostenible, que concluyó en violaciones de derechos humanos al ejecutar las leyes punitivas contra el porte de drogas. Es así como en México parecen sumarse los males de Brasil y Colombia: leyes mal ejecutadas y estrategias de otros tiempos, que no llevan a soluciones reales.

El panorama de la lucha contra las drogas en estos tres países latinoamericanos se repite por toda la región: Cinco décadas de prohibición y legislación punitiva sólo han logrado afianzar los cárteles de la droga, los narcos, y han castigado a los consumidores en vez de atacar con fuerza a los traficantes.

Ha sido una guerra con millones de bajas, entre las que se cuentan los pequeños agricultores, los indígenas, las mujeres, los negros, los mulatos, los jóvenes y todos esos pedazos de la sociedad marginados que no tienen poder alguno frente a la maquinaria absoluta de las drogas, la política, la corrupción y el poder.

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