El promedio de vida de una mujer trans es 36 años en Latinoamérica

La violencia, la pobreza y la exclusión expone especialmente a las personas trans por la desigualdad de género; además, otras relaciones de poder reducen su esperanza de vida de manera alarmante.

Buenos Aires/Ciudad de México/Sao Paulo, 29 jun (EFE).- Con centenares de crímenes de odio sin resolver y una discriminación endémica y excluyente, la violencia contra la comunidad trans sacude a una América Latina con frágiles avances para este colectivo: según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina tan sólo es de 35 años.

La «violencia, pobreza y exclusión» expone especialmente a las personas trans debido a la «desigualdad de género», mientras que otras relaciones de poder «reducen de manera alarmante la esperanza de vida promedio de mujeres trans a 35 años», indicó el organismo en un informe publicado en 2018.

VIOLENCIA E IMPUNIDAD

Brasil es el país que más mata trans en el mundo. Sólo en 2020 al menos 175 personas trans -todas mujeres- fueron asesinadas, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra).

Las cifras, que vienen aumentando cada año, suponen un nuevo récord para el gigante latinoamericano.

La presidenta de Antra, Keila Simpson, explicó a EFE que hay dos factores esenciales detrás de ese aumento: la naturalización de la violencia, impulsada por el «discurso de odio perpetrado a diario por el Presidente Jair Bolsonaro», y la «negligencia» de la Justicia, ya que las investigaciones de crímenes contra personas trans «nunca son llevadas a cabo o reciben la debida importancia».

«Brasil se volvió tierra de nadie, porque tenemos las leyes en el papel, pero nunca llegan a las poblaciones que realmente necesitan, por lo que vemos una violencia creciente», dijo.

Con una vida marcada por el prejuicio y agresiones en los más diversos ámbitos, cerca del 90 por ciento de las mujeres trans dependen de la prostitución para sobrevivir, de acuerdo con Antra.

Además de la violencia por parte de terceros, los suicidios entre la población trans igualmente vienen creciendo año tras año. Tan sólo en 2020 fueron registrados 23 suicidios, frente a los 15 de 2019.

Atribuyó este hecho a la soledad que padeció el colectivo en un año marcado por la pandemia y «sin el apoyo del Gobierno o de la familia».

ESTIGMA ENRAIZADO

A pesar de los avances legales, México es uno de los países de Latinoamérica con más violencia homófoba y transófoba.

«El contexto de las mujeres trans en México es preocupante. Hay mucha discriminación y exclusión, no ha habido la visibilidad adecuada y hay una deuda histórica», dice a EFE la activista Kenya Cuevas, quien dirige la ONG Casa de las Muñecas Tiresias y un albergue para personas trans en el país.

Cuevas se encuentra con sus amigas en el velatorio de Kaory Cantarero, hondureña que falleció en México en días recientes.

En medio del dolor que representa esta pérdida, Cuevas relató que la inmensa mayoría de las mujeres trans tienen que vivir del trabajo sexual, algo que está criminalizado y que deriva en otras discriminaciones «como consumo de sustancias psicoactivas, vivir en la calle, ser migrante o vivir con VIH».

Es el caso de Kaory, a quien velan y ofrecen un show con ella de cuerpo presente, antes de que sea repatriada a su país.

La hondureña, de 28 años y llegada al país hace una década, es un reflejo de la inacción de las autoridades y la discriminación ejercida por la sociedad. Murió en condiciones de vulnerabilidad pues era una trabajadora sexual que vivía en la calle con VIH y tenía adicciones.

La organización Letra S, referente del tema, reportó 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT en 2020, más de la mitad eran mujeres trans.

Y ante esto, activistas como Kenya Cuevas se embarcan en las «acciones que debería llevar a cabo el Gobierno» para aportar su granito de arena.

En la Casa de las Muñecas Tiresias, por ejemplo, han desarrollado un programa integral para revertir el rezago educativo de las personas trans con educación para la autonomía, asesoría jurídica o acompañamiento psicológico, entre otros.

Todo con el fin de lograr la reinserción social.

LA DICOTOMÍA ARGENTINA

La comunidad trans en Argentina vive en una «dicotomía»: si bien las personas transgénero gozan de igualdad jurídica y de amplios derechos reconocidos por ley, todavía son el colectivo LGBT más golpeado por los crímenes de odio, desde los insultos y agresiones hasta los asesinatos.

Así lo considera Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, para quien esa igualdad en sentido jurídico aún no se ha traducido en una «igualdad real».

«Todavía hay una brecha en género, en la comunidad LGBT en general y una brecha inmensa en la comunidad trans en particular», afirmó Massenzio a EFE por videoconferencia.

Aunque la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, fue «maravillosa en todo sentido» para la comunidad trans, al pasar de la «patologización» de este colectivo a la defensa de los derechos humanos, los hechos discriminatorios no han cesado en los últimos años.

Según el Observatorio de Crímenes de Odio contra la diversidad sexual, en 2020 se produjeron 152 crímenes de odio contra la comunidad LGBT en Argentina, de los cuales una inmensa mayoría (127, un 84 por ciento) tuvieron como víctimas a mujeres trans.

De hecho, en los últimos cinco años 56 mujeres trans fueron asesinadas en el país suramericano, un 76 por ciento de todas las muertes violentas contra la comunidad LGBT.

«Tenemos el código penal que tiene el agravante del crimen de odio, y hasta la fecha tenemos diez, quince sentencias, que han aplicado ese agravante. Hay un déficit infernal», lamentó Massenzio al hablar sobre la falta de acceso a la justicia de las poblaciones trans.

Por todo esto, desde las organizaciones LGBT están impulsando en el Congreso una Ley Integral Trans para proteger a un colectivo cuya esperanza de vida, según Massenzio, no llega a los 40 años en Argentina, en sintonía con el resto de América Latina.