El colapso del tramo elevado en el que fallecieron 26 personas, fue atribuido a una “falla estructural” relacionada con deficiencias en el proceso constructivo y soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, entre otros aspectos, según un informe preliminar de expertos difundido por las autoridades.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México pidió a un Juez desechar la demanda colectiva, la cual busca que por cada víctima mortal de la Línea 12 se cubra una indemnización de seis millones de pesos y no de 650 mil pesos como lo indica el seguro de este transporte, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso El Financiero.
Dicha solicitud fue realizada a través la Coordinación de lo Contencioso, en donde el titular es Carlos Eduardo Portela. En el documento se expone ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, que «no es competencia de éste resolver la controversia, y que en todo caso, ésta debe interponerse vía administrativa y bajo la legislación patrimonial de la Ciudad de México».
El periodista Ignacio Alzaga dice en la edición de hoy de El Financiero, que la petición sostiene que en la reclamación no aplica la Ley General de Víctimas, ya que, asegura que el colapso de un tramo elevado del Metro en el que fallecieron 26 personas no fue consecuencia de un delito. Asimismo, señala que tampoco se adapta al Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo indica Jesús Alberto Guerrero, director de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), mismo que manifestó no tener autorización para presentar el recurso pese a que cuenta con el registro del Consejo de la Judicatura Federal.
“Contrario a lo pretendido por la asociación demandante (…) la Ley General del Víctimas es inaplicable en este asunto, al no reunirse los supuestos normativos que invoca, habida cuenta que el siniestro acaecido el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12, así como sus lamentables consecuencias, en modo alguno pueden ser considerados como consecuencia de la comisión de un delito, o bien, derivado de la violación de los derechos humanos de las víctimas (…)”, señala la carta de petición que obtuvo el diario mexicano.
Asimismo, el periodista Ignacio Alzaga dice en su texto que dentro de los argumentos, refiere que «no es de su competencia resolver la controversia, pues ésta debe presentarse vía administrativa, además de que correspondería analizarla no al Poder Judicial de la Federación (PJF), sino al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Según la información del periodista de El Financiero, la solicitud afirma que «no aplica una demanda colectiva porque los afectados no vieron vulnerados sus derechos por una fuente común, como puede ser un contrato de adhesión a una empresa telefónica o institución bancaria”.
Por último, agregó que la relación de los integrantes del grupo es por un acontecimiento. “En los (derechos) colectivos sí hay un vínculo jurídico previo y los miembros del grupo sí son determinables, presupuestos que no se reúnen en la demanda”.
El colapso del Metro ocurrió la noche del 3 de mayo, cuando cedió una viga de un puente elevado de la línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, donde un vagón con pasajeros quedó encallado en forma de “V”.
En el colapso del tramo elevado fallecieron 26 personas, el accidente fue atribuido a una “falla estructural” relacionada con deficiencias en el proceso constructivo y soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, entre otros aspectos, según un informe preliminar de expertos difundido por las autoridades.
MOVILIDAD EN EL OLVIDO
Previo al accidente, cerca de 220 mil usuarios utilizaban cada día esta línea de metro, que se construyó para proveer de movilidad a Iztapalapa y Tláhuac, dos de las alcaldías más pobladas, pero también de las más marginadas.
La obra se inauguró en octubre de 2012 por el entonces jefe de Gobierno capitalino y actual Canciller, Ebrard, despertando críticas por el costo final de la obra, de unos 27 mil millones de pesos (mil 700 millones de dólares de la época).
Aunque las autoridades han prometido una solución de movilidad, los vecinos temen ahora utilizar la Línea 12, pues llevaban años denunciando fallas y grietas en el tramo elevado, en particular tras el sismo de septiembre de 2017.
“Cuando lo empezaron a hacer se vio desde el principio mal porque todo esto es fangoso. O sea, no tenían que haberlo hecho así, esa es mi opinión, y ahorita la tragedia que pasó es imperdonable para la persona que realmente hizo esta obra”, opinó la vecina Magnolia Téllez.
-Con información de EFE.
