Se juega la Cámara de Diputados pero, de fondo, pelean el futuro

La renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no sólo supone la construcción de mayorías para cambiar leyes. En los próximos meses y años, los 500 legisladores que resulten electos este 6 de junio, estarán a cargo de la elección de consejeros electorales, la aprobación de presupuestos, e incluso de resolver los pendientes de la Legislatura saliente.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- La elección de diputados federales, la cual se llevará a cabo este domingo junto a la de otros cargos, tendrá un gran impacto en lo que resta del actual sexenio debido a que quien consiga la mayoría podrá aprobar o rechazar iniciativas y presupuestos, los cuales determinarán el desempeño de la actual administración y el rumbo que tomará el país en los próximos tres años.

De entrada, la renovación de la Cámara de Diputados definirá qué partidos políticos mantienen su registro a nivel nacional, ya que aquellas agrupaciones que no obtengan al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida, perderán su registro, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

El cambio de piel de la Cámara Baja también reconfigurará las relaciones de poder en el Congreso de la Unión, dependiendo de qué partido o coalición alcance la mayoría absoluta (251 escaños de 500) que sirve para controlar los procesos legislativos ordinarios, y dependiendo de si un partido o coalición logra tener suficientes votos para obtener una mayoría calificada, que corresponde a cuando menos dos terceras partes de la Cámara Baja (334 de 500 diputaciones) y sirve, por ejemplo, para poder cambiar o reformar la Constitución.

Lo anterior es de suma importancia considerando que en los próximos meses, los nuevos legisladores tendrán en sus manos la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que determinará el gasto público y así, la estrategia de inversión en proyectos gubernamentales.

La Legislatura entrante, que comenzará funciones el 1 de septiembre de este año, tendrá que aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre (CPEUM, Art. 42, fr. IV), toda vez que deberá aprobar el PEF a más tardar el día 15 de noviembre (CPEUM, Art.74, fr. IV).

El presupuesto aprobado limitará las previsiones de gasto a nivel federal, el flujo de efectivo que recibirán las entidades federativas, así como las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura pública, como lo son el Tren Maya y el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante el siguiente año, el gasto de Gobierno ascenderá a 6.6 billones de pesos, que es una cantidad 3.7 por ciento real superior al presupuesto de 2021. Los recursos previstos para 2022 equivalen a una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de México, por lo que será el mayor presupuesto aprobado en la historia del país, de acuerdo con lo establecido en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dada la gran cantidad de dinero en juego, en el último mes, el tema de la aprobación del PEF 2022 ha sido motivo de disputa entre agrupaciones políticas, sobre todo en cuanto a la distribución de recursos para programas sociales.

Más allá del presupuesto, los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados tendrán en sus manos la coordinación y evaluación del desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la revisión de las cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera (CPEUM, Art. 74, frs. II y VI).

«La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación […]. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente”, se lee en la Carta Magna.

EL FUTURO DEL INE

Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados también está la ratificación de funcionarios públicos federales, entre ellos el consejero presidente y los 10 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, los legisladores electos el 6 de junio de 2021 tendrán la tarea de elegir, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, a los nuevos integrantes del Consejo del INE (CPEUM, Art. 41, apdo. A, párr. 5), considerando que en 2023 concluyen los periodos de gestión del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, y de los consejeros Adriana Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña.

El cambio de consejeros del INE desempeñará un papel importante en las elecciones presidenciales de 2024, sobre todo considerando el contexto actual, en que por un lado el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho que tanto Córdova como Murayama tienen agendas propias porque «juegan a favor de alguien”, mientras que la oposición asegura que hay intentos del Gobierno en turno para tratar de someter al INE.

No obstante, en los últimos meses, el Presidente López Obrador descartó la desaparición del INE, aunque confirmó que su Gobierno planea modificarlo.

Durante la conferencia matutina del día 19 de abril de 2021, AMLO dijo que el INE no desaparecerá “porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones”. Sin embargo, aseguró que lo que hay que buscar es que el INE sea “un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder”.

Sin embargo, 10 días más tarde, el Presidente planteó que el instituto fuera absorbido por el Poder Judicial, en lugar de que sus potestades recaigan en alguna dependencia del Poder Ejecutivo, como era antes de 1990, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) era la encargada de organizar las elecciones.

La transformación del INE se inscribe en un contexto de medidas de austeridad anunciadas por el Presidente López Obrador, a partir de las cuales, el Gobierno federal buscará echar mano a los órganos autónomos a su cargo, con la finalidad de ahorrar recursos que serían recentralizados.

INICIATIVAS PENDIENTES

En los próximos meses y años, los 500 legisladores que resulten electos este 6 de junio, estarán a cargo de resolver los pendientes de la Legislatura saliente.

Hasta el corte del 21 de mayo de este año, la Secretaría General de la Cámara de Diputados registró 4 mil 629 iniciativas pendientes, que incluyen proyectos de ley y acuerdos económicos o decretos, que están a la espera de una resolución dentro de la comisión a la que fueron remitidos para su estudio y análisis, o que están en trámite de inclusión en la orden del día para ser discutidos en sesión.

En la lista de pendientes de la Cámara Baja figura, precisamente, una iniciativa de reforma al Artículo 72 constitucional para establecer evaluaciones de impacto que permitan determinar si un organismo autónomo puede o debe ser desaparecido.

“Tratándose de reformas que pretendan la desaparición de los organismos que cuenten con autonomía constitucional, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de origen deberán solicitar a los otros organismos autónomos, incluyendo al que se pretende desaparecer, una evaluación de impacto en el que se detalle las consecuencias sociales, laborales y económicas que implica su desaparición”, se lee en la iniciativa presentada el 13 de abril de 2021.

Entre las iniciativas pendientes que estarán a cargo de la nueva Legislatura (2021-2024) destaca, por ejemplo, una reforma al Artículo 83 constitucional para “establecer que el ciudadano electo democráticamente que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, no podrá ocupar después otro cargo de elección popular”.

Asimismo, sobresalen dos iniciativas más. Una para reformar el Artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, y otra para cambiar el Artículo 111 de la CPEUM.

La primera pretende que los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan la facultad de acordar un mecanismo para reducir los cobros de las tarifas eléctricas a usuarios con tarifa doméstica o de suministro básico, dependiendo de sus condiciones socioeconómicas, la temperatura del lugar donde radican –por aquello de la necesidad de uso de calentadores y sistemas de aire acondicionado– y las aportaciones de las entidades federativas en la generación de energía eléctrica a nivel nacional.

La segunda pretende que sea posible que la Comisión de Delitos de la Cámara de Diputados declare (por mayoría absoluta) «si ha o no lugar a proceder” penalmente contra el Presidente de la República por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.

Más allá de la relevancia de los temas de las iniciativas pendientes, la nueva Legislatura tendrá la responsabilidad de dar solución a las propuestas que permanecen en la congeladora desde que inició el actual sexenio.

La información oficial indica que de las 4 mil 629 iniciativas pendientes de dictamen de la actual Legislatura, 349 fueron presentadas en 2018, 1 mil 200 en 2019, 2 mil 277 en 2020 y 803 entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2021.