Berta Cáceres, defensora indígena de la comunidad hondureña Lenca, luchó durante 20 años por el territorio y se enfrentó a taladores ilegales, corporaciones multinacionales y represas. Su última lucha, antes de ser asesinada en marzo de 2016, fue contra un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque de la empresa DESA, propiedad de la poderosa familia Atala.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– El juicio oral en proceso contra Roberto David Castillo, exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) señalado de ser coautor del homicidio de la defensora ambiental hondureña Berta Cáceres hace cinco años, no implica justicia integral al permanecer en impunidad los autores intelectuales, aseguraron miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), incluyendo su hija Berta Zúñiga.
«El asesinato de mi mami es un crimen político que antes tuvo un proceso de persecución, un patrón visto en Honduras contra quienes hacen defensa de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza», dijo en rueda de prensa Berta Zúñiga, coordinadora general del COPINH. «No hay cambios estructurales respecto a lo que dio origen al crimen. No hay respeto a la consulta indígena previa, las concesiones energéticas se siguen dando y no se avanza en investigación sobre ataques a quienes hacen resistencia territorial».
El que fue Gerente general de DESA, planteó Zúñiga sobre Castillo, tenía entrenamiento militar y sirvió como «intermediario» entre los sicarios y los autores intelectuales, aunque –subrayó con base en las pruebas de sus comunicaciones intervenidas– él no es el autor intelectual.
«No tuvo la última palabra en la junta directiva al ser un subordinado de los accionistas mayoritarios; ha sido ‘sacrificado’ ante la presión internacional», expuso. «Ha habido negligencia y no existe voluntad política del Estado para investigar y menos de enjuiciar a los autores intelectuales».
Cáceres, mujer indígena de la comunidad Lenca, luchó durante 20 años por el territorio y se enfrentó a taladores ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Su última lucha fue contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA, constituida en el 2009 y propiedad de la poderosa familia Atala Zablah, afín al Gobierno de Juan Orlando Hernández y con inversiones en Centroamérica.
Actualmente la obra está suspendida tras la presión por el asesinato, pero goza de una concesión de 50 años, por lo que, estima COPINH, podría retomarse en un futuro y ser una amenaza potencial para el río Gualcarque que beneficia a la comunidad Río Blanco.
El 3 de marzo de 2016, un día antes de su cumpleaños, unos atacantes no identificados irrumpieron en su casa y la asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete de ocho hombres señalados por el asesinato, incluyendo al Jefe de Seguridad de la empresa y militar en retiro Douglas Castillo, y determinó que habían sido «contratados por ejecutivos» de DESA. Tres años después, el juicio contra David Castillo inició el 27 de abril y se prevé que continúe por las próximas semanas hasta que sea sentenciado o salga con libertad preventiva.
«En estos años hemos hecho esfuerzos para encausar un proceso de justicia en un país con un altísimo nivel de impunidad y en un crimen que tiene un grado de complejidad porque participan varias estructuras relacionadas con la empresa privada y fuerzas de seguridad del Estado», aseguró Zúñiga.
Otro proceso legal, además del juicio contra los asesinos y contra el exgerente de DESA, ha sido por la falta de una consulta libre, previa e informada a al pueblo Lenca entorno al proyecto hidroeléctrico y por posible corrupción.
«El crimen parte de una concesión ilegal con agravante porque ella fue una mujer lideresa de una comunidad indígena», destacó su hija Berta. En el juicio actual una perito destaca que la condición de género de la defensora ambiental tuvo un condicionante particular en su asesinato.
Camilo Bermúdez, integrante del equipo legal de COPINH, agregó que el rol del enjuiciado David Castillo en la persecución y homicidio de Berta Cáceres se está evidenciando en el juicio actual en dos elementos. El primero, como un exfuncionario público del sector energético «cooptado» por miembros de grupos económicos, como la familia Atala, para que ayudara en «defraudar» al Estado hondureño para la instalación de proyectos energéticos. Y el segundo elemento, por sus conocimientos militares al haber sido Teniente de Inteligencia en el Estado Mayor del Ejército.
«Tenemos una línea de investigación respecto a que el asesinato fue aprobado y se le brindó insumos desde elementos del Ejército, lo que la Fiscalía ha negado», dijo Bermúdez.
Durante el juicio oral, detalló, se abordan por parte de las pruebas del Ministerio Público la extracción de celulares de los condenados en el proceso de 2018, del exgerente de DESA, David Castillo, y de Daniel Atala, gerente financiero de la empresa y miembro familiar de los accionistas del proyecto hidroeléctrico que será testigo de la defensa de Cáceres. «Las comunicaciones de las personas involucradas son la prueba fundamental», aseguró Bermúdez.
La sentencia se esperaba para el viernes 7 de mayo, pero se retrasó la presentación de las pruebas y los desarrollos de peritajes. Estiman que el fallo se alargue hasta el 14 de mayo.
«El peor escenario dentro del juicio es que David Castillo sea exculpado», aseguró Berta Zúñiga, hija de la defensora. «Aunque no es la última pieza del crimen, sino simplemente la conexión con las otras personas responsables [accionistas de DESA]», reiteró.
