Por: Humberto Francisco Guerrero Rosales y Ximena Antillón Najlis*
Como se preveía en participaciones anteriores, la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) ha avanzado sin mayores contratiempos y sin entrar a una discusión de fondo sobre los argumentos en contra de la creación de esta nueva legislación y los cambios a otras leyes relacionadas con ésta. A finales de la semana pasada, la Cámara de Diputados (la cámara revisora) aprobó un nuevo proyecto de decreto con cambios minúsculos respecto de lo enviado por el Senado, por lo que se espera su aprobación antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso.
En la Cámara de Diputados se hicieron esfuerzos por mejorar las condiciones de diálogo con organizaciones, personas expertas y grupos de víctimas, pero, aun así, todo fue insuficiente y estaba condenado al fracaso de antemano, ya que quienes han apoyado e impulsado esta nueva legislación, nunca han dado la cara para dialogar y confrontar argumentos con las voces críticas del proyecto y, particularmente, han evadido escuchar directamente a las víctimas.
Para las personas servidoras públicas es incómodo escuchar a las víctimas, ellas se expresan sin los filtros del lenguaje técnico, su expresión deviene del dolor y la indignación. Bajo el argumento de falta de objetividad, atributo que suele asociarse a las voces técnicas o expertas, la escucha de las víctimas desde el Estado es, por lo general, un mero ejercicio de contención. Lamentablemente, el proceso parlamentario para aprobar la Ley de la FGR no ha sido la excepción.
En la parte final de la discusión ante la cámara de Senadores (lugar de origen de la reforma), se anunció con gran estridencia que uno de los puntos más polémicos del proyecto, la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), había sido modificado, lo anterior como consecuencia y ejemplo, se dijo en la legislatura, de que las víctimas sí estaban siendo escuchadas. Sin embargo, la modificación se trata, de nueva cuenta, de una maniobra de administración de las demandas de las víctimas, ya que relativiza y diluye por completo la participación de la FGR en dicho sistema.
Conforme a las reformas que están por aprobarse, la FGR seguirá participando en el SNB “con pleno respeto a la autonomía constitucional” y “sin que esto implique subordinación alguna”. Nadie se opone al reconocimiento de la autonomía de la FGR, que por otro lado es un atributo de la procuración de justicia cuyo objeto es blindar las investigaciones penales de injerencias indebidas de otros poderes, con el fin de asegurar que los casos presentados ante los jueces, se sustenten en criterios objetivos y científicos, libres de influencias de carácter político. Es decir, la autonomía es una garantía de confianza y acceso a la justicia,
Sin embargo, como está planteada en la reforma, la autonomía significa en la práctica que, bajo el argumento de la autonomía, las fiscalías pueden decidir cuándo se coordinan y cuándo no, para la búsqueda de personas desaparecidas, sin ningún mecanismo de control ciudadano o coordinación interinstitucional. Por esta razón, que la FGR permanezca en el SNB en estos términos significa un retroceso en cuanto a los mecanismos de coordinación para la búsqueda que las y los familiares de personas desaparecidas han venido impulsando y lograron, al menos en parte, concretar en la Ley en la materia. Por esto, la permanencia de la FGR en el SNB no fue un avance, fue una simulación.
Lo que los y las legisladoras no quisieron escuchar, es que la participación y coordinación de la FGR en el SNB es fundamental para que la búsqueda se informe de la investigación y viceversa; además, de que existen algunas acciones básicas para la búsqueda que requieren ser solicitadas por el AMP al Juez de manera oportuna. Cuando esto no se realiza, se corre el riesgo de perder para siempre indicios que podrían llevar a encontrar a la persona desaparecida con vida. En cambio, la falta de participación sustantiva de la FGR en el SNB significa, para las familias de personas desaparecidas, la perpetuación de un modelo de simulación y en el fondo, condena a las víctimas y a la sociedad a vivir en la impunidad.
Esto evidencia que lo que está de fondo no es la autonomía de la FGR, si no un modelo de procuración de justicia que busca “cuidar” a la institución del escrutinio externo, reservada para los casos emblemáticos, pero no para responder a las miles de víctimas y familiares que buscan verdad y justicia en México.
*Ximena Antillón Najlis es investigadora y Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
