La violencia empeña el proceso electoral en Jalisco. Previo al registro de candidatos, tres aspirantes a las presidencias municipales de Mezquitic, Cuquío y Casimiro Castillo han sido asesinados.
Tijuana, Baja California, 15 abril (Zeta).- Candidatos de todos los partidos y a distintos puestos de elección popular iniciaron sus campañas el domingo 4 de abril para promover el voto en los comicios del 6 de junio en el Estado de Jalisco. El proceso arrancó con la incertidumbre del registro de candidatos ante la autoridad electoral e impugnaciones ante el Tribunal especializado, sobre todo con malos augurios respecto a la seguridad de los participantes.
Previo al registro de los nominados por partidos políticos, se han presentado graves incidentes. Asesinatos, agresiones, levantones, amenazas y renuncias de algunos de los actores, situación que refleja que la mano del crimen organizado estará detrás o muy cerca del proceso electoral.
A partir de febrero de 2021 y con la efervescencia de las precampañas, los atentados contra miembros de la clase política se incrementaron. Fueron asesinados dos ex alcaldes y una ex regidora, los tres aspiraban a sus alcaldías. Otros candidatos fueron levantados para obligarles a renunciar. Y en territorios donde el tufo del narcotráfico es muy fuerte, institutos políticos optaron por no registrar candidatos.
A lo anterior, desde mediados de 2020 se han agregado otros elementos que hacen peligrar el periodo electoral. Uno de estos, la participación de organizaciones delictivas ofreciendo despensas en diversos municipios, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); otro hecho, son los atentados contra la infraestructura del Sistema de Videovigilancia C5 Escudo Urbano para monitorear la incidencia criminal en la Capital de Jalisco.
De octubre de 2020 a la fecha, delincuentes han vandalizados al menos 180 postes del C5, dañando a través de incendios el cableado, provocando la descompostura de algunas cámaras en los municipios conurbados a Guadalajara: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en una práctica recurrente que hace pensar a las autoridades que, al acercarse la elección, incrementarían los daños al sistema.
EXALCALDE DESAPARECIDO
Después del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020, los crímenes en el sector político continúan en Jalisco. Fueron asesinados Álvaro Madera López, exalcalde Mezquitic, el municipio más grande territorialmente y más pobre; y Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo, Alcaldía ubicada en la Costa Sur. Ambos aspiraban a participar en las elecciones de 2021 para retener sus presidencias municipales.
A Madera, sus familiares lo vieron por última ocasión el 4 de febrero, cuando salió al municipio vecino de Huejuquilla El Alto a una reunión de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), por el que había sido Alcalde y se convertiría en candidato de unidad de nueva cuenta. Pero nadie ha vuelto a saber de él.
La Fiscalía de Jalisco indagó que a Madera lo privaron de la libertad con ayuda de la Policía Municipal de Mezquitic, motivo por el cual están detenidos siete policías, incluido el comisario. Todos están presos por los delitos de desaparición forzada de personas agravado y homicidio calificado, abuso de autoridad, asociación delictuosa y peculado.
Oficiales y civiles dentro de la delincuencia organizada, están inmiscuidos en otros secuestros y homicidios en la región, pero de Álvaro no han revelado su paradero. Autoridades buscan con vida al exalcalde, aunque saben que cada día que pasa, esa posibilidad es más remota. Em su lugar, el PRI postuló como candidato a Hugo Madera López, hermano del desaparecido.
ASESINAN A EXREGIDORA
La noche del 2 de marzo, en el fraccionamiento Prados Tepeyac en Zapopan, fue ejecutada a tiros la panista Analuci Martínez Saldívar, exregidora y excandidata a la Alcaldía de Cuquío, municipio cerca de la ZMG, en el Sur de Los Altos de Jalisco. La mujer, que fue atacada a balazos cuando circulaba a bordo de un automóvil Jetta modelo 2013, había denunciado en 2015 al Alcalde Adrián Cornelio González por supuestos desvíos de recursos. Actualmente es presidente de Cuquío por cuarta ocasión. Una hija de Adrián es aspirante a ocupar su lugar.
MATAN A ALCALDE
El 11 de marzo fue asesinado Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo. Los homicidas intentaron disfrazar el crimen de accidente carretero al desbarrancar la camioneta del edil en el Kilómetro 12 entre Casimiro Castillo-Autlán de Navarro. El vehículo cayó al fondo de un acantilado de unos 100 metros. Sevilla tenía un balazo en el cráneo, confirmaría la Fiscalía de Jalisco cinco días después del hallazgo.
Durante varios días intentaron extraer el vehículo del barranco, pero lo más que lograron fue subirlo algunas decenas de metros. Las autoridades desistieron y enviaron los servicios periciales hasta la camioneta para la obtención de indicios. Hasta el momento no hay avances en las investigaciones ni una hipótesis. Sevilla se había separado del cargo para buscar su reelección por el partido Movimiento Ciudadano.
Casimiro Castillo se encuentra enclavado en la Región Costa Sur, territorio dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde el 1 de mayo de 2015 fue derribado a tiros un helicóptero Cougar artillado de la Fuerza Aérea Mexicana, registrándose la muerte de nueve soldados y federales, en el primer día que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciaba la Operación Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
LOS AMENAZADOS
El 23 de marzo, Ramiro Hernández García, presidente del PRI en Jalisco, anunció que no registraron candidatos a las alcaldías de Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores (frontera con Michoacán), debido a que no existen las condiciones de seguridad para que haya elecciones libres sin el yugo de la violencia y la delincuencia organizada, al tratarse de tierras dominadas por el narcotráfico. Ahí libran batalla por el territorio el CJNG, Cárteles Unidos (Los Viagra y otros grupos) y Cártel de Sinaloa.
El dirigente tricolor justificó: “Hemos tenido problemas en Jilotlán y Tecalitlán (Distrito XIX). No hubo condiciones para el registro. No queremos exponer a nadie, y primero está la seguridad de las personas que cualquier otra cosa”.
La guerra del narco ocurre en los municipios michoacanos de Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla y Buenavista Tomatlán.
También estuvo en riesgo la postulación para Alcalde de San Cristóbal de la Barranca, pues al igual que los otros municipios, son productores de drogas, principalmente de cultivos de marihuana. En esa población, en un hecho insólito, la abanderada del PRI, Elvia Guzmán Ulloa -quien ya era la Alcaldesa y busca la reelección-, solicitó al dirigente estatal de su partido no hacer campaña y resguardar su seguridad hasta el día de las elecciones.
LEVANTAN A CANDIDATOS Y DESPUÉS RENUNCIAN
El 23 de marzo en Tequila, Jalisco, municipio del Primer Distrito electoral y conocido por su reputación marihuanera, fueron privados de la libertad el candidato a la Alcaldía, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, ambos de Morena. Sujetos armados llegaron por ellos a un restaurante.
Al día siguiente fueron liberados por sus captores, aunque con algunas lesiones en su físico. Ese 24 de marzo, aproximadamente a las 18:30 horas, los dos se presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para renunciar a la contienda electoral. En su escrito argumentaron motivos personales que convienen a sus intereses. No se supo más.
AGREDEN A EQUIPO DE ACUÑA
Francisco Ramírez Acuña, exdiputado, exalcalde, exgobernador de Jalisco y ahora candidato a la diputación federal del Distrito X por la coalición “Va X México”, denunció que el 7 de abril miembros de su equipo que hacían campaña en la colonia 12 de Diciembre, en Zapopan, fueron amenazados y agredidos verbalmente por sujetos desconocidos, sin que la situación llegara a mayores. “No quisimos averiguar si traían armas”, declaró el veterano político a un programa radial de Guadalajara.
SIN GARANTÍAS
El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, reconoció que los casos de violencia política han sido varios y asegura se han atendido con seriedad y responsabilidad. “Tenemos canales de comunicación con todas las instituciones políticas. Tenemos una Mesa que hemos sesionado en varias ocasiones, donde están inclusive los órganos jurisdiccionales y los tribunales que participan, y nos reiteramos a todos los partidos y los actores, que estamos a la orden, y más en un tema tan delicado y que debemos ver con toda responsabilidad, como lo es el de la seguridad”, expresó Ibarra el 5 de abril.
Dos días después, el presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández, aseguró que existen agresiones que no se han hecho públicas, sobre todo a candidatas que temen por su seguridad y hasta el momento no hay tal Mesa de Seguridad, como la descrita por Ibarra. “No vemos de parte de la autoridad una acción que atienda a la gravedad del problema. Generalmente hay una Comisión, hay una Mesa que convoca el Gobierno del Estado, para que con los partidos se revisen este tipo de problemas. Hasta ahora, aquí no se ha hecho. Y yo creo que hoy, como nunca, los problemas de seguridad son más serios que los que se han vivido en cualquier otra elección”, reiteró el dirigente tricolor.
Ramírez Acuña, coincidió con el priista en que es necesaria una Mesa de Seguridad del Gobierno en este proceso electoral, “y a todo lo largo y ancho del Estado, que funcione esto, para garantizar un proceso electoral justo y unas elecciones que verdaderamente reflejen la voluntad popular”.
El 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan para Protección a Candidatos, que busca frenar el avance de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Sin embargo, en Jalisco se desconocen dichas acciones; los partidos políticos y los candidatos están a la espera que se les informe la cómo acceder a la protección anunciada.
Aquella ocasión, la secretaria reveló los estados donde se presentan estas amenazas electorales: “Más de la mitad de los eventos de violencia política como asesinatos y heridos, se han presentado en este periodo en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa y Jalisco, vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”.
Advirtió que el nivel de Gobierno más vulnerable es el municipal, “más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco, por ello es necesario actuar con una guía clara; hoy presentamos este plan que en primer lugar, es hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales, y otro tipo de autoridades, para que los candidatos cumplan con los requisitos de Ley”.
Como parte del Plan de Protección a Candidatos, se establecerían mesas de trabajo con las secretarías de Gobernación y Seguridad, las fiscalías estatales y los partidos políticos para detectar candidatos con vínculos delincuenciales y brindar protección a aspirantes, entre otras medidas que hasta el momento nadie conoce.
