En su primera gran crisis, Biden se da cuenta que su relación con México es clave para resolverla

Joe Biden se ha negado a llamar la situación fronteriza actual una crisis y ha hecho un llamado para cambiar el sistema migratorio estadounidense por uno que priorice el lado humano del drama migratorio, contemplando el derecho de asilo, el trato debido a los refugiados, los permisos para trabajar y las oportunidades para que familias enteras puedan migrar. Pero el drama parece continuar en la frontera.

Ciudad de México, 11 de abril (OpenDemocracy).- ¿Cómo enfrentará la creciente presión migratoria el Presidente Joe Biden? A continuación cinco puntos imprescindibles para comprender lo que está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México.

ADIÓS TRUMP, ¿BIENVENIDOS TODOS?

El Gobierno de Donald Trump se caracterizó por una retórica de puño de hierro en lo que a migrantes se refiere: aparte de decirles, durante la Asamblea General de Naciones Unidas «no vengan, los regresaremos a sus países», y de su famosa apuesta por construir un muro impenetrable, durante la pandemia anunció un conjunto de restricciones que iban desde no permitir a los migrantes con visas trabajar temporalmente, hasta endurecer la lista de requisitos que le permiten a una persona pedir asilo en Estados Unidos. Joe Biden, en cambio, anunció desde su campaña que Centroamérica y la situación de los migrantes iban a recibir la atención prioritaria de su gobierno.

Desde que se posesionó ha suavizado los requisitos para pedir asilo y puso nuevamente en marcha el Protocolo de Protección de Migrantes, mecanismo que Trump había bloqueado durante su mandato. Esto hizo que miles de centroamericanos atrapados en la frontera, especialmente de los países que conforman el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se movilizaron para intentar cruzar al otro lado, mientras que miles de compatriotas suyos emprendieron caminatas de más de 2.000 kilómetros para alcanzar suelo norteamericano y huir de las realidades precarias de sus países de origen. Aunque el gobierno Biden se está dando prisa para lograr manejar las fronteras, la situación se ha desbordado. Por ahora, solo los demandantes de asilo mexicanos pueden beneficiarse del protocolo de Protección y en el lado mexicano los campamentos de desplazados se multiplican cada día.

UNIDOS CON MÉXICO

El lunes 5 de abril Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para definir cómo manejar la situación de la frontera entre los dos países. Es la primera vez en cuatro años de altibajos en los lazos bilaterales que los presidentes de ambos países llegan a acuerdos explícitos sobre la frontera. Tanto Biden como López Obrador dieron señales de querer avanzar en la relación de forma pragmática, especialmente en materia de inmigración, donde hay más acuerdo: el líder mexicano ha aplaudido que el estadounidense detenga la construcción del muro fronterizo y el programa «Quédate en México». En una declaración conjunta, los mandatarios se comprometieron a impulsar «políticas migratorias que reconozcan la dignidad de los migrantes y el imperativo de una migración ordenada, segura y regular». Biden, además, dejó claro el aprecio que tiene por la población hispana de su país, de la cual un 60% es de origen mexicano.

LA CRISIS DE LOS NIÑOS

Un tema que va a definir cómo será recordado Biden en materia migratoria es el manejo que le da a los niños que llegan a la frontera, una cuestión que resultó muy polémica con Trump en la Casa Blanca. Cada vez más y más menores de edad están cruzando la frontera, sabiendo sus padres que su condición de menores hace que no puedan ser deportados inmediatamente. El gobierno Biden está intentando mejorar la atención que reciben de los guardias fronterizos y en los refugios fronterizos, los mismos en los que Trump hizo que miles de niños vivieran en celdas, a la espera de poder reencontrarse con sus familias.

Pero ¿qué pasa con los niños una vez ingresan a Estados Unidos? Al ser interceptados por las autoridades fronterizas, son transferidos a celdas administradas por la Agencia de Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) por un periodo máximo de 72 horas, establecido por ley. Luego, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) asume la responsabilidad de atender las necesidades de cada niño. A cada uno se le asigna un trabajador social que se encarga de examinar a las familias patrocinadoras que acogerán a los menores mientras sus casos son adjudicados en tribunales de inmigración. Durante este tiempo, el gobierno debe proveerles vivienda y cuidado, lo que incluye educación, hasta que puedan ser entregados a familiares u otros guardianes. Oficialmente, los refugios de HHS tienen una capacidad de 13.000 camas pero, a marzo de 2021, ya hay más de 20.000 menores en estos centros.

Biden, quiere lograr que los niños pasen menos de un mes en estos refugios. Sin embargo, la situación de los menores sigue siendo precaria: mientras están en los refugios, solo pueden salir al aire libre una vez cada 48 horas, se bañan una vez por semana y duermen en colchonetas muy delgadas sobre el piso. Alejandro Mayorkas, abogado cubanoestadounidense y actual Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, afirmó que la situación no es todavía una crisis, pero sí es abrumadora. La Patrulla Fronteriza interceptó en febrero de este año a más niños que durante el mismo mes que en los tres años anteriores. El gobierno ha sido cuestionado en días recientes luego de que medios locales reportaron que el lunes 5 de abril 3.200 niños migrantes, en su mayoría centroamericanos, estaban en celdas de la Patrulla Fronteriza y que la mitad llevaban más de 72 horas retenidos. Según CBS, 170 de ellos son menores de 13 años. Así, la manera en que resuelva esta situación el Gobierno Biden marcará el rumbo de las políticas migratorias del nuevo Presidente.

UN AÑO DE ESPERA

Una pregunta que se plantea una y otra vez es ¿por qué este auge de migrantes hacia Estados Unidos? Un factor clave ha sido la decisión del presidente de Estados Unidos de suspender el Acuerdo de Cooperación de Asilo para migrantes “ACA”, que firmaron los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) con el gobierno del expresidente Donald Trump. La esperanza de una reforma migratoria con cara humana anima a muchos a intentar la aventura de ir al norte. Muchas personas deciden emigrar agobiadas por la pobreza, la falta de trabajo, la corrupción, las bandas criminales, la impunidad, la violencia y las consecuencias devastadoras de los huracanes en su países. Honduras, por ejemplo, todavía sufre los daños de Eta e Iota, los dos huracanes que azotaron en noviembre de 2020 la región. Según la Cepal, los daños tras el paso de los huracanes fueron de 1.879 millones de dólares en Honduras e hizo que se diera una reducción del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Así mismo, dejó a más de cuatro millones de personas afectadas y a 92 mil en albergues. Por otro lado, en El Salvador, a pesar de los esfuerzos no siempre acertados de Nayib Bukele, las conocidas Maras, bandas criminales que continúan ejerciendo una violencia extrema y hacen la vida muy difícil a muchos ciudadanos en los barrios más pobres de las ciudades. Así, pobreza e inseguridad son los dos principales factores que impulsan la migración, también en el caso de Guatemala.

Finalmente, ya fuera del Triángulo, en Nicaragua el autoritarismo y la creciente represión del régimen de Daniel Ortega, junto a una persistente pobreza, hace que más y más nicaragüenses busquen un destino mejor. Además, las medidas contra la COVID-19 fueron desastrosas: a mayo de 2020, mientras el mundo entero permanecía encerrado, los nicaragüenses seguían con los colegios públicos abiertos, las fronteras abiertas, con despidos masivos del personal de salud y celebrando eventos masivos organizados por el gobierno. A inicios de abril de ese mismo año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mostró inquietud por la situación del país, y en junio Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch afirmaron que la falta de estrategia para combatir la pandemia de Daniel Ortega ponía en riesgo la salud de sus compatriotas.

LA AMENAZA POLÍTICA

Si las cifras siguen aumentando, se espera que para finales de esta semana las autoridades migratorias anuncien que se alcanzan las 100 mil intercepciones en la frontera en lo que va del año, Biden se enfrenta a duras críticas por parte del partido Republicano, que puede ver en una crisis migratoria su oportunidad para desgastar a los Demócratas de cara a las elecciones legislativas de 2022 . Esto haría que sus esfuerzos por legalizar a miles de inmigrantes con su Reforma Migratoria estuviera en peligro en el Congreso.

Biden se ha negado a llamar la situación fronteriza actual una crisis y ha hecho un llamado para cambiar el sistema migratorio estadounidense por uno que priorice el lado humano del drama migratorio, contemplando el derecho de asilo, el trato debido a los refugiados, los permisos para trabajar y las oportunidades para que familias enteras puedan migrar.

Sin embargo, esta mirada más empática hacia los migrantes se está encontrando con importantes dificultades en el camino: con la reapertura de las fronteras los migrantes están llamando a la puerta por miles, desbordando la capacidad de gestión en la frontera. Por otro lado, crecen las denuncias por el aumento de las detenciones en la frontera y la falta de agilidad a la hora de reunir a las familias que fueron separadas en la era Trump.

Todo esto ha hecho que Biden se haya visto obligado a ponerse a la defensiva en los primeros meses de su mandato. Sobre el papel, la voluntad de agilizar la implementación de su sistema migratorio es loable, pero al analizarlo detenidamente, está claro que tomará al menos varios meses para ejecutarse de forma correcta.

Así, la situación en la frontera ha ido escalando hasta el punto en que, a mediados de marzo de 2021, el mismo Biden le envió un mensaje a los migrantes centroamericanos: «No vengan, no dejen sus comunidades», con la esperanza de poner en marcha adecuadamente sus políticas migratorias que incluyen, además, un importante plan de ayuda e inversión en los países de origen que logre frenar la necesidad imperiosa que viven tantos y tantos miles de latinoamericanos de migrar hacia el norte en busca de oportunidades.

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