¿Bajar salarios a consejeros da un INE más barato? No. El camino sin rodeos es recortar a partidos

El Presidente de la República dice que hay que reformar al INE, no sólo para fortalecer la democracia en México, sino también para reducir sus costos, entre ellos, el “oneroso” salario de los consejeros electorales. Aunque los ingresos de dichos consejeros cayeron poco más de 30 por ciento en la última década, lo cierto es que aún hay margen de austeridad en el INE, lo que además de recortes salariales, implica reducir el financiamiento a partidos, de acuerdo con el órgano electoral.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Al concluir este año y desde que comenzó a trabajar en el Instituto Nacional Electoral (INE), en diciembre de 2011, Lorenzo Córdova Vianello habrá cobrado aproximadamente 24.2 millones de pesos netos, ya que el actual consejero presidente del INE, al igual que cada uno de los consejeros electorales, cuesta al erario más de dos millones de pesos anuales en salarios y prestaciones.

Sin embargo, a pesar de que Córdova Vianello reconoce que la remuneración de los consejeros electorales sí es elevada, asegura que ha ido a la baja en la última década, toda vez que su cuantía es un tema que tendrán que resolver los poderes Legislativo y Judicial. 

En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Obed Rosas, Lorenzo Córdova mencionó que “en los últimos 10 años no ha habido ni un sólo incremento” de los ingresos salariales de los consejeros electorales. Inclusive, el consejero presidente refirió que “hace 10 años ganaba más, no en términos reales, de lo que se gana hoy”. «¿Era mucho?», se preguntó al respecto. «Yo creo que sí», respondió.

Lo dicho por Lorenzo Córdova Vianello puede ser corroborado con las cifras del INE y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Entre 2010 y 2020, la variación real del salario mensual neto de los consejeros del INE con la clasificación jerárquica salarial más elevada, es decir, con código tabular VC2, que incluye las remuneraciones del consejero presidente, la mayoría de los 10 consejeros electorales y el salario del secretario ejecutivo del INE, fue de -33.8 por ciento.

En ese mismo periodo, la variación real de los ingresos netos anuales, es decir, el dinero en efectivo libre de impuestos que recibieron los consejeros del INE con clasificación tabular VC2, considerando salario y prestaciones económicas, fue de -32.6 por ciento.

Incluso comparando el salario neto mensual y los ingresos netos anuales con prestaciones sin ajuste inflacionario, la tendencia es a la baja. Por ejemplo, en 2020, un consejero (VC2) tuvo un salario mensual de 177 mil 280 pesos libres de impuestos, mientras que en 2012 percibió 188 mil 750 pesos. Algo similar ocurrió con el ingreso neto en efectivo por año. Mientras que en 2020 cada consejero (VC2) del INE se embolsó 2 millones 375 mil 702 pesos, en 2011 generó ingresos por 2 millones 382 mil 77 pesos.

Al respecto, Lorenzo Córdova Vianello dijo a SinEmbargo que «la política que hemos seguido [en el INE] de no aumento es pertinente”, pese a que hay una discusión abierta para determinar cuál es el salario justo que deberían tener los consejeros electorales.

«En la Cámara de Diputados se ha violado la Ley. La Suprema Corte de Justicia les ordenó hacer un cálculo respecto de las remuneraciones de los funcionarios públicos que no han hecho. Hay un dilema: ¿cuánto tiene que ganar un funcionario público? Eso lo va a decidir el Poder Judicial. Para mí es un asunto cerrado”, explicó.

En el marco de una serie de críticas al INE, primero, por la cancelación de 60 candidaturas de Morena, entre ellas la del aspirante a Gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y segundo, por la modificación de mecanismos para evitar la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, que en los comicios de este año afectará en gran medida al partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de estar en duda la imparcialidad del INE, ha sido cuestionado su costo para la democracia, considerando que sus consejeros tienen salarios superiores al del titular del Poder Ejecutivo, que en esencia por nivel jerárquico, debería tener el ingreso más alto dentro del servicio público.

La semana pasada, el Presidente López Obrador dijo no tener confianza en el INE, ya que en elecciones pasadas (las de 2006 y 2012) solapó fraudes electorales, además de ser uno de los órganos autónomos que se amparó en contra las medidas de austeridad republicana, que fueron implementadas por su administración. En consecuencia, explicó que «en materia electoral no [hay que] descartar el que se pueda llevar a cabo una reforma” para fortalecer la democracia y la confianza en el órgano electoral.

Para AMLO, el problema es que el INE se comporta como un “supremo poder conservador” que actúa para mantener sus privilegios, sobre todo considerando que sus altos mandos tienen “sueldos elevadísimos” sin un argumento válido para justificarlos.

AUSTERIDAD EN EL INE

El tema de los salarios e ingresos de los consejeros del INE implica una controversia constitucional sobre si está o no justificado su salario, por un lado, y por otra parte, una cuestión de austeridad republicana, no sólo considerando que ganan más que el Presidente de la República, sino que su nivel de ingresos lo tiene menos del uno por ciento de la población mexicana, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Por un lado, la información disponible de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la PNT indica que durante el último año fiscal, es decir, lo que fue reportado en 2020 que corresponde a 2019, los consejeros electorales con mayor nivel jerárquico percibieron salarios netos por cargo público que son superiores al nivel salarial del Presidente de México. Como ejemplo está el salario aproximado del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, que fue 51.2 por ciento superior al de López Obrador.

Sin embargo, a diferencia de lo que ha dicho AMLO, existe una justificación constitucional del salario de los consejeros electorales del INE.

De acuerdo con la fracción II del Artículo 127 constitucional, ningún servidor público podrá recibir una remuneración por cargo público que sea superior a la del Presidente de la República. Empero, la fracción III de ese mismo artículo establece que un salario superior al del Primer Mandatario es válido cuando «sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos”, o cuando «la remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función”, siempre y cuando no exceda la mitad del salario del jefe del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, y a reserva de los posibles márgenes de error en las cifras oficiales, el salario de los consejeros electorales no sólo se ajusta a la normatividad constitucional, sino que su condición no es privativa, tomando en consideración que una multiplicidad de funcionarios públicos federales que dependen del Poder Ejecutivo, también tienen salarios superiores a los que reporta el Presidente López Obrador, tal y como puede observarse en la siguiente gráfica.

Aunque el cumplimiento de la ley no justifique plenamente el nivel salarial de los altos mandos del INE, su reducción es un tema que hoy revisan tanto el Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una situación que levanta una duda: sin importar la situación o la instancia, ¿es justo que haya funcionarios que ganen más que el Presidente, por cualquiera que sea la razón?

Más allá de la especialización, hay muchos funcionarios públicos –como por ejemplo, Manuel Bartlett Díaz– cuyos ingresos privados duplican o triplican sus ingresos por cargo público. En ese sentido, con la excepción de los consejeros del INE, que por mandato constitucional (Art. 41, apdo. A, inc. E, párr. 3) no pueden tener otro empleo, cargo o comisión remunerado, otra cuestión es si los funcionarios públicos deben tener ingresos por actividades laborales privadas.

En ese sentido, el consejero Roberto Ruiz Saldaña ha dicho que muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Hace poco más de un año, en entrevista con SinEmbargo, Ruiz Saldaña expuso que en el INE hay erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan todas, “podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.

De igual forma, en 2019, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, explicó a este medio digital que “en lo que tiene que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad”, ya que el INE siempre busca «cómo mejorar la operación para ser más eficiente sin perder la eficacia”.

Por lo que respecta al tema de la austeridad en el INE, la cuestión no sólo son los gastos corrientes y los salarios de los altos mandos. En entrevista (2019) con la periodista Adela Micha, el presidente consejero Lorenzo Córdova Vianello dijo que uno de los temas centrales en materia de austeridad es el presupuesto destinado a partidos políticos, para lo que se requiere de una reforma electoral que reduzca los montos destinados a las fuerzas políticas, máxime a nivel local, que «es donde se da el peor manejo de los recursos por parte de los partidos políticos”.

Al respecto, las cifras oficiales indican que en promedio, la tercera parte del presupuesto del INE es destinado al financiamiento de partidos políticos. Un rubro que ofrece un amplio espectro de oportunidades para ahorrar recursos públicos, sobre todo comparándolo con el peso de los salarios de los altos mandos del INE, que corresponden al 0.5 por ciento del presupuesto del órgano electoral, que año con año destina más del 40 por ciento de sus ingresos al pago de servicios personales.

Sólo en los últimos 11 años, entre 2010 y 2021, el financiamiento federal a partidos políticos fue duplicado: 87.9 por ciento real sobre la comparación anual, o 92.7 por ciento real, visto desde el punto de vista distributivo por partido político.

A ello se suma que además del ingreso federal, los partidos reciben dinero a nivel local. Este año, por ejemplo, además de repartirse 7.2 mil millones de pesos para gastos ordinarios y de campaña, las fuerzas políticas recibirán 6.8 mil millones de pesos de financiamiento estatal, a través de los organismos públicos locales electorales (OPLE).