Al término del programa “Quédate en México” se disolvió un campamento de refugiados en Matamoros, Tamaulipas, que llegó a tener a más de dos mil personas en condiciones precarias, insalubres, peligrosas y sin servicios básicos. Sin embargo, al mismo tiempo emergió otro similar en el otro extremo de la frontera, en Tijuana.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Más de 300 familias de refugiados llevan viviendo en un campamento en Tijuana, Baja California, desde febrero, un mes después del inicio del Gobierno de Joe Biden. Las condiciones son «extremadamente» precarias e indignas. Los solicitantes de asilo enfrentan frío, están hacinados y sin acceso a agua ni suficiente gel antibacterial y cubrebocas, por lo que se han registrado brotes gastroenterológicos y respiratorios, reportó un informe del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
«No es común que existan campamentos específicamente de refugiados en Tijuana. Sólo hemos tenido de deportados o de grandes caravanas, pero no con estas condiciones precarias», dijo en charla con este medio uno de los autores que realizó el monitoreo, el investigador Juan Antonio del Monte. «Lo que sí es común es la desatención de las autoridades a la migración y a las emergencias humanitarias».
El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo el miércoles una llamada telefónica con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar precisamente sobre asuntos de migración y combate a la trata de personas y el respeto a los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. Ambos compartieron la urgencia de implementar programas de ayuda humanitaria en Guatemala, Honduras y El Salvador.
No obstante, en el campamento localizado en Tijuana hay alrededor de mil personas, principalmente mujeres y menores de edad, que provienen en su mayoría de Honduras, Haití, Cuba y también de este país. Huyen de las violencias y crisis climática para pedir protección internacional.
Entre ellos, planteó del Monte, circula la desinformación de que el campamento generará «presión política» para obtener el asilo en los Estados Unidos, pero las autoridades norteamericanas ya les pidieron explícitamente que no acampen en la zona del Chaparral.
Aunque algunos llegaron a Tijuana recientemente, la mayoría que lleva meses en territorio nacional se encuentra varada por la contingencia sanitaria. El paso terrestre en la frontera norte ha permanecido cerrado durante un año para mitigar contagios por COVID-19 y la solicitud de asilo no se considera actividad esencial.
«Viven sin servicios sanitarios, bajo pequeñas lonas colocadas sobre la plaza, la banqueta o la calle que no alcanzan a proteger de un clima que ha sido particularmente frío y lluvioso», observa el documento «Condiciones del campamento de refugiados del Chaparral en la frontera de Tijuana» basado en un monitoreo durante la última semana de marzo. «Resulta urgente la instalación de servicios sanitarios, así como la distribución de kits de higiene personal y de tapabocas por parte de autoridades municipales».
Algunas personas del campamento no cuentan con una vestimenta adecuada para el clima de estos meses y varios están descalzos. Otros tantos refugiados no disponen de colchonetas ni de suficientes cobijas o lonas, destacaron los investigadores Juan Antonio del Monte y María Dolores París del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef.
Además, el hacinamiento en las tiendas de campaña y en los estrechos espacios públicos impide la sana distancia necesaria por la pandemia. Las personas sólo pueden acceder a su derecho humano al agua y saneamiento como ir al baño en los comercios de alrededor, pero algunos cobran «desproporcionadamente» por estos servicios, por lo que se obstaculiza el esencial lavado de manos.
En la frontera con México, el Presidente Joe Biden anunció el final del programa conocido como “Quédate en México”, y dio luz verde a la readmisión de los solicitantes de asilo que esperaban en este país desde 2018 y que tenían casos abiertos en las cortes de inmigración estadounidenses. Esto implica la entrada gradual, a través de grupos de 25 a 80 personas diarias en cinco puertos de entrada terrestre, de cerca de 25 mil solicitantes de asilo. No es el caso para los miles que llegaron después.
Esta medida, evaluó el Colef, no cambia de «manera fundamental» la situación que viven en este momento decenas de miles de solicitantes de asilo bloqueados desde hace más de un año en la frontera norte de México: la mayoría interrumpió sus casos de asilo por falta de recursos económicos y de apoyo legal o no logró entrar a Estados Unidos al estar en espera de solicitar asilo cuando se declaró la contingencia sanitaria y el cierre de las fronteras terrestres a cruces no esenciales.
«En Estados Unidos para solicitar la protección basta con cruzar la frontera y entregarse a los agentes de migración. Sin embargo, están siendo deportados porque la administración Trump activó el año pasado un mecanismo de la Ley de Salud (Título 42) que permite deportar a personas calificadas como un riesgo para la salud estadounidense por la pandemia», expuso Del Monte.
Al momento del cierre de la frontera, el 21 de marzo 2020, existían en los puertos terrestres unos cuadernos con listas de miles de personas mexicanas y del mundo entero que se encontraban en espera de entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Durante el año de contingencia y cierre de la frontera, otras miles de personas mexicanas, centroamericanas, cubanas, haitianas, venezolanas y de otros países han seguido huyendo de situaciones de violencia en sus lugares de origen con la intención de pedir protección internacional en Estados Unidos.
El final del programa “Quédate en México” llevó al desmantelamiento de un campamento de refugiados en Matamoros, Tamaulipas, que duró dos años y llegó a tener a más de dos mil personas también en condiciones precarias, insalubres, peligrosas y sin servicios básicos. Sin embargo, al mismo tiempo emergió y ha ido creciendo un campamento similar en el otro extremo de la frontera, en Tijuana.
AUSENCIA DE AUTORIDADES
Ante la falta de servicios básicos y la ausencia de autoridades estatales han surgido algunos brotes gastroenterológicos y respiratorios. También se ha presentado un proceso de autoorganización al interior del campamento como la impartición de clases a niñas y niños por parte de los mismos migrantes, una cocina comunitaria y la autogestión de la seguridad, observaron los académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
«Están expuestos a riesgos de seguridad física muy claros. Hemos detectado presencia de grupos delincuenciales», dijo el investigador Juan Antonio del Monte.
Desde marzo del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) planteó que es responsabilidad del Gobierno de Baja California y de la Presidencia Municipal de Tijuana llevar a cabo acciones inmediatas para evitar “poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas migrantes” que se encuentran en el campamento del Chaparral.
Con excepción de un módulo de la Secretaría de Salud de Baja California, de rondines nocturnos por parte de la policía municipal y de las visitas regulares de miembros de la CNDH, «las instituciones públicas están ausentes del campamento», aseguró el informe.
Durante el monitoreo en marzo tampoco se observó presencia de organismos internacionales, salvo un gran cartel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cerca de la entrada del Instituto Nacional de Migración (INM). Estaba alejado de la mayoría de las carpas, donde se anuncia la plataforma donde se pueden registrar quienes tienen casos abiertos de asilo bajo el programa cancelado. Sólo algunas iglesias y organizaciones de la sociedad civil acuden con donativos para que las condiciones en este espacio sean más dignas.
Asimismo, expuso el informe del Colef, en la información que ha circulado en medios y redes sociales sobre el campamento o sobre los procesos de asilo se han detectado «usos facciosos para generar contenido antiinmigrante o conspirativo» que, alertó, puede ser usado políticamente. La circulación masiva de imágenes y videos con rostros visibles de niñas, niños o personas que están huyendo de la violencia acrecienta la vulnerabilidad de los solicitantes de protección internacional.
