La JIFE, perteneciente a la ONU recordó que los tratados sólo permiten el uso médico y científico del cannabis.
Viena, 25 marzo (EFE).- La JIFE, el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados antidrogas, se muestra preocupado por las iniciativas para legalizar el consumo recreativo del cannabis en varios países, entre los que menciona a México, a los que recuerda su obligación de cumplir las normas internacionales.
«La JIFE sigue preocupada por las novedades legislativas de varios países en lo que respecta al consumo con fines no médicos del cannabis», advierte este órgano en su informe anual publicado hoy en Viena.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recuerda que los tratados sólo permiten el uso médico y científico del cannabis y que cualquier otro uso «socava la adhesión universal a los tratados internacionales de drogas».
La Junta se refiere a estas obligaciones al recordar tanto iniciativas legales en Estados Unidos como el proceso abierto en México para regular el consumo lúdico de esa droga, al que sólo falta su aprobación en el Senado.
En el caso concreto de México, el documento recuerda el proceso legal abierto desde que en 2018 la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana, y afirma que «toma nota» de los cambios legislativos propuestos.
También indica que seguirá en contacto con el Gobierno en este y otros asuntos relacionados con «sus obligaciones legales internacionales».
En su informe, la JIFE advierte de una «creciente epidemia de metanfetaminas» en México, y menciona que entre 2002 y 2016 la prevalencia de uso en la población general creció del 0.1 al 0.9 por ciento, una subida del 800 por ciento.
Además, señala que las sobredosis por heroína detectadas en los últimos años se explican en la generalizada adulteración de esa droga con fentanilo, un analgésico sintético 50 veces más potente que ese opioide.
El reporte habla también del impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el narcotráfico y señala que el propio Gobierno ha identificado tres consecuencias: aumento de la violencia armada; diversificación de la actividad delictiva para compensar pérdida de ingresos, y fortalecimiento de grupos criminales.
