La impunidad de Carlos Romero Deschamps por el Pemexgate de hace 21 años costó y seguirá teniendo un costo al erario. La PGR y el SAT en el sexenio del Presidente Vicente Fox, señalado a su vez por los «Amigos de Fox», fallaron en indagarlo, consideró el exconsejero electoral Jaime Cárdenas, que participó en la investigación del entonces IFE que, aunque se quedó corta, concluyó en una multa al PRI de mil millones de pesos.
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) tuvo la oportunidad de inhabilitar y/o encarcelar al entonces líder petrolero Carlos Romero Deschamps por su participación en el Pemexgate. Sin embargo, el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Francisco Labastida —parecido al de «Amigos de Fox»— se acotó a una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte del Instituto Federal Electoral (IFE). Más de dos décadas después, Romero Deschamps, también denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado ante la Fiscalía General de la República (FGR), gozará de una jubilación con prestaciones de por vida y post mortem por el tiempo que estuvo frente al sindicato petrolero.
En el marco del 83 aniversario de la Expropiación Petrolera, la Unidad de Datos de SinEmbargo informó que quien estuvo por 26 años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (SNTPRM) recibirá una pensión de 45 mil 818 pesos mensuales netos que aumentará cada año, además de aguinaldo, bonificación por ventas de la petrolera, canasta básica, gas, gasolina, gastos funerarios, seguro de vida y servicios médicos integrales. Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) está obligada a seguir pagando su pensión post mortem a familiares como su cónyuge e hijos, quienes han presumido en redes sociales una vida de lujos con autos, yates y accesorios de marcas exclusivas.
«Desde el punto de vista moral, es injusto; no debería de recibir nada un señor que se ha enriquecido tanto a él como a su familia. Pero como cualquier trabajador está haciendo uso de sus derechos laborales», dijo a SinEmbargo Jaime Cárdenas, uno de los consejeros del IFE que formó parte de la investigación del Pemexgate.
Cárdenas reconoció que faltó una investigación «más exhaustiva e integral» sobre posibles mayores desvíos, porque durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada las normas jurídicas no prohibían imponer el secreto fiscal o bancario a la autoridad electoral, los sindicatos aún no estaban obligados a la transparencia y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al inicio se cerró a compartirles las averiguaciones previas. Además, el tiempo apremiaba ya que el periodo de ese Consejo General presidido por José Woldenberg concluía en octubre de 2003.
Para el exconsejero, la Procuraduría General y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también «fallaron» porque «dejaron en la impunidad» a Romero Deschamps, al Tesorero sindical Ricardo Aldana Prieto —quien siguió siendo legislador priista— y a los funcionarios del PRI implicados.
PEMEX ENVIÓ 640 MDP A SINDICATO
Pese a la escasez de herramientas judiciales, con el Convenio 9399, el Instituto Federal Electoral (IFE) comprobó que de los 640 millones de pesos que Pemex envió al sindicato petrolero, funcionarios del PRI retiraron en efectivo 500 millones de pesos un mes antes de las elecciones de 2000.
El órgano electoral concluyó que el dinero era para la campaña de Francisco Labastida, por lo que el 14 de marzo de 2003 impuso al tricolor una «multa histórica» de mil millones de pesos, el doble del desvío acreditado.
«Ninguna autoridad del país se había atrevido a imponer una multa a un partido o a algún particular de mil millones de pesos», subrayó el exconsejero Jaime Cárdenas.
El convenio fue firmado tanto por el líder sindical Carlos Romero Deschamps como por el Tesorero sindical Ricardo Aldana, quienes abrieron una cuenta bancaria en una sucursal de Banorte ubicada en la Ciudad de México.
En junio del 2000, el IFE detectó que funcionarios del área de Finanzas del PRI fueron retirando en sacos de dinero 500 millones de pesos a lo largo de una semana.
Pero a la par de este desvío, Cárdenas expuso que faltó indagar si durante todo el proceso electoral, iniciado desde 1999, Pemex había enviado más dinero al sindicato y si funcionarios del PRI habrían seguido el mismo modus operandi.
Asimismo, tampoco se investigó el sorteo «Milenio millonario» y dos asociaciones vinculadas a la campaña de Labastida llamadas «Impulso» e «Impulso Democrático».
«Era muy difícil investigar, porque no teníamos las herramientas jurídicas. En aquellos tiempos los sindicatos no eran nada transparentes y te negaban la información. Lo mismo ocurría con Pemex. Hoy por lo menos son sujetos obligados de transparencia», dijo Cárdenas. «Y entre los consejeros discutíamos sobre el universo que debíamos investigar o sobre si debíamos informar a los medios de comunicación paso por paso».
LOS AMIGOS DE FOX
Una situación que contribuyó a diluir la polémica por el Pemexgate se explica en parte con lo ocurrido con los «Amigos de Fox».
En junio del 2000, a unos días de que se realizaran los comicios federales, el PRI presentó una queja ante el IFE por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo en favor de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Vicente Fox.
El tema fue creciendo y poco a poco aparecieron más detalles. Ese mismo año el entonces Senador Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos se recibió dinero proveniente de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, para luego transferir los recursos a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación «Amigos de Fox». Después se dio a conocer que esta asociación civil logró reunir 91 millones de pesos para la campaña blanquiazul.
Además, el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano del expresidente) por el delito de fraude. Hasta el 2003 el IFE impuso multas al PAN por 360 millones 971 mil 39 pesos y al Partido Verde Ecologista de México, con quien se unió en los comicios, por 184 millones 198 mil 610. ¿El motivo? Rebasaron los topes de campaña.
Tras las indagatorias se consideró que no se incurrió en ningún tipo de delito de lavado de dinero o electoral, por lo que las investigaciones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en torno al caso quedaron archivadas, mientras tanto, Vicente Fox gobernó hasta 2006.
LOS SEXENIOS DE DESCHAMPS
Veinte años después del Pemex, tras los sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (19914-2006), Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) Enrique Peña Nieto (2012-2018), Romero Deschamps permaneció intocable.
Desde su posición como líder petrolero fue cómplice de los gobiernos priistas y panistas en los desvíos de recursos para campañas, en el descuido en las operaciones que llevaron a la petrolera a producir cada vez menos, y en su última etapa de poderío apoyó reformas cuestionadas como la Energética.
Todos los presidentes se tomaron la foto con él. Incluso, Deschamps logró permanecer, por ejemplo, los 12 años que duraron los gobiernos del PAN.
A lo largo de su mandato, negoció cada dos años con 11 directores de Pemex y siempre consiguió una serie de prestaciones que no tienen símil en ninguna empresa privada. Parte de ese conjunto de beneficios es la cláusula 77 que en las tres décadas que se desempeñó como dirigente jamás fue modificada.
Incluso en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Octavio Romero Oropeza al frente de la petrolera, la cláusula tampoco fue alterada.
Esta semana dejó la nómina de Pemex en la que permanecía cobrando 29 mil pesos mensuales (1.2 millones anuales) a pesar de que, desde octubre del 2019, renunció a la dirigencia del sindicato petrolero en medio de una denuncia que le impuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por enriquecimiento ilícito y lavado.
No obstante, con su pensión asegurada, Carlos Romero Deschamps seguirá manteniendo su forma de vida a costa de recursos públicos, una situación que pudo evitarse hace más de dos décadas con una investigación eficiente sobre el Pemexgate.
