¿De qué acusa el Presidente al Ministro en retiro José Ramón Cossío? Ver la LISTA. Es larga

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Ministro en retiro de no haber estado de lado de causas sociales a su paso por la SCJN, lo que Cossío Díaz rechazó y señaló que el mandatario tiene una «memoria selectiva».

JOSÉ RAMÓN COSSÍO SE DEFIENDE

“Fue una memoria muy selectiva del Presidente, si quisiera recordar con mayor amplitud, pues se tendría que acordar que voté para que no lo desaforaran cuando era Jefe de Gobierno, tendría que recordar que voté en el sentido que él proponía de la consulta a la reforma energética cuando la planteó, por señalar dos casos conspicuos”, argumentó el Ministro en retiro en entrevista con el periodista Julio Hernández, «El Astillero».

Cossío Díaz recordó que a su paso por la SCJN votó a favor de temas relacionados con la diversidad sexual, pueblos indígenas y de personas con discapacidad.

“Me parece muy injusto que diga que yo voté en contra de minorías (…) Realmente no sé a qué se refiere”, agregó el Ministro en retiro.

Cossío explicó que el «problema central» en el caso de la Guardería ABC era definir si el IMSS podía subrogar las guarderías a particular, por lo que pidió que se discutiera ese punto.

«Terminé yo votando en contra porque me parece que una discusión central del asunto era si ciertas funciones tenían que seguirse haciendo por parte del Estado o no», sostuvo en la misma entrevista.

Sobre el Caso Florence Cassez, Cossío Díaz defendió su voto en contra de la libertad a la ciudadana francesa acusada de secuestro en México, tras un montaje por parte organizado por Televisa y Genaro García Luna.

«Que yo no lo haya otorgado la libertad lisa y llana a esa señora, pues me parece que no tenía sentido (…) Me parece que con las pruebas que había bien se pudo haber determinado su culpabilidad o inocencia», expuso.

Sobre la Ley Televisa señaló que el Senado contrató sus servicios cuando era profesor, por lo que cuando llegó al Pleno de la SCJN debía excusarse de discutir el proyecto, lo que finalmente hizo.

«En el caso de Eólica del Sur no se trataba de darle la razón a las empresas o quitarle la razón a los pueblos y comunidades, se trataba de establecer un procedimiento de consulta indígena que fuera lo más explicita posible», explicó sobre la acusación de López Obrador.

LA CARTA

Además de estos señalamientos, esta mañana el Presidente mexicano dijo que envió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para pedirle que determine si al Juez Juan Pablo Gómez Fierro “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión [de la Ley Eléctrica] a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.

La semana pasada, Gómez Fierro concedió amparos para frenar la entrada en vigencia de la reforma, decisión que según el Primer Mandatario se dio “vía rápida”.

López Obrador afirmó, sin mostrar pruebas, que se ha conformado un “buró jurídico” para “oponerse a las obras, acciones y políticas” emprendidas por su gobierno e indicó, al leer la misiva, que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho”.

A pesar de todo, López Obrador se manifestó respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo.

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En respuesta a la solicitud, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea expresó en una carta dirigida al mandatario, que difundió el lunes el Consejo de la Judicatura Federal en su cuenta de Twitter, que la queja será remitida al área correspondiente para que de existir elementos se abra la investigación “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito dijo el viernes en un comunicado, sin mencionar a AMLO, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces su “único compromiso es con la constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”.

La reforma de la Ley de la industria eléctrica, que fue promulgada el 9 de marzo, contempla que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadoras del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, fueloil​ y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.

La nueva regulación —aprobada a inicios de mes por el Senado, controlado por el oficialismo— ha sido objetada por inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que sostienen que atenta contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como con los compromisos de México de reducir las emisiones de carbono. Los inversionistas aseguran además que con la reforma se crea un monopolio gubernamental de facto, se daña la competencia y se encarece la electricidad.

López Obrador insinuó la semana pasada que estaba dispuesto a negociar con las compañías extranjeras si aceptan contratos menos lucrativos. Eso es algo que ya hizo previamente, cuando amenazó con cancelar los contratos de gasoductos para las plantas generadoras a menos que las compañías que los construyeron aceptasen cambios en sus contratos.

Al defender la reforma, el mandatario afirmó el lunes que las empresas que vendían la energía eléctrica a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) “hacían su agosto y vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos” y que esos altos costos se trasladaban al consumidor normal.

Tras el desplome del uso de la electricidad como consecuencia de la pandemia, la CFE sufrió una caída en sus ingresos y un aumento de sus reservas de fueloil​, el cual tiene que quemar pese a que es un combustible sucio que ha perdido uso en el mundo.

Muchas plantas de energía eólica, solar y de gas fueron construidas en México por compañías extranjeras luego de la reforma energética del gobierno anterior, a la que López Obrador se opuso. El Presidente es un férreo defensor de las empresas estatales y los combustibles fósiles.