Por: Claudia de Anda y Matilde Pérez*

“Con mis hechos le diría todo, cuánto la seguimos queriendo porque todavía está aquí con nosotros y por Fernanda en resistencia hasta donde la vida me dé porque yo ya no quiero ser madre de víctima, hoy soy y me he declarado MADRE EN RESISTENCIA por el feminicidio de mi hija en el 2014”.

Mamá de Marifer, víctima de feminicidio

Caso sin culpables y clasificado como supuesto suicidio

Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas

El pasado 20 de febrero, la Auditoria Superior de la Federación ASF, publicó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en el cual entregó e hizo público la última parte de los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del primer año del actual gobierno. Cada año, la ASF fiscaliza una muestra representativa del gasto público, generando evidencia sobre los avances y retrocesos de política pública y el uso de los recursos públicos. El reporte incluye información de 871 auditorias, sin embargo, se realizaron alrededor de 1,400 en total. La información publicada nos permite reflexionar, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), sobre los avances y retos que tenemos frente a un contexto visiblemente desigual, inequitativo y adverso para las mujeres en nuestro país.

Del total de estas auditorias, al menos siete se relacionan directa o indirectamente con el acceso a los derechos humanos de las mujeres, en tres de ellas evaluando medidas, programas, directrices, mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos: en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (1369-GB), la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social (1368-DS), y la política pública de atención a víctimas (1373-DS). Así como, dos auditorías de cumplimiento sobre la Gestión Financiera para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (11-GB) y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (1459-GB); una auditoría de desempeño sobre el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (1382-DS)[1] y por último, una auditoría de desempeño sobre la Protección de los Derechos Humanos (93-GB), la cual retoma las recomendaciones generales emitidas por la CNDH en 2019 a la Secretaría de Gobernación para “elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “para incluir coordinación interinstitucional y presupuestos públicos; [armonizarla] con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Sistema Nacional Acusatorio sobre las facultades del Ministerio Público y el Poder Judicial para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia, así como llevar a cabo reformas en materia de alertas a fin de revisar y aclarar los plazos y los elementos objetivos para la activación”. [2]

En el caso de la evaluación sobre la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la ASF evaluó 12 años del diseño de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de 2007 , año de la publicación de la LGAMVLV a 2019; y de 2010 a 2019, fase de la implementación de la política, con base en la información disponible.

Los principales resultados de la Auditoria señalan entre otras cosas que, “la política para la atención de la violencia contra la mujer no ha sido efectiva, debido a la inconsistencia de sus diseños, a que no se cuentan con instrumentos para conocer la imputabilidad de la política en la situación de violencia contra las mujeres que se presenta en la actualidad, y que la implementación de la política está desarticulada”[3].  Además, la ASF no pudo hacer una valoración para conocer en qué medida se han subsanado los factores causales de la problemática de violencia, por la falta de información y de indicadores que permitieran medir el avance de la política pública  por ejemplo, aun siendo el feminicidio la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, sólo contamos con dos fuentes oficiales sobre feminicidios, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales corresponden al periodo 2015-2019, a pesar de que este es un fenómeno que se ha visibilizado y denunciado en el país, desde 2004.

La ASF tomó los datos del SESNSP sobre feminicidios, del periodo 2015-2019, y realizó una estimación lineal sobre éstos. En 2019[4] estimó que, de continuar con la tendencia de casos de violencia contra las mujeres, los feminicidios alcanzarán su grado más extremo para el periodo de 2019-2030, pues tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9.0%. [5]

Otro hallazgo importante es el tema presupuestario, desde Fundar hemos asegurado que los presupuestos son fundamentales para la concreción de una política pública. En su informe, la Auditoría señaló que, el diseño presupuestario es inconsistente, debido a que la política no cuenta con una estructura programática integral en la que se incluya el total de ramos, funciones y subfunciones, programas presupuestarios y unidades responsables mediante los cuales se programen y ejerzan los recursos para la rectoría y operación de la política, y en el Anexo del PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” señala, por un lado,  la imposibilidad de diferenciar el monto de los recursos destinados a la política antiviolencia contra las mujeres, ya que se agrupan con los de la política de igualdad de género y de combate a la discriminación. Y por el otro, los recursos son limitados, pues, aunque existen 395 programas presupuestarios y 28 actores institucionales federales con obligaciones en la política de violencia, solo en 4 destinaron y ejercieron recursos para la implementación de la política (CONAVIM, INMUJERES, SALUD e INDESOL) las cuales ejercieron un total de 14,428,656.8 miles de pesos, que en promedio anual significó tan sólo un presupuesto de 1,202,388.1 miles de pesos, realmente destinados para combatir la violencia.  Además, no fue posible identificar el monto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a cargo del SESNSP, programados y ejercidos para construir, equipar y capacitar a los Centros de Justicia para las Mujeres.

Por su parte, la evaluación sobre la Política pública de atención a víctimas reconoce que existe una serie de obstáculos para que las víctimas de violencia de género tengan acceso de manera integral a la atención especializada, pues según el informe “se tienen deficiencias para el abordaje diferenciado que permita identificar y atender las brechas de desigualdad que profundizan y agravan los efectos de los hechos victimizantes en todos los ámbitos de la vida de todas las personas y particularmente en mujeres y niñas”. [6]

 Además, en el cumplimiento del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) que abarca a las 32 entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, “son insuficientes los controles que se tienen para dar seguimiento y acompañamiento a las instancias ejecutoras para que cumplan con las metas programadas en el tiempo que señalan las Reglas de Operación”.[7]

Si bien son solo algunos de los hallazgos de las auditorías realizadas, estos confirman la deuda del Estado mexicano hacia las miles de víctimas de feminicidio, como fue denunciado por las mujeres que plasmaron sus nombres en la vallas, ya que:

1. A pesar de los esfuerzos y compromisos internacionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como promover la igualdad de oportunidades y trato entre los géneros, prevalecen los estereotipos de género que no reconocen a las mujeres como ciudadanas con derechos y libertades, un modelo de masculinidad que exalta la violencia y discriminación, y una desarticulación interinstitucional que impide a las mujeres desarrollar un proyecto de vida digno, autónomo y libre de violencia.
2. No existe consistencia entre el diseño normativo, institucional y programático con el diseño presupuestario; aun cuando existan condiciones para una intervención estatal (una estructura institucional definida y un programa integral con objetivos, estrategias y líneas de acción) no se programan los recursos, o se programan de manera limitada, o se programan pero no se ejercen, lo cual es un indicador del nivel de prioridad en la agenda del país y muestra de que no se han desarrollado capacidades institucionales para atender los problemas públicos que afectan o menoscaban los derechos de las mujeres.

La fiscalización por parte de la ASF a la política pública relacionada con las mujeres no es algo nuevo, en el caso de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante el periodo 2011-2017, detalla el informe 2019, se realizaron 15 auditorías de desempeño a SEGOB, CONAVIM, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el INDESOL y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Estas auditorias ya identificaban la falta de coordinación como debilidades de diseño de la política, así como la desarmonización entre los distintos documentos de política en cuanto a las atribuciones de los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres SNPASEVM, así como las faltas de integración del BANAVIM.

A través de los años, se han hecho recomendaciones para realizar reformas legales, cambiar a una gestión por resultados en donde se incluyan objetivos e indicadores estratégicos para conocer el impacto que tiene el programa en la solución del problema, así como para mejorar los métodos para alcanzar los objetivos planteados, y a fin de establecer mecanismos de control eficientes para asegurar la consecución de los objetivos; sin embargo, a 10 años de las primeras recomendaciones seguimos enfrentando los mismos problemas.

Los informes de auditoría no han sido retomados por la propia Cámara de Diputados, el cual, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tiene la tarea de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la ASF en la fiscalización de los recursos públicos, así como de promover que los insumos generados por ésta sean utilizados para corregir irregularidades, rediseñar o fortalecer programas y políticas públicas, y demandar mayor rendición de cuentas o para disminuir o aumentar los recursos públicos a ciertos programas y políticas, dependiendo de su eficacia e impacto para garantizar los derechos humanos, en este caso de las mujeres.

* Claudia de Anda es coordinadora del Gestión Institucional y del Conocimiento, y Matilde Pérez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

[1] Todos estos informes se encuentran públicos en la página de la ASF: https://informe.asf.gob.mx/#0

[2] Cfr. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0093_a.pdf. Pág. 33 y 34

[3] Cfr. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1369_a.pdf Pág. 13

[4] Cfr. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1369_a.pdf. Pág. 13

[5] Op.Cit. pág.

[6] Cfr. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1373_a.pdf Pág. 50

[7] Cfr. https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1459_a.pdf pag. 26

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