Pocas instituciones atrapan tanto la atención pública como la Fiscalía General de la República. Su relevancia, natural en cualquier país, tiene particularidades en México. Primero, la situación de grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos que impera en nuestro país. Segundo, el proceso de transición formal de Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, a una Fiscalía autónoma.

Las procuradurías federal y locales han sido históricamente los brazos punitivos de los gobernantes en turno. Durante buena parte del siglo XX, con la hegemonía del PRI, se consideraba casi natural el uso desviado del derecho penal para castigar a personas disidentes políticas y sociales. Capítulos de nuestra historia como el movimiento cívico-estudiantil del 68, que culminó en la brutal masacre de Tlatelolco y la persecución penal de los líderes estudiantiles es emblemático de una utilización política del aparato de justicia penal donde prácticamente procuradurías (como investigadores y acusadores) y jueces actuaban sistemáticamente en connivencia para castigar a cualquier “enemigo” del régimen.

No sobra decir que la eficacia mostrada para castigar a la disidencia era (y es) inexistente cuando se trata de  garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de violencia criminal y de estado.

Esa arbitrariedad encontró un nuevo escenario en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006 con Felipe Calderón. A partir de ese momento se han conjugado terribles dinámicas de uso político del aparato de justicia, contubernio con grupos criminales y revictimización. La lógica criminal del Estado que se desplegó durante la Guerra Sucia y que creímos haber superado, regresó casi con la misma fuerza ahora en la “nueva” guerra que padecemos hoy día.

Paradójicamente, a inicios del sexenio calderonista se culminó un proceso de reforma constitucional  (2008) que daría a nuestro país un nuevo sistema de justicia penal de corte adversarial, acusatorio y oral. México llegaba como retaguardia de otros países latinoamericanos que durante la década de los noventa e inicios del siglo XXI adoptaron este sistema diseñado para garantizar mayor transparencia y reglas procesales como la presunción de inocencia y la igualdad procesal. Se pretendía que nunca el Ministerio Público omnímodo dejará de ser, en la práctica, Juez y parte dentro del proceso penal.

Aún así, fiel al contexto belicoso detonado por el Gobierno calderonista, se incorporó un pernicioso “régimen de excepción” en nuestra constitución para la persecución de la delincuencia organizada. En los hechos, la excepción se convirtió en regla bajo figuras abusivas como el arraigo, bajo el cual se detenía hasta por 80 días para investigara personas “sospechosas” sin ninguna prueba. Dichas figuras, como era previsible, fueron fuentes de violaciones graves a derechos humanos como la tortura.

Aun con todo lo anterior, el proceso de transición a un nuevo sistema de justicia abría una ventana de oportunidad para construir uno mucho más democrático. Sin embargo gobiernos estatales y federal tuvieron un compromiso parcial o prácticamente nulo. Las judicaturas mejoraron en sus prácticas asumiendo un papel preponderante, mientras las fiscalías se mantuvieron en la lógica autoritaria. Es decir, acostumbradas a disponer del cuerpo de los detenidos y detenidas para arrancar confesiones bajo coacción y así constituir prueba de su culpabilidad, o en el mejor de los casos detener “en flagrancia” a supuestos infractores; las procuradurías optaron por “dejar pasar” esta oportunidad histórica de mejorar en términos técnico-forenses las capacidades de investigación.

Hoy día, ante los recurrentes fracasos en la construcción de casos con base en evidencia sólida, optan por señalar a jueces y juezas como responsables de liberar a las y los imputados, apelando a la llamada “puerta giratoria”[1] como una manera de cargar contra un sistema que, a su parecer, no sirve. Con ello se lavan las manos (“nosotros los detenemos, los jueces los liberan”)  de no haber tomado en serio la reforma del sistema de justicia penal y apegarse a viejas y cuestionables prácticas.

La Fiscalía General de la República, hoy formalmente autónoma, arrastra la incapacidad de investigar casos complejos y se mantiene en la órbita del uso político de sus facultades. La idea de transitar a una Fiscalía que investigara con pulcritud y acusara con eficacia ante un órgano judicial a los responsables de graves actos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos, era una premisa fundamental que motivó el escrutinio público sobre el proceso de designación del primer titular y la participación en la elaboración de una nueva ley orgánica que le diera un marco de actuación.

El nuevo Fiscal Alejandro Gertz Manero mostró desde el principio serias reticencias contra el marco normativo que le obligaba. Dejó pasar plazos y procesos para construir una política criminal, un plan de persecución penal y hacerse de un Consejo Ciudadano. No observó los procedimientos plasmados en ley para la designación de fiscales especializados. Más bien enfocó sus baterías – por qué no- contra el nuevo sistema penal, amagando incluso con una propuesta de contrarreforma sumamente regresiva y desaseada. En el presente, a dos años de su gestión, está sobre la mesa del Senado una propuesta de nueva ley orgánica igualmente regresiva.

El caso Cienfuegos fue muestra de una autonomía a medias, funcional para sustraerse de cualquier mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y colaboración con otras instancias del estado, pero no para “pintar su raya” del Poder Ejecutivo. El caso Lozoya instaló esa sospecha, mientras el caso Cienfuegos la confirmó. Por otro lado, la lógica de arbitrariedad, selectiva y punitiva contra personas que considera “enemigas del régimen” se mantiene. Mientras exoneraba al exsecretario de la Defensa, la FGR acusó a la activista Kenia Hernández de ataques a las vías de comunicación por protestar en una caseta.

Tras dos años de transitar a la FGR, se mantienen intocadas estructuras anquilosadas y personajes obscuros del “viejo régimen”. Pero hay elementos adicionales de preocupación. La entrevista que el Fiscal Gertz Manero otorgó el martes 19 a la periodista Carmen Aristegui evidenció graves falencias en el horizonte de comprensión de quien tiene bajo su mando una institución central del país.

Un Fiscal que espera pruebas en lugar de recabarlas, que abre investigaciones a petición de parte y no de oficio. Un Fiscal que maneja sus argumentos en el terreno de un sistema judicial que formalmente ya no existe (inquisitivo) pero sobrevive en su discurso de manera casi melancólica. Un Fiscal más preocupado y agraviado por la crítica social y no por un país en llamas que acumula víctimas de forma vertiginosa y lacerante cada día. Un Fiscal a la deriva, sin rumbo fijo y perdiendo la oportunidad histórica de construir algo diferente en un país ávido de justicia y paz.

[1]  Se le conoce así al fenómeno en el cual los presuntos delincuentes son detenidos y los jueces los liberan por falta de pruebas o deficiencias en la imputación realizada por el Ministerio Público.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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