García Harfuch niega haber recibido dinero de Guerreros Unidos; no tengo nada que ocultar, dice

De acuerdo con un testimonio sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al que tuvo acceso el periódico Reforma, Omar García Harfuch estaría vinculado con el narcotráfico y, al menos durante 2014, recibió dinero del cártel Guerreros Unidos. Esta afirmación fue negada por el mismo Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quien hace unos meses sufrió un atentado organizado por presuntos miembros del narcotráfico.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, negó que recibiera 200 dólares mensuales por parte del cártel Guerreros Unidos, tal como se afirmó en un testimonio al que tuvo acceso el periódico Reforma.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de seguridad aseguró que no tiene nada que ocultar y que su trayectoria laboral es la que «habla por sí misma».

«Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar», tuiteó Harfuch.

La declaración del Secretario de Seguridad de la capital surgió luego de que el diario publicara una nota titulada «Salpican a Harfuch en pagos del narco», en la que se reveló que un testigo protegido del caso Ayotzinapa aseguró que, durante 2014, el grupo delictivo le daba de manera mensual un pago de 200 mil dólares a Omar García para la operación de narcotráfico.

Esta declaración estaría incorporada en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo para el esclarecimiento de los hechos en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

Además, ésta se hizo bajo la referencia de sobornos que Guerreros Unidos hacían a distintos mandos militares y policiacos para que pudieran operar en Guerrero.

«Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga», se lee en el testimonio al que tuvo acceso Reforma.

Cabe recordar que en aquel entonces (2014), García Harfuch se desempeñaba como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

De acuerdo con el testigo identificado como «Juan», el ahora titular de la SSC-CdMx daba información sobre posibles operativos «y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas».

«Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes», expuso el diario sobre la declaración.

De acuerdo con Reforma, el testimonio de «Juan» ayudó a fundamentar al menos 18 órdenes de aprehensión en contra de 18 militares que estarían presuntamente implicados en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Entre ellas, estuvo la orden de captura del Capitán del Ejército, José Martínez Crespo, quien actualmente continúa su proceso en la cárcel.

«Según el testigo, el ahora jefe de la Policía capitalina estaba ‘bien conectado’ con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del General Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970», agregó el periódico.

En el testimonio de la FGR al que accesó el diario Reforma, se expuso que el cártel de Guerreros Unidos incluía en su «nómina» a militares de los Batallones 27 y 41 de Infantería, a quienes pagaban de 60 mil a 120 mil pesos acorde al rango. Sin embargo, el testigo afirmó que había un General que recibía hasta cinco millones de pesos.

En la declaración se señaló que Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, respectivamente, durante el Gobierno de Ángel Aguirre (2011-2014), recibían 50 mil dólares mensuales.