No se si alguien realmente creyó que el Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador investigaría a fondo y procesaría penalmente a Salvador Cienfuegos Zepeda, pero lo cierto es que desde que el exsecretario de Defensa Nacional fue retornado a México el 18 de noviembre pasado, tras ser detenido en Los Ángeles un mes antes, una amplia mayoría de la sociedad mexicana tenía certeza de que sería exonerado. Tal es la desconfianza en las instituciones mexicanas o tal es la certeza del nivel de impunidad que existe en México.

Finalmente el jueves se notificó oficialmente la exoneración del General en retiro. En un escueto comunicado de 12 párrafos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó “con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR, (…) ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”.

En medio del impacto y en buena medida molestia que ha causado la exoneración del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), poco se ha reparado en que a Cienfuegos se le “investigó” y exoneró en un proceso fast track de apenas seis días, tal como lo admite la misma FGR.

En el párrafo séptimo del comunicado oficial de la FGR del pasado 14 de enero, se precisa que Cienfuegos fue enterado del expediente en su contra a partir del 9 de enero y no desde que fue regresado de Estados Unidos. “El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal”.

El párrafo octavo del comunicado confirma que fue a partir del 9 de enero que el extitular de la Sedena empezó realmente su proceso de intentar probar su inocencia: “A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”.

De este párrafo se deduce que Cienfuegos aportó pruebas y evidencias para desestimar su culpabilidad entre el 9 de enero y una fecha antes del 14 de enero. En esos mismos seis días la FGR recibió, revisó y analizó los elementos aportados por el General en retiro para llegar a la conclusión de que no tenía vínculos con el narcotráfico, como se indica en los párrafos noveno y décimo del comunicado oficial.

“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”.

Además, en esos seis días la FGR llegó a la conclusión de que las finanzas de Cienfuegos eran limpias y hasta estaba al corriente de sus impuestos, se informa en el párrafo onceavo de la Fiscalía. “Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”.

Si nos atenemos a este relato de la FGR, Cienfuegos regresó de su detención en Estados Unidos el 18 de noviembre, pero no fue enterado de inmediato de la denuncia que presentó en su contra la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ni de la investigación que la misma fiscalía mexicana realizaba, sino hasta el 9 de enero. Es decir, pasaron 12 días de noviembre, 31 de diciembre y nueve de enero de este año (52 días en total) sin que Cienfuegos conociera de las imputaciones. Podría alegarse que sus abogados conocían antes de las alegaciones, pero el comunicado no lo dice. Lo que sí dice es que es hasta el 9 de enero en que conocieron el expediente completo.

Todo en menos de seis días. ¿Se puede hacer una investigación seria sobre graves acusaciones de colaboración con el narcotráfico al más alto jefe militar en 144 horas? No es creíble que en apenas seis días se informara a Cienfuegos de las acusaciones en su contra, que conociera el expediente completo, que reuniera pruebas para probar que no tuvo relaciones con ningún grupo criminal, lo que implica demostrar que no tuvo contacto telefónico, por correo electrónico o cualquier otro medio con personajes del crimen organizado y probar además que su patrimonio se corresponde con los ingresos que ha percibido como servidor público. Además de probar que cumple con sus obligaciones fiscales.

Por su parte, los investigadores o ministerios públicos federales encargados del caso tuvieron menos de seis días para recibir los elementos de prueba de Cienfuegos y abogados, revisarlos, estudiarlos, analizarlos y llegar a las conclusiones de la exoneración.

Es poco creíble, por no decir improbable, que todo este proceso jurídico se haya desahogado en tan corto tiempo. Lo que sí deja ver es que el proceso llevado por la FGR para exonerar a Cienfuegos no fue a partir de una investigación profunda y detallada. Fue una investigación en fast track, como si antes de investigar ya se tuvieran las conclusiones a las que se quisiera llegar.

Pero hay dos elementos adicionales que parecen indicar que el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo en realidad intenciones de investigar y, de ser el caso, incriminar al exjefe militar: una es su crecimiento patrimonial, y otra las violaciones graves a derechos humanos cometidas por la Sedena durante la jefatura de Cienfuegos.

Sobre lo primero, el General en retiro multiplicó por cuatro tantos su dinero en los últimos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, según reveló Linaloe R. Flores, en su portal La Cerradura el 16 de octubre 2020.

“(…) el 15 de mayo de 2015, le informó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que tenía una cuenta de banco con tres millones 534 mil 336 pesos. Ese mismo monto pasó en mayo de 2018 a cinco millones 619 mil 730 pesos. Y en apenas un semestre, ese dinero creció como la espuma y quedó en 13 millones 865 mil 443 pesos».

Al menos estos datos podrían haber sido investigados más a fondo antes de exonerar a Cienfuegos.

Pero con independencia de que Cienfuegos ciertamente no hubiera colaborado con grupos criminales, diversas organizaciones sociales probaron a lo largo del sexenio anterior las graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Sedena por todo el país. Además de los casos paradigmáticos de Tlatlaya (junio 2014) y Ayotzinapa (septiembre 2014), soldados y grupos de élite del Ejército cometieron detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, masacres, y ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de Tlatlaya, el Centro Prodh documentó que hubo órdenes expresas de “abatir” a los detenidos a pesar de su presunción de inocencia. En el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) probó la participación de elementos del Ejército en distintos momentos.

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por su parte, probó que al menos siete instalaciones militares fueron utilizadas para torturar y retener personas en Zacatecas, Nuevo León y Durango (Animal Político, 17 octubre 2020).

Pero los casos más comunes fueron las ejecuciones de inocentes con el pretexto de combatir el crimen organizado, como ocurrió en Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero de 2016, cuando un grupo de la Tercera Brigada de Fusileros Paracaidistas detuvo a tres personas al interior de su domicilio sin mediar orden judicial. El operativo se saldó con la muerte de Abraham Rodríguez Martín (20 años) y Luis Enrique Machuca Martín (19 años) a quienes los soldados les quitaron la vida asfixiándolos y rompiéndoles el cuello. A un tercer detenido, lo torturaron hasta creerlo muerto.

Es una vergüenza que el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación no hubiera investigado y sometido a juicio al jefe de quienes cometieron estas graves atrocidades.

Las consecuencias en credibilidad, legitimidad y políticas no se han hecho esperar para el Gobierno de la Cuarta Transformación. La exoneración de Salvador Cienfuegos es vista como una simulación de investigación, como el sometimiento de la Fiscalía a los deseos del Presidente, y el rendimiento de la Presidencia de la República al poderío de los militares.

Ya lo anticipó el mismo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el día después de la llegada de Cienfuegos, que no investigar a fondo al extitular de la Sedena sería un suicidio político para el actual Gobierno. Y en efecto, no se ha equivocado. Los daños son irreparables pues se confirma que la impunidad en México, como la corrupción, es un aceite que hace funcionar la maquinaria del sistema político.

Reitero, aunque Cienfuegos no fuera aliado del narco, se le debió investigar y enjuiciar por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la jefatura de Cienfuegos. Pero el Gobierno de la Cuarta Transformación se rinde ante al poderío de los militares.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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