Al inicio de la pandemia, grupos armados de diversos países ordenaron confinamientos, repartieron mascarillas y suministros médicos y castigaron a los transgresores.
Ciudad de México, 26 diciembre (InsightCrime).- La respuesta de los grupos criminales ante el COVID-19 no ha sido uniforme ni necesariamente exitosa.
El que una organización criminal haya progresado o no durante este año depende de las relaciones previas que haya tenido con el estado, de la diversidad de su portafolio criminal, o de su estructura jerárquica y su capacidad para mantener el orden y la disciplina entre sus miembros.
Al inicio de la pandemia, grupos armados de diversos países ordenaron confinamientos, repartieron mascarillas y suministros médicos y castigaron a los transgresores. Este es un sorprendente ejemplo de la autoridad que los gobiernos habían cedido a las organizaciones criminales, lo que al parecer permitió a cada grupo criminal aprovechar las oportunidades que se generaron durante la pandemia.
Como cualquier otra empresa, sin embargo, las organizaciones criminales sufrieron reveses, perdieron clientes y recibieron golpes de autoridades y rivales por igual. Finalmente, el hecho de haber ganado o perdido durante 2020, al parecer dependió de tres variables principales, que describimos a continuación.
VÍNCULOS PREEXISTENTES ENTRE POLÍTICOS Y CRIMINALES
Los grupos criminales que salieron favorecidos con la aparición del coronavirus fueron aquellos que ya habían forjado una relación con el Estado antes de la pandemia. Uno de ellos es la Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador.
Pocos días después de que se decretó la cuarentena, la pandilla decidió imponer un toque de queda, prohibir las reuniones públicas y determinar cuándo y cómo las personas podían adquirir bienes básicos, como dijo un miembro de alto rango de la MS13 al medio de noticias salvadoreño El Faro, lo cual coincide con testimonios que InSight Crime recolectó por la misma época.
“Caminan por ahí vestidos de negro, con palos y armas de fuego”, dijo a InSight Crime un residente de la comunidad de El Coro, en San Salvador, en el mes de abril, refiriéndose a las patrullas nocturnas de la MS13 que buscaban garantizar el cumplimiento de las restricciones por el coronavirus.
Las pandillas también supuestamente emitieron mensajes de voz, en los que amenazaban con castigar a quienes no cumplieran con el aislamiento, y publicaron videos en los que mostraban personas que eran golpeadas por violar la cuarentena, como informó Los Ángeles Times en el mes de abril.
Pero la MS13 también usó su músculo político. La pandilla tiende a sacar provecho de su capital político, lo cual quedó demostrado cuando fue protagonista de varios arreglos bajo la mesa con funcionarios de diferentes ramas del gobierno, entre los que se encuentran presidentes, alcaldes y miembros del Congreso.
El actual Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no es ajeno a este juego. En su anterior cargo como alcalde de San Salvador (2015-2018), el equipo de la alcaldía de Bukele estableció un intrincado diálogo con la MS13 y sus rivales de Barrio 18 que le permitió a su administración revitalizar el Centro Histórico de la ciudad (como se describe en una investigación de InSight Crime sobre la dinámica de las pandillas en la capital de El Salvador).
Bukele ganó la presidencia en 2019 gracias en parte a este exitoso plan de revitalización urbana; y en 2020, el nuevo Presidente al parecer inició un pacto informal con la MS13 a nivel nacional. A cambio de disminuir la alta tasa de asesinatos del país y permitirle a su partido hacer campaña en las zonas de influencia de la pandilla, la MS13 pudo administrar paquetes de asistencia del Gobierno en algunas áreas bajo su control, según afirma un funcionario del Gobierno que trabajó en el programa administrando las ayudas, así como otros funcionarios del Gobierno que tenían conocimiento de ello.
Mario Vega, un prominente pastor evangélico de El Salvador, también le dijo a InSight Crime en octubre que los programas de asistencia frente al coronavirus financiados por el Gobierno estaban siendo dirigidos por las pandillas en los barrios donde ejercían fuerte influencia. Y Jeannette Aguilar, experta en seguridad y pandillas, afirma que algunos miembros del ejército de El Salvador le dijeron que las provisiones para hacer frente al coronavirus debían ser entregadas directamente a las pandillas.
Otros medios, como Factum, también informaron que la MS13 estaba distribuyendo paquetes de alimentos en comunidades de escasos recursos y haciendo cumplir la orden nacional de utilizar mascarillas. Además, la MS13 también hizo alarde de su relación con el Gobierno. Dos habitantes de San Salvador que viven en barrios controlados por la MS13, por ejemplo, dijeron a InSight Crime que los pandilleros estaban favoreciendo a sus parientes, pues les permitían hacer ventas mientras otros vendedores debían acatar los toques de queda nocturnos.
En uno de los barrios, los vendedores ambulantes pertenecientes a las familias de los pandilleros eran los únicos que podían salir durante el confinamiento, según Mario, uno de los residentes de San Salvador que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
La imposición de estas medidas de cuarentena no era en absoluto uniforme ni completa; el Gobierno de Bukele negó enérgicamente que hubiera llegado a algún tipo de pacto o acuerdo con la pandilla, pero la cantidad de relatos que corroboraron el control de la MS13 era difícil de refutar. En resumen, la banda obtuvo más capital político en medio de la pandemia gracias a su larga relación con el Gobierno.
ECONOMÍAS CRIMINALES DIVERSIFICADAS
La pandemia de coronavirus demostró que la economía criminal suele coincidir con la legal. Los grupos criminales más diversificados y que participan en una amplia gama de actividades lograron capear la tormenta y capitalizar las oportunidades mejor de lo que lo hicieron los que dependen de menos fuentes de ingresos. Esto a su vez tiene una relación directa con las formas en que los grupos criminales muestran su poder.
En 2020, InSight Crime publicó informes que demuestran que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la amenaza criminal predominante de México, en gran parte apoyado por flujos de ingresos diversificados: tráfico de cocaína y drogas sintéticas, control de importante infraestructura portuaria, robo de petróleo y múltiples formas de lavado de dinero. Durante la pandemia, el CJNG ha utilizado esta ventaja para extender significativamente su posición, que de hecho ya es dominante en México.
Sin embargo, 2020 no comenzó bien para el CJNG. El suministro de precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina, que les reportan grandes ingresos tanto en México como en Estados Unidos, se desaceleró dado que los envíos desde China se suspendieron temporalmente. Sin embargo, tanto el CNJG como sus rivales del Cartel de Sinaloa no tardaron en encontrar nuevos proveedores en otros países. En efecto, un informe de The Guardian en el mes de diciembre demostró que la cadena de suministro del comercio de fentanilo se había vuelto más compleja, y que involucraba a países con menos regulaciones, como Vietnam e India. De ser necesario, el CJNG podía incluso robar lo que necesitaba.
Al parecer, el CJNG también se adaptó a otros mercados. Además, arremetió contra competidores debilitados que se habían fragmentado o que no podían hacer frente al impacto del virus. Durante 2020, el CJNG avanzó rápidamente en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.
Esto contrasta con el caso de La Unión Tepito, el grupo criminal más grande de la Ciudad de México. Dicho grupo comenzó en 2020 en una posición cómoda, extorsionando tiendas, puestos de mercado y vendedores ambulantes ilegales en el Centro Histórico de la capital y en otras zonas comerciales. Además, les daba a esos mismos negocios productos falsificados para que los vendieran y estableció numerosos puntos de venta de drogas en barrios exclusivos.
Pero la excesiva práctica de la extorsión hizo al grupo demasiado visible. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, de la Ciudad de México, los casos de extorsión disminuyeron hasta en un 91 por ciento de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Ante esto, La Unión Tepito respondió como mejor pudo. Según informes, sus miembros golpeaban a los tenderos que se negaban a pagar, reclutaron menores de edad para que intimidaran a las víctimas, e incluso han comenzado a extorsionar tiendas en zonas más ricas de la capital.
Finalmente, La Unión Tepito tuvo una mala racha. Las empresas dejaron de pagar las extorsiones y los tenderos se molestaron cuando dejaron de recibir mercancías por las que habían pagado por adelantado. Además, el grupo padeció un alto número de arrestos, su líder ha estado bajo presión, y perdieron zonas criminales clave arrebatadas por la Fuerza Anti-Unión, sus archirrivales, que al parecer se han aliado con el CJNG.
Otra ciudad, Río de Janeiro, ha pasado por conmociones similares a causa del coronavirus, que también se deben en parte a las diversas economías criminales en juego. En este caso, los grupos de milicianos —organizaciones tipo paramilitar compuestas en gran parte por agentes de policía activos y retirados que controlan hasta el 33,1 por ciento de la ciudad— se opusieron a que las empresas cerraran por temor a perder los ingresos de las extorsiones. En mayo, por ejemplo, los tenderos informaron que habían recibido amenazas de muerte por parte de milicianos si se atrevían a cerrar. En contraste, agrupaciones como el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV) y pandillas carcelarias más vinculadas al narcotráfico local impusieron estrictos toques de queda en las favelas bajo su control, yendo de puerta en puerta para advertirle a la gente que se quedara en casa.
Es difícil saber cuáles serán los resultados de las diferentes acciones en términos de gobernanza criminal en el largo plazo, pero en términos sanitarios fueron impactantes. Un estudio realizado en el mes de agosto por universidades brasileñas y españolas halló que el número de muertes por COVID-19 en zonas controladas por las milicias era 29 por ciento superior a la media nacional; en las zonas controladas por el CV, las tasas de mortalidad fueron 43 por ciento inferiores a la media nacional.
“Los resultados muestran que la reacción del crimen organizado a una crisis de salud pública depende de su forma de gobernanza criminal”, se lee en el estudio.
UNA ESTRICTA ESTRUCTURA DE MANDO
El CJNG se benefició de la pandemia no solo por la diversificación de su portafolio, sino también por su mando centralizado. La expansión en 2020 se debió sobre todo a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En los últimos años, ha habido rumores acerca de su mala salud, nunca ha sido visto y su nombre rara vez ha sido utilizado, pero al parecer utilizó la pandemia para reafirmar su evidente control sobre el grupo, comandando tanto sus acciones violentas como sus intentos de ayudar a la comunidad.
Primero, El Mencho hizo una demostración de poder: en julio, el grupo hizo circular un video en el que aparecían docenas de hombres con trajes blindados que gritaban el nombre del líder. Poco después, se publicaron mensajes o videos en los que se expresaba la lealtad del grupo hacia él después de las agresivas invasiones del grupo en Zacatecas y Ciudad de México, así como en Guanajuato, donde el CJNG derrocó al Cartel de Santa Rosa de Lima.
En el este de Veracruz, el CJNG también expulsó a los grupos escindidos de Los Zetas (agrupación que ya ha perdido su poder), les arrebató el control de varias prisiones en el estado y se desplazó hacia el norte para enfrentar al Cartel del Golfo. Allí, el grupo entregó cajas de bienes básicos a los residentes rurales, quienes fueron filmados dándole las gracias a El Mencho.
Donde la expansión del grupo fue más eficaz y despiadada fue en el estado de Zacatecas, al centro del país. En abril, los habitantes de 17 municipios del estado encontraron, un día al amanecer, varias “narcomantas” con mensajes similares que aclamaban el control de El Mencho: “Desde hoy, el estado de Zacatecas está representado por el CJNG”, se lee en una de ellas. “Garantizamos la seguridad y el respeto a los ciudadanos de Zacatecas, como lo hemos hecho en otros estados que representamos. Pedimos a las autoridades que no colaboren con secuestradores y extorsionadores para que no se conviertan en nuestros enemigos”.
Estos mensajes estuvieron acompañados de videos en las redes sociales, en los que se veía a integrantes del CJNG que decían: “Zacatecas ya es nuestro […] pertenece a don Mencho”.
En Colombia, la jerarquía interna también afectó la capacidad de los criminales para imponer su voluntad durante la pandemia. Esto se pudo ver al comparar acciones similares de dos de los principales grupos del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cuenta con una estructura de mando centralizada, y Los Urabeños, una organización menos cohesionada que surgió de los antiguos ejércitos paramilitares.
En teoría, los dos grupos son similares. Según un informe publicado en septiembre por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Los Urabeños se han extendido más. El informe señala que están activos en más de 200 municipios de Colombia, un número superior a los 160 del ELN. Los ingresos de ambos grupos provienen de una gran variedad de actividades criminales, como la extorsión, la minería ilegal y el tráfico internacional de drogas.
Pero esto es solo una parte de la historia. Mientras que el ELN tiene frentes distintos que operan con un alto grado de autonomía, todavía responden a un Comando Central (COCE). Por el contrario, Los Urabeños combinan células controladas directamente con bandas criminales locales y semiautónomas que operan bajo lo que se puede considerar un sistema de “franquicia”.
Estas diferentes formas de organizar a sus integrantes se manifestaron en 2020. En febrero, el ELN declaró un “paro armado” a nivel nacional. En al menos 27 operaciones documentadas a finales de febrero, comunidades rurales enteras fueron encerradas mediante toques de queda. La infraestructura eléctrica fue derribada, las carreteras fueron cerradas debido a amenazas de bombas y explosivos, y aparecieron grafitis y banderas pro-ELN por todo el país.
En octubre, Los Urabeños intentaron su propio ataque armado, que no fue muy trascendental. Si bien aparecieron grafitis en alusión al grupo en paredes y casas en alrededor de 60 municipios de todo el país, no se apreció el mismo nivel de control del ELN ni el posterior efecto dominó en las comunidades.
La pandemia ayudó a profundizar estas diferencias. Cuando comenzó, el ELN declaró “un alto el fuego indefinido como un acto de humildad y grandeza [y para] liberar al país del temor a la guerra, al menos durante estos tiempos de emergencia”.
Poco después del alto el fuego, el ELN utilizó amenazas violentas para amedrentar a la población. A principios de abril, circularon panfletos en el departamento de Bolívar, al norte del país, que decían que el ELN estaba “obligado a matar gente con el objetivo de preservar vidas”.
El grupo además actuó de manera coordinada y decisiva para expulsar a sus enemigos, especialmente al Ejército Popular de Liberación (EPL), un antiguo grupo guerrillero convertido en organización criminal, y a Los Rastrojos, los cuales, al igual que Los Urabeños, surgieron de las cenizas de los ejércitos paramilitares.
En Norte de Santander, el ELN también impuso toques de queda y controles en las carreteras, mientras se comunicaba sin ningún inconveniente con los miembros de la organización en Venezuela. Allí, la lucha del ELN contra sus enemigos tuvo el apoyo prácticamente abierto del ejército venezolano, que ha declarado a Los Rastrojos, los cuales controlan gran parte del contrabando transfronterizo y el tráfico de personas, como un objetivo prioritario.
Este apoyo del Gobierno venezolano también ayudó al ELN a hacer avances significativos en Venezuela, tanto a lo largo de la frontera como en el estado de Bolívar, donde domina gran parte de la minería ilegal, controla varias comunidades indígenas y puede desviar alimentos, agua, gasolina y otros bienes para suplir sus necesidades.
Todo esto resultó más sorprendente dado que existían dudas acerca de si la estructura de mando y control del ELN sobreviviría en 2020. Desde que las conversaciones con el Gobierno colapsaron a principios de 2019, varios de los principales líderes del ELN han debido permanecer en Cuba, donde se estaban llevando a cabo las conversaciones, por temor a ser procesados en Colombia o extraditados a Estados Unidos. Uno de los comandantes más visibles de la guerrilla, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel”, fue asesinado en octubre por las fuerzas gubernamentales.
A pesar de estas amenazas, la jerarquía del ELN aparentemente permaneció inalterada; sus frentes disfrutan de cierto grado de autonomía, a la vez que atienden las instrucciones provenientes desde el centro. Además, el grupo logró expandirse agresivamente, sin mayor resistencia por parte de las fuerzas venezolanas, mantener el control sobre las lucrativas economías transfronterizas, e incluso ejecutar a los insubordinados.
Por su parte, Los Urabeños tuvieron dificultades para mantener el statu quo. El grupo intentó reactivar rutas antiguas y peleó por otras nuevas, atento a la cocaína que sale de la costa Caribe colombiana. Sin embargo, gran parte del mando todavía parece concentrado en las manos de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, cuyos socios y familiares son regularmente arrestados o asesinados. Por eso no se sabe hasta qué punto puede coordinar las acciones de los miembros y socios del grupo.
Por ejemplo, en lugares donde el ELN logró expandirse, Los Urabeños tuvieron dificultades. En 2020 intentaron avanzar en el departamento de Nariño, al sur del país, una zona muy disputada, epicentro de los cultivos de coca y una de las áreas más violentas de Colombia. Allí, el grupo no ha establecido ninguna medida tangible de control, sus comandantes han sido arrestados y sus arsenales han sido incautados.
