Los arrestos de Emilio Lozoya, César Duarte Jacquez y el General Salvador Cienfuegos; las audiencias en la Corte de Brooklyn en contra de Genaro García Luna; el seguimiento a los procesos penales de Rosario Robles y Alejandro Vera Jiménez, y la investigación y acusación en contra de Luis Videgaray Caso, fueron de los principales acontecimientos que mantuvieron la atención de la opinión pública.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El 2020 no sólo estuvo marcado por la pandemia COVID-19. Detenciones, extradiciones, liberaciones, investigaciones y los procesos penales en contra de altos exfuncionarios y personajes ligados a la élite política mexicana acapararon gran parte de la agenda mediática en este año que está por terminar.
Los arrestos de Emilio Lozoya en Málaga, España, César Duarte Jacquez y el General Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, así como las audiencias en la Corte de Brooklyn en contra de Genaro García Luna; el seguimiento a los procesos penales de Rosario Robles y Alejandro Vera Jiménez y la investigación y acusación en contra de Luis Videgaray Caso fueron de los principales acontecimientos que mantuvieron la atención de la opinión pública.
Durante este año también se emitieron importantes órdenes de captura en contra de exfuncionarios de alto nivel quienes ahora se encuentran prófugos. La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado como el principal artífice de la llamada “verdad histórica”, la versión desmantelada del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Además, el Gobierno estadounidense presentó cargos contra los exfuncionarios y subalternos de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño.
SinEmbargo te presenta a continuación una recopilación de algunas de las judicializaciones que estuvieron en el ojo del huracán, donde en ninguno de los casos se ha obtenido justicia hasta el momento, pues todos siguen en proceso y aún no llegan a juicio.
SALVADOR CIENFUEGOS
Uno de los eventos que más asombró en 2020 y que incluso fue catalogado por la revista New York Time como una de las 18 cosas nunca antes vistas en Estados Unidos y el mundo, fue la detención del General Salvador Cienfuegos. Más sorpresivo aún fue su regreso a territorio nacional y posterior liberación. El hecho inédito se presentó en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
De inicio, su arresto sacudió la relación entre México y Estados Unidos por la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que tenía vigilado al General las 24 horas del día en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno mexicano, quien consideró que hubo una violación a la soberanía nacional y una falta de cooperación en materia de seguridad binacional.
El General duró 33 días encarcelado. El 15 de octubre fue detenido cuando estaba por abordar un vuelo rumbo a Miami. El 5 de noviembre se declaró “no culpable” de los cargos que la Fiscalía estadounidense le imputaba: asociación delictiva para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.
Dos semanas después, el 18 de noviembre, Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
A pesar que el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no era “un camino a la impunidad”, el General no fue detenido. A su arribo a México, Cienfuegos Zepeda solo fue llevado a una sala privada en las oficinas del hangar de la FGR donde le realizaron un dictamen pericial médico y le informaron que ya es investigado en el país; luego el mando militar se retiró a su casa.
GENARO GARCÍA LUNA
Los reflectores del seguimiento a las macro redes de corrupción en México estuvieron puestos en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, casi todo el año por las audiencias públicas, enlazadas vía telefónica, en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien fuera el hombre más poderoso del mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
El encargado de diseñar y conducir la estrategia de Calderón Hinojosa supuestamente “contra los cárteles mexicanos”, cumplió un año preso en Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense lo acusa de favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias. Se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
El 3 de enero de 2020, 24 días después de su captura, García Luna se declaró “inocente” ante una corte de Nueva York, lo que abrió la posibilidad a irse a juicio largo. El 21 de enero compareció por segunda ocasión y ahí el Juez Brian Cogan, que fue el que dictó cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, programó una audiencia nueva para el 2 de abril, pero llegó la pandemia.
La defensa de quien fuera el hombre más poderoso del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa solicitó al menos tres veces la libertad bajo fianza con el argumento de que temía que su cliente se contagiara de COVID-19 en la cárcel de Nueva York, sin embargo, el juez Brian Cogan se la negó.
Diversas audiencias se postergaron debido a la pandemia y a peticiones de la defensa y la Fiscalía. Por ejemplo, la audiencia programada para el 4 de junio se postergó 60 días a petición de los fiscales y la del 30 de julio, se aplazó otros 60 días a petición de la defensa.
El 15 de septiembre, el Juez Brian M. Cogan ordenó que el 7 de octubre sería la audiencia para la actualización del caso y también para leer los cargos que fueron agregados en contra del exfuncioanario mexicano en este 2020.
Ese mismo día, el medio sinaloense Río Doce dio a conocer, que al menos 17 grabaciones –que serían producto de una detallada comunicación que el exfuncionario mantuvo con altos mandos del Cártel de Sinaloa– fueron presentadas el 19 de agosto por la Fiscalía estadounidense para procesar al exsecretario de Seguridad Pública en México.
Finalmente, el 7 de octubre, el llamado Super policía de Calderón compareció frente al Juez Brian Cogan y de nuevo se declaró no culpable, lo que significa que no había negociado con el Departamento de Justicia, es decir, que decidió no cooperar y no ofrecer información como para que el Departamento de Justicia pueda ir más a fondo. Al declararse no culpable, la expectativa es que los fiscales busquen una pena máxima para él.
El Juez Cogan le leyó los cargos en su contra, pero tuvo que interrumpir la audiencia de manera temporal por el desorden que había, pues se trataba de una audiencia pública donde la prensa mexicana pudo conectarse por teléfono. Al retomar la audiencia, el juez agendó la siguiente para el 7 de diciembre, pues dijo que se trata de un caso complejo que además se complica más con la pandemia, sin embargo, esa audiencia nuevamente se postergó: hasta el 17 de febrero de 2021.
García Luna está en espera de la siguiente audiencia en la que se determinará si va a juicio en Estados Unidos; sin embargo, el 6 de diciembre Martha Bárcena Coqui, Embajadora de México ante los Estados Unidos, solicitó la extradición. El Canciller Marcelo Ebrard Casaubon advirtió que la extradición será un proceso largo.
EMILIO LOZOYA
Otro que también llegó a México, el 17 de julio pasado, bajo un proceso de extradición fue Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Lozoya fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España. Era buscado desde mayo de 2019, fecha en la que se emitió la orden de captura por el presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El 28 de julio, Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva para Lozoya durante la audiencia y el Juez determinó que le retiraran su pasaporte, que sea vigilado mediante un brazalete electrónico y que se presente ante la justicia dos veces al mes.
La Fiscalía logró un pacto con Lozoya: el funcionario enfrentaría su proceso en libertad condicional a cambio de dar información y pruebas sobre la supuesta red de corrupción durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).
El 11 de agosto, Lozoya Austin denunció ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
El exdirector de la petrolera estatal acusó al expresidente y a Videgaray de orquestar una operación de sobornos y desvío de recursos para financiar parte de su campaña presidencial y aprobar una Reforma Energética que abrió el sector a empresas extranjeras.
ROSARIO ROBLES
Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
A la exfuncionaria se le relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar tales servicios.
El que Emilio Lozoya pudiera llevar su proceso penal en libertad, a diferencia de Robles Berlanga, desató diversas reacciones y críticas que comparaban ambas judicializaciones.
El 12 de agosto, el propio Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció en una videoconferencia que Rosario Robles estaba en prisión y Emilio Lozoya Austin no, porque la exfuncionaria federal no había llegado a ningún acuerdo para cooperar con la Fiscalía, es decir, que no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
Ella ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia, pero el 23 de noviembre trascendió que la exfuncionaria habría decidido, por fin, acogerse al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de un proceso más amable.
Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, dijo en una entrevista con Milenio Televisión que la disposición de su cliente a colaborar fue notificada a la FGR, bajo el señalamiento de que podría obtener información “de primera mano” sobre el caso.
LUIS VIDEGARAY
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una investigación en contra de Luis Videgaray Caso, excanciller de México, por diversos señalamientos en su contra ligados con presunta corrupción.
El pasado 25 de noviembre, el diario Milenio dio a conocer que la UIF comenzó a rastrear los movimientos financieros del también extitular de la SHCP del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que Emilio Lozota Austin, exdirector general de Pemex, realizara en agosto pasado una denuncia en contra de Videgaray Caso y del propio Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Luis Videgaray fue señalado en una denuncia de Emilio Lozoya también como responsable de orquestar una operación de sobornos y desvío de recursos para financiar parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
CÉSAR DUARTE
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue detenido el 8 de julio en Miami, Florida. El exmandatario, quien era de la camada de políticos promocionados por Peña Nieto como “la nueva generación del PRI”, contaba con al menos 21 órdenes de aprehensión en México por delitos relacionados con corrupción.
Duarte, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”, fue recluido en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y está a la espera del juicio de extradición que solicitó México por desvío de dinero y delitos electorales.
El consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, detalló que la audiencia final para la extradición del exgobernador se realizará el 14 de enero de 2021 y no presenta diferimiento alguno.
La Jueza estadounidense Lauren F. Louis concedió el 16 de diciembre dos semanas más –hasta el 30 de diciembre– a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para responder al memorando de la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de dinero y delitos electorales.
Sin embargo, Espinoza Cortés aclaró que, aunque la defensa de Duarte solicitó la ampliación de tiempo para responder sus argumentaciones legales, «eso en nada cambia la fecha de la audiencia para su extradición fijada para el 14 de enero del 2021”, señala un comunicado de prensa emitido por el Gobierno de Chihuahua.
ALEJANDRO VERA
Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue vinculado a proceso por el desvío de 450 millones de pesos de recursos públicos el 16 de octubre.
A mediados de año, el exrector logró imponer un amparo ante un tribunal colegiado por una denuncia interpuesta ante la Auditoría Superior de la Federación, en la que se le acusaba del desvío de 239 millones de pesos de recursos públicos en el esquema de “La estafa Maestra”.
La Fiscalía Anticorrupción realizó la acusación por el delito de peculado obteniendo así la vinculación a proceso desde el 27 de enero, pero gracias a un recurso de apelación se pospuso, hasta que en octubre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia lo desecharon y ratificaron la vinculación.
