Hace unas semanas, Walmart informó que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) había abierto una investigación en su contra. Días después, la Comisión confirmó lo anterior, en un comunicado en el que no mencionaba a dicha cadena, y que titula “Posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado del abasto, distribución y comercialización minorista de bienes de consumo y servicios relacionados”.

No es la primera vez que la agencia mexicana procompetencia enfrenta al gigante trasnacional, tan sólo en 2018, le prohibió adquirir Cornershop, decisión que impugnó Walmart ante los tribunales especializados en la materia. De alguna forma, esta nueva investigación es otro episodio más de enfrentamiento entre ambas entidades, en la que aparentemente, la Comisión de la que ni el presidente sabe su nombre (dicho por él mismo) es el débil David y el poderoso Goliat es Walmart.

Pero ¿de qué se trata la actual investigación de COFECE contra Walmart? En el comunicado de prensa en el que la Comisión anunció el inicio de este procedimiento, citó un estudio interno que aparentemente da las pistas sobre el fondo del asunto. El “Estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas” de la COFECE, señala que Walmart es la cadena comercial con más tiendas Bodega, supermercado, hipermercado y megamercado (BSHM) en el país, seguida de Soriana. Asimismo, la modernización de los sistemas de distribución ha aumentado la eficiencia de las grandes cadenas comerciales, a través de altas inversiones en centros de distribución (CEDIS) y el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación. Walmart introdujo los CEDIS a México y es la cadena con más instalaciones de ese tipo, con 16.

La generación de estas eficiencias, al suprimir a los intermediarios, teóricamente deberían traducirse en mejores precios para los consumidores, pero también esta concentración en la que incurriría Walmart podría favorecer su poder de negociación frente a sus proveedores de menor tamaño, lo que podría dañar la eficiencia del mercado en el largo plazo y ahí justamente estaría ocurriendo la práctica monopólica relativa (PMR). De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), las PMR son actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial de mercado (poder de compra, de negociación, etc.) y que tienen, o pueden tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplos de estas prácticas son la imposición de precios o condiciones, compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato, la negativa de trato, boicot, etc.

Sin lugar a duda, Walmart tiene poder sustancial en su mercado, de acuerdo con el estudio realizado por la COFECE, referido líneas atrás; y las características de las empresas que tienen dicho poder, según el artículo 59 de la LFCE. Lo que presuntamente estaría realizando esta cadena de BSHM con sus proveedores, que normalmente son pequeños productores, son conductas como: 1. condicionar a algunos de sus proveedores a que no les venda a otras cadenas comerciales, a fin de evitar su entrada al mercado o forzar su salida al mismo; 2. cambiar unilateralmente las condiciones de contrato, por ejemplo, mediante la imposición de descuentos o retrasos en los pagos a estos proveedores; 3. Aplicar descuentos unilaterales, no pagar el importe establecido o pagar fuera del plazo acordado, además de aplicar cargos no negociados con los proveedores o devolver mercancía sin acuerdo previo. Estas y otras acciones obligarían a los proveedores y productores, que prácticamente tienen como único comprador a Walmart, a reducir al mínimo sus ganancias o salir del mercado por no soportar las condiciones de dicha cadena.

Lo más lógico es que la COFECE, con lo cautelosa y conservadora que es, tenga pruebas sólidas que sostengan su acusación contra Walmart. Es decir, la piedra en el bolsillo de la Comisión, tal como David, debe tener tal peso para atreverse a lanzarse contra el aparato legal y político del Goliat Walmart, y con esto imponerle la supresión de todas las conductas ilegales que estaría haciendo.
Además de aplicar una serie de multas, la más onerosa sería imponer un monto que represente el 8% de los ingresos de la cadena.

¿Cuál sería quizá la estrategia de Walmart para defenderse? El artículo 55 de la LFCE señala que no se castigará por PMR al agente económico que generan ganancias y eficiencia que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia económica, superando sus posibles efectos anticompetitivos, así como resultando en una mejora del bienestar del consumidor y demostrar cosas tales como: a) La introducción de bienes o servicios nuevos; b) El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; c) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción; d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados; e) La mejora en la calidad de los atributos de bienes o servicios; f) Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribución, y g) Las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. Walmart se saldría con la suya, evitando ser castigado, si reúne una cantidad y calidad de pruebas indirectas que demuestren uno o varios de los resultados de esta lista. El gigante podría librar las acusaciones de COFECE con dicha estrategia e imponerse al pequeño que lo trata de maniatar.

A esta historia, que pareciera bíblica, pero tiene en el centro al bienestar de los consumidores y a una pugna que podría o no ser desigual, le queda todo por contarse, en un procedimiento que puede durar casi tres años.

Erik Del Ángel Landeros

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Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y candidato a doctor en Historia por la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Texas y con el Diplomado Líderes Progresistas por la Fundación Friedrich Ebert. Se ha desempeñado en el sector público y académico. Actualmente es profesor en la carrera de Relaciones Internacionales y Coordinador Ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la SRE.

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