En 2019, Sembrando Vida contó con más de 14 mil millones de pesos. Se sembró 80 millones de árboles de los 575 millones programados, un 14 por ciento de la meta y se estima que solo sobrevivió la mitad por falta de planeación en transporte de insumos biológicos. Además de la confusión sobre si es un programa de reforestación o de desarrollo rural, ¿qué riesgos de corrupción brotan?
Ciudad de México, noviembre (SinEmbargo).– A pesar de que el Gobierno federal suprimió a intermediarios y privilegia las transferencias bancarias, desde principios del 2019 hasta mitad del 2020, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas identificó varios riesgos de corrupción en el diseño e implementación del programa social Sembrando Vida, particularmente en posible clientelismo y en la asignación de contratos con adjudicaciones directas concentradas en pocos proveedores, lo que puede provocar la compra a sobreprecios o conflictos de intereses.
Además, expone el reporte, no queda claro si se trata de un programa de reforestación o de desarrollo rural. Si se considera como un programa de reforestación, por lo menos en el 2019 «ha fallado» por problemas en la planeación para siembra de árboles (viables y de calidad) al hacer poco énfasis en que sea conforme a las condiciones agroecológicas de cada territorio. Tampoco se tiene claridad sobre la factibilidad de que los productores puedan sostenerse a partir del ingreso de sus sistemas agroforestales.
De 2001 a 2019, hay una tendencia de incremento acelerado de pérdida de cobertura arbórea (3.99 millones de hectáreas), con un pico en 2009 por incendios forestales. Los estados que más han perdido hectáreas son Campeche, Chiapas (ambos con agroindustria de palma africana), Quintana Roo y Yucatán (cultivos de soya), lo que genera presión en reservas. En 2019, se perdieron más de 327 mil hectáreas, documentó Javier Warman, director de Bosques en WRI México con datos del Global Forest Watch.
En el caso de Michoacán, la dinámica de deforestación sigue aumentando, principalmente por el cambio de uso de suelo de bosques templados y mesófilos a huertas de aguacate por su alto valor en el mercado y alto consumo nacional e internacional. En 1980 alrededor de 30 mil hectáreas se dedicaban a este monocultivo y la tonelada costaba 11 pesos, y para 2019 existen al menos 167 mil y cuesta 20 mil pesos la tonelada. El proceso de la «aguacatización» se está expandiendo desde hace unos 15 años de Michoacán a Jalisco, Nayarit, Estado de México y Morelos, expuso Alfonso de la Vega, especialista en comunidades forestales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Sembrando Vida, uno de los programas prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un presupuesto aprobado de 28 mil 504 millones de pesos para el 2020, casi el doble que en 2019. Se promueve como «el programa de restauración productiva más grande del mundo». Frente a la degradación ambiental, el abandono y el alto potencial agroalimentario de las zonas rurales, pretende promover el desarrollo rural mediante la implementación de sistemas agroforestales en municipios rurales con rezago social a través de una transferencia monetaria de 5 mil pesos mensuales por cada sembrador inscrito, junto con un acompañamiento técnico constante brindado por más de cuatro mil técnicos de campo. También prevé la adquisición de insumos, materiales y equipamiento para las plantaciones y para construir viveros o biofábricas para la producción de plantas.
Considerando las experiencias de los programas sociales pasados y la manera en que varios de ellos se han ido corrompiendo a lo largo del tiempo, «la poca información arrojada por el padrón (no se tiene precisión sobre la distribución geográfica de los beneficiarios) impide ver si el programa está adoptando medidas para evitar un posible uso político-electoral de los recursos», expone el informe «Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida» de Ethos, coordinado por Laure Delalande y Carolina Plata.
«Pero el flanco más débil del programa en términos operativos reside, sin lugar a dudas, en la asignación de proveeduría, dado que ésta se ha realizado mediante adjudicaciones directas y que se observan fenómenos de concentración de contratos en pocos proveedores», agrega sobre el programa operado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar.
De los 141 procesos de adquisición identificados para el ciclo 2019 y hasta agosto del 2020 en la plataforma Compranet, ninguno de ellos se realizó mediante proceso de licitación pública. Para el año 2019, una sola empresa se quedó con los tres contratos más importantes de proveeduría de insumos y materiales del programa, que suman un total de 628 millones 380 mil pesos y representan el 53 por ciento del total de recursos erogados en contratos para ese año.
Respecto a su impacto ambiental, el informe de Ethos afirma que el país ya cuenta con experiencias de políticas de reforestación que han puesto en evidencia la importancia de tener mucha claridad sobre los sistemas productivos a implementar.
«En una revisión del diseño del programa realizada en 2019, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA) afirmaba que las lecciones [aprendidas] no se están incluyendo [en el programa Sembrando Vida] y debido a la prisa y a las formas de arrancar el programa se corre el riesgo de repetir los mismos errores que han llevado a fracasos [en años anteriores]», dice. «No se estipula cuáles serían las consecuencias de que los árboles de un sistema agroforestal determinado no crezcan; eso es, la transferencia no parece estar vinculada al éxito productivo y comercial del sistema de producción agroforestal».
Además, expone el informe de Ethos, no se tomó en consideración que la adquisición de materiales biológicos implica un tratamiento especial en cuanto a transportación, almacenamiento y entrega de los mismos. De no cumplirse con ciertos estándares, se puede llegar a desperdiciar una parte importante de los insumos. Como consecuencia, para el primer año de operación, se estima que solo la mitad de los árboles entregados sobrevivieron.
El biólogo y consultor forestal Salvador Anta dijo que sigue la deforestación en México, porque «en esta Administración no existe una política clara que busque frenar la degradación forestal».
En marzo, Javier May Rodríguez, coordinador del Programa Sembrando Vida, renunció a este cargo. En una carta dirigida a los coordinadores territoriales y estatales, a los facilitadores técnicos y a todo el personal del programa Sembrando Vida, May Rodríguez, político tabasqueño cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que la entonces Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, “ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho Programa”.
META NO ALCANZADA EN 2019
«Lo que tendríamos que poner mucha atención es cómo se van a atender cada uno de los riesgos identificados, y aunque el principal es la proveeduría-contratos, para los encargados de operar es importante identificar qué tipo de riesgos realmente afectan la misión misma del programa. El problema es que no es muy claro cómo se vinculan los objetivos con las metas ni el enfoque del programa», observó durante la presentación del informe Arlen Ramírez, especialista en Integridad, Transparencia y Anticorrupción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La población objetivo del programa Sembrando Vida para este 2020 son los sujetos agrarios mayores de edad que habiten en localidades rurales, cuyos municipios se encuentren en situación de rezago social, y sean propietarios de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal. Además, la unidad de producción debe estar ociosa, en condiciones de abandono o sin uso, o con cultivo temporal corto; se excluyen las unidades de producción ubicadas en zonas forestales permanentes o en un área natural protegida; y, para evitar deforestación, no pueden ser apoyadas aquellas unidades que han sido incendiadas o en las que se hayan derribado árboles con el propósito de ingresar al programa.
El programa interviene en 20 entidades y arrancó con 230 mil beneficiarios con miras a cerrar este año con 430 mil. En 2019 se sembró 80 millones de árboles de los 575 millones inicialmente programados, lo que representa un 14 por ciento de la meta y se estima que solo sobrevivió la mitad.
Para finales del 2020, se pretende sembrar 100 millones de árboles más. Se han establecido 566 mil 688 hectáreas de sistemas agroforestales, el 99 por ciento de la meta y hasta junio de este año se han construido 5 mil 670 viveros, 99 por ciento de avance, donde se han producido poco más de 188 millones de plantas. También se encuentran en proceso de instalación alrededor de 7 mil 800 viveros comunitarios y su biofábrica.
«Comparado con el tamaño del programa, los tiempos para la planeación y preparación de su ejecución han sido ínfimos. Se pudieron llevar a cabo pilotos para comprobar la hipótesis de que los pequeños productores puedan incrementar sustantivamente sus ingresos a partir de sistemas de producción forestales. La experiencia de programas pasados muestra que cuando no se tiene claridad sobre los resultados concretos a obtener, muy fácilmente los operadores pueden ir alterando éstos para otros fines; sobre todo cuando los operadores van adquiriendo cierto expertise en el manejo del programa. Este tipo de ambigüedades pueden ir gestando, a la larga, prácticas corruptas», concluye el informe.
Se espera poder observar mejoras sustanciales en los procesos de adjudicación de contratos de proveeduría; integración y seguimiento del padrón; contenido de la información del padrón; y definición y entrega de los apoyos en especie.
