La declaración de Emilio Zebadúa alcanzó al NAIM. La Sedatu, junto con la Segob y la Conagua, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos para comprar terrenos aledaños al aeropuerto a personas que no acreditaron ser los propietarios de dichas tierras y aun cuando la Sedatu era justo la encargada de verificar la validez de la posesión de tierras porque tiene los archivos y expedientes agrarios de todo el país.
-Con información de Efrén Flores y Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El tramo final de la declaración de Emilio Zebadúa González aborda otro caso que retrata la manera en cómo se manejó el dinero en la Secretaría de Rosario Robles Berlanga, en este caso, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con el documento, los actos ilícitos relacionados con el manejo de recursos públicos también llegaron hasta el proyecto de infraestructura más importante de la administración de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
El documento, al que tuvo acceso SinEmbargo, es la declaración con la que Zebadúa González —quien fuera el titular del Órgano Interno de Control (OIC), tanto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu), como de la Sedesol cuando fue liderada por Robles Berlanga— busca hacerse testigo colaborador en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
“Con motivo del ejercicio de mis funciones como servidor público en la Sedatu, tuve conocimiento de los siguientes hechos, que podrían constituir algún ilícito, vinculado con el indebido pago de terrenos aledaños al denominado NAICM”, puede leerse en el documento.
Zebadúa detalló que el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM) —a cargo de Federico Patiño—, la Secretaría de Gobernación –a través de la subsecretaría a cargo del hoy diputado priista René Juárez Cisneros- y la Sedatu de Robles, conformaron un grupo interinstitucional que estableció un mecanismo para adquirir o pagar unos terrenos que servirían al aeropuerto.
Estas tres áreas habrían negociado con “supuestos” ejidatarios y propietarios de las zonas de Atenco y zonas denominadas “Tlateles” o el “Moño”, que también colindan con la obra cancelada hace dos años.
Fue tarea de la Sedatu verificar el cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían tener los titulares de los lotes que se tenían que comprar para el NAIM, ya que está dentro de sus facultades tener los archivos y expedientes agrarios del país y por lo tanto, determinar la validez de una adquisición de terrenos. Así, la Sedatu sería la encargada de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del GACM.
El encargado de realizar esta tarea fue Enrique González Tiburcio, titular de la subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Él, junto con René Juárez y Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 20 mayo de 2017, firmaron un acuerdo con el “Frente Auténtico del Campo” y Juan Loreto González, en apariencia pobladores de “Tlateles” para compensarlos por una superficie de 322 hectáreas.
Pero tras la revisión hecha por la Sedatu de la validez de los derechos de posesión, se encontró que dichos representantes no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de dichos terrenos. Así también fue avalado por la Segob.
“No había posesionarios ni propietarios”, remarcó Zebadúa. Pero aún así, el 7 de junio de 2018, se acordó que se le entregarían 400 millones de pesos a los peticionarios del “Frente Auténtico del Campo”. Casi de inmediato Rosario solicitó a González Tiburcio realizar trámites para contar con el dinero.
Como no se logró acreditar que estas personas eran las propietarias, Gonzáles Tiburcio introdujo el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos. Según Zebadúa, él le informó a Robles que la Sedatu no contaba con la facultad de entregar dichos apoyos ni contaba con el dinero. Ella, de acuerdo con Zebadúa, dijo que procedería “independientemente de su justificación o no” porque derivaba de un acuerdo entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya.
Así se entregaron los 400 millones de pesos; la Secretaría de Hacienda transfirió la cantidad al programa “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” a cargo de González Tiburcio, quien se encargó de solicitar que se expidieran cerca de 200 cheques personalizados.
De estos pagos no hubo contraprestación u obligación de los “beneficiarios”; los terrenos referidos no cambiaron de estatus jurídico. “Se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto, por una Secretaría que no tenía dicha facultad”, agregó Zebadúa.
El día de ayer se dio a conocer que Rosario Robles, decidió acogerse al criterio de oportunidad colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), dijeron fuentes cercanas a su equipo de abogados.
La exfuncionaria está detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019. Y el 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
Antes de terminar su declaración, Emilio Zebadúa añadió: «cabe destacar que todas estas actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del Presidente Enrique Peña Nieto, nunca participé, determiné ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la Secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma».
LA DECLARACIÓN ÍNTEGRA
SinEmbargo tuvo acceso a la declaración de 18 cuartillas que realizó Emilio Zebadúa, exconsejero del Instituto Federal Electoral (hoy INE) y posteriormente Diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dice en su declaración cómo se operó la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo que se fraguó desde los más altos niveles de poder para desviar recursos a campañas priistas.
“Desde el inicio de la gestión del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general, tanto socia como político-electoral, en la que participaron la mayor parte de las dependencias del gobierno”, dice Zebadúa.
Una de las ramas de dicha estrategia, agrega se denominó “Cruzada Nacional contra el Hambre”, por la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para las campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos.
En su narración, Zebadúa (Chiapas, 1961) detalla que en el año 2013 Luis Videgaray, entonces Secretario de Hacienda, dispuso de recursos por un monto cercano a mil millones de pesos para asignarlos a la Cruzada, sin embargo, ese monto en lugar de ser utilizado para las personas de escasos recursos fue directo a organizar eventos de publicidad, campañas de medios, volanteo y grupos de activismo político.
También explica que desde el inicio de esta operaciones e privilegió a los estados con procesos electorales en marcha y que para ejecutar esos recursos Videgaray le propuso a Rosario Robles contratar empresas privadas que proveerían los servicios inherentes a la Campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre mediante la utilización de universidades públicas, ya que la ley facilitaba a los proveedores.
Esto permitió a Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias del Gobierno desviar recursos a las campañas políticas.
EL ARTE DE ESTAFAR
La Estafa Maestra tuvo una estructura orgánica y una ruta de recursos públicos desviados. Dicha estructura tenía como primer filtro al exjefe de la oficina de la Sedesol, Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fungía como enlace entre altos funcionarios del Gobierno federal –como Rosario Robles Berlanga– y universidades y dependencias públicas, para armar la estrategia y acordar la forma y el monto de dinero que sería desviado para “fines de política propagandista y actos proselitistas” del PRI, se lee en la comparecencia magisterial de Emilio Zebadúa González.
El dinero salía de programas federales y era enviado a las universidades y dependencias que cobraban su parte; y basado en un previo acuerdo, también negociado por Sosamontes –con el permiso de Robles– y otros funcionarios públicos, las universidades y dependencias subcontrataban a empresas fachada que, después de cobrar su tajada, “sacaban el dinero en efectivo” y lo entregaban en las instalaciones de la Sedesol y de la Sedatu.
“La Secretaria Robles ordenaba directamente a sus subordinados, los funcionarios responsables de los procesos administrativos y gestiones de pago tal como la Dirección General de Programación y de Presupuesto, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Ejercicio Presupuestal, Dirección de Contabilidad, Dirección de Control Presupuestal de Entidades, Dirección de Tesorería y Subdirección de Presupuesto [a] realizar los pagos […] bajo la supervisión y coordinación del Jefe de la Oficina de la Secretaria […] Ramón Sosamontes”, indica el documento.
De acuerdo con Zebadúa, aproximadamente el 40 por ciento de los recursos triangulados eran devueltos a la Sedesol y a la Sedatu, cuando Rosario Robles Berlanga fungía como titular en el sexenio pasado.
En cuanto al dinero desviado, el otrora oficial mayor de Sedesol y Sedatu también señala que era utilizado sobre todo para dos fines muy particulares: para promocionar al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a Rosario Robles Berlanga en el marco de las elecciones presidenciales de 2018, además de propaganda y movilizaciones para elecciones intermedias, máxime para las del Estado de México en 2017.
Para el primer fin, por ejemplo, Zebadúa señala que un «común denominador […] fue el conjunto de empresas subcontratadas del publicista Juan Carlos Limón, director de la empresa Consulta y Estrategia Política DSV […] que sirvieron para concentrar recursos líquidos para actividades de publicidad”.
Para el segundo fin, que incluye compra de votos y operación electoral en el Estado de México, Robles Berlanga movilizó a funcionarios de alto nivel de la Sedatu, entre los cuales Zebadúa cuenta –además de Sosamontes Herreramoro– al subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio; al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz; al director general del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernández Lara; y al jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, José Antonio Orozco Martínez.
En la comparecencia magisterial, el exoficial mayor de Sedesol y Sedatu refiere operaciones, que asegura haber visto, por al menos 1 mil 267 millones de pesos desviados para campañas de promoción, compra de votos y operación electoral entre 2016 y 2017.
Zebadúa afirma por lo anterior que, a pesar de las advertencias de probables daños al erario público federal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la exsecretaria Robles continuó dando órdenes para desviar recursos sin “informar plenamente de los alcances y los riesgos de dicha política de contratación al titular del Ejecutivo y demás funcionarios responsables de velar por el cuidado de las finanzas públicas del Estado Mexicano”.
JUÁREZ CISNEROS: MIENTE ZEBADÚA
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