El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala dijo que pese el asesinato del opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador «traiciona» al campesino para «favorecer» a las empresas trasnacionales que participarán en el proyecto u obtendrán gas natural.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Eran las 2:15 de la madrugada. Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional desalojaron el plantón que de ambos lados del río Cuautla colocaron desde hace cuatro años los ejidos de Ayala, Morelos, en defensa del agua contra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), parte del Proyecto Integral Morelos que el Gobierno federal decidió retomar en septiembre pese a 19 amparos en proceso. Luego llegaron máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos y cercaron con paredes de lámina, alertó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua.
El Proyecto de más de 20 mil millones de pesos se planeó en 2010 con el Presidente Felipe Calderón e inició en 2012 durante el peñismo sin informar ni preguntar a las comunidades. El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió concluirlo en diciembre. Consiste en la construcción de la central termoeléctrica con gas natural de la CFE en la comunidad nahua agrícola Huexca, Morelos; un gasoducto ya concluido por el consorcio español Elecnor-Enagás que atraviesa una zona volcánica y pasa cerca de comunidades en Puebla, Tlaxcala y Morelos; y un acueducto desde Cuautla con una longitud de 10 kilómetros.
La CFE informó en un boletín que «por tratarse de instalaciones estratégicas», en el reinicio de la construcción del tramo de tubería faltante para conectar a la Central Ciclo Combinado Centro, en Huexca, Morelos, con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR), «participó la Guardia Nacional con el propósito únicamente de salvaguardar el patrimonio nacional. Su intervención se realizó con total respeto de los derechos humanos».
Y, justificó, «actualmente no existe ningún impedimento legal para el reinicio de las obras ni para el inicio de operaciones de la central generadora, ya que no existe orden alguna de jueces que lo impida». La empresa pública agregó que en el proceso de generación la Central Ciclo Combinado Centro no tocará el agua del río Cuautla, sino que utilizará aguas negras tratadas. Para ello, la CFE previamente invirtió en obras de captación de drenaje y de ampliación en la capacidad de procesamiento de la Planta Tratadora.
Sin embargo, en representación de 17 de los ejidos y comunidades que llevan procesos de amparo en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad, el 10 de noviembre se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atienda el caso bajo el expediente de solicitud de medidas cautelares MC-1056-20, para que requiera al Estado Mexicano respete la integridad física de los que se oponen al PIM, así como que suspenda el funcionamiento del Proyecto, respetando los amparos y suspensiones otorgadas.
«La petición de intervención internacional de protección de derechos humanos se realiza con motivo de la falta de justicia e imparcialidad que ha tenido este Gobierno sobre el PIM y la grave violación a los derechos humanos que está generando y puede generarse», acusó el Frente en un comunicado.
El 10 de septiembre, evocó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador «mintió» en su conferencia mañanera al señalar que todos los amparos estaban ya resueltos, cuando hay vigentes al día de hoy 19 amparos, nueve con suspensiones del agua, uno con suspensión del gasoducto y uno con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica.
«López Obrador traiciona al campesino y la promesa de cambio de su Gobierno, para favorecer a las empresas trasnacionales que participarán en el proyecto u obtendrán gas natural Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras. Es mentira que la termoeléctrica sea para beneficio del pueblo de México y el fortalecimiento de la industria eléctrica nacional, pues México tiene una capacidad de generación eléctrica 40 por ciento mayor a la que necesita», acusó.
La termoeléctrica solo genera alrededor de 30 empleos permanentes en contrapeso a los más de 15 mil campesinos y jornaleros que viven del agua del riego del río Cuautla y el afluente que proporciona la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR).
La concesión del agua del Río Cuautla, incluyendo el agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR), corresponde a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), donde se encuentran asociados 32 ejidos y 14 pequeñas propiedades cuyos derechos se originan por las dotaciones presidenciales otorgadas en tiempos de la culminación de la Revolución Mexicana. A la fecha, aclaró el Frente sobre lo dicho por la CFE, no se ha realizado ninguna asamblea general de usuarios de ASURCO que pudiera acordar cualquier tipo de cesión de derechos sobre su agua y, por el contrario, los ejidos directamente afectados como lo son Moyotepec, Tenextepango, San Juan Ahuehueyo, Villa de Ayala, Salitre y San Vicente Las Piedras no están de acuerdo con la cesión del agua.
«Ante la acción ordenada por Manuel Barttlet, director de la CFE, y avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los pueblos preparan respuesta. Nos negamos que la 4T se realice con la destrucción de nuestros territorios y la sangre del hermano Samir Flores [opositor al proyecto asesinado en febrero de 2019]. Solicitamos su solidaridad para defender el agua que es para producir alimentos», aseguró la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala ha señalado previamente que el Gobierno federal planea concluir este proyecto en diciembre a pesar de que la mayoría de los amparos y suspensiones siguen abiertos por la falta de consulta indígena, protección al agua de los ejidos de Ayala (1180/2019 y 162/2020), el gasoducto sobre las tierras del ejido de Amilcingo (1185/2019) y contra la descarga de contaminantes en el río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca (1823/2014).
Ante ello, en septiembre su defensa legal interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz y la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.
