Francisco Javier Pizarro
22/11/2020 - 12:01 am
Antes de tomar decisiones hay que pensarlo muy bien
Consideró que la FGR está obligada a investigar los delitos imputados por EU, pero también –y en primera instancia— la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa y las masacres de Tlatlaya y Nochixtlán, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tragedias que se imputan al Ejército.
“La censura popular no tendrá en cuenta las veces que acierte, sino las que se falle. Los males son más conocidos por murmuraciones que los buenos por aplausos” (Baltasar Gracián, escritor español del Siglo de Oro. 1601-1658)”
Apelo a este proverbio que, en mi opinión, Estados Unidos y México debieron de haber tomado en cuenta, antes de acordar de manera repentina la cancelación en EU del proceso jurídico por narcotráfico y lavado de dinero del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, repatriado a México a condición de que sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual –hay que decirlo– no cuenta, por ahora, con ninguna orden de aprehensión en contra de Cienfuegos que arribó al Estado de México el miércoles pasado como “ciudadano mexicano repatriado en libertad”.
El insólito acuerdo del pacto referido generó un cúmulo de dudas y confusión entre los ciudadanos y por supuesto de especulaciones diplomáticas, políticas y acres comentarios en contra de ambos gobiernos.
Por razones de espacio, haré referencia a los pronunciamientos oficiales más relevantes de los funcionarios de EU y México. “Los Estados Unidos han determinado que sensibles e importantes consideraciones de política exterior sobrepasan el interés del Gobierno de perseguir un proceso judicial contra el acusado, y bajo esas circunstancias, se solicita desechar el caso”, dijo el Fiscal Seth DuCharme a la Jueza federal de distrito.
El Fiscal interino de Nueva York fue más explícito: “Había otros intereses que se tomaron en cuenta. Algunas veces las políticas exteriores de Estados Unidos, la amplia seguridad nacional y las relaciones de las autoridades pesan más que los intereses de un Fiscal en particular”.
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, por su parte, señaló que la instrucción presidencial que recibió fue la de defender “la dignidad y prestigio” de México ante las autoridades de Estados Unidos.
En el ámbito político, las opiniones de los adversarios de AMLO son otras y sumamente agresivas. Unos afirman, a su manera, que el acuerdo en comento fue aceptado por Trump en gratitud a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “se negó a reconocer y felicitar el triunfo del candidato demócrata, Joe Biden”. Otros sustentan, sin prueba alguna, que la cofradía del Ejército dobló al Presidente López Obrador para insistir a Estados Unidos a que liberara al General Salvador Cienfuegos.
Eso no es todo. Incluso el General Gallardo Rodríguez pregona que la decisión de retirar en EU los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional es evidencia de un “pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el mandatario López Obrador”.
En el ámbito periodístico se perfilan múltiples galimatías. Comparto dos: “Si la FGR investiga a Cienfuegos, se enfrentará al Ejército mexicano; si no lo hace a Estados Unidos” (Ricardo Raphael); “Deportación de Cienfuegos es un búmeran para AMLO” (Anabel Hernández).
En respuesta a esos pronunciamientos, el Presidente de la República reiteró una vez más: “El Gobierno mexicano no actuó de manera extralegal, sino para hacer valer el acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado en 1927, que fue violado porque nosotros no tuvimos ninguna información sobre las acciones jurídicas de Estados Unidos contra el militar, de manera que no hay nada oculto ni se negoció la impunidad, encubrimiento o subordinación política”.
Veremos y diremos quién o quiénes tienen la verdad de este galimatías. Por mi parte, consideró que la FGR está obligada a investigar los delitos imputados por EU, pero también –y en primera instancia— la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa y las masacres de Tlatlaya y Nochixtlán, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tragedias que se imputan al Ejército.
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