Como en su momento se vio acorralado por la detención de los exfuncionarios federales Rosario Robles y Emilio Lozoya, el expresidente Enrique Peña Nieto ha vuelto a estar bajo acecho, por el presunto operador de la Estafa Maestra, Emilio Zebadúa, y el exgobernador Javier Duarte, quienes han ofrecido hablar sobre la participación del priista en esos desvíos y en los sobornos de Odebrecht, caso en el que también se relaciona a su hombre de confianza, Luis Videgaray Caso, sobre quien se prepara una solicitud de orden de aprehensión. Pero, dicen analistas, aunque las piezas estén puestas es una estrategia más política que jurídica.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– Hace ocho años se refugió en una esquina de la Universidad Iberoamericana frente a abucheos de estudiantes por su gestión en el Estado de México. Ahora, en solo una semana, el expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acorralado por exfuncionarios de su Gobierno por el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht. Incluso ha recibido un consejo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo: correr a Timbuctú, puesto que el presunto pacto de impunidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar en riesgo.
«Peña Nieto está acorralado desde que terminó su sexenio. Hay pruebas contundentes de que hubo corrupción no solo durante su Gobierno, sino también durante su campaña. En cualquier país medianamente democrático ya estarían llamándolo a que comparezca», dijo el analista político de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint. «Todas las pistas apuntan a que aceptó obtener recursos de forma fraudulenta para su campaña. Están todas las piezas, por qué no lo hace la Fiscalía. López Obrador lo hace más para seguir lucrando políticamente con lo que fue la corrupción del PRIAN. No le interesa mucho procesar al expresidente, no veo probabilidad de que caiga o que mínimo venga a México a testificar, porque cada que el fuego se acerca al expresidente Peña Nieto, las cosas se apagan y quedan en operadores intermedios».
Sumado a la consulta ciudadana sobre enjuiciar a expresidentes y las declaraciones del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sobre la planta chatarra Agronitrogenados, este lunes se dio a conocer que Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –a quien llegaron diversas advertencias sobre triangulaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, ofreció convertirse en testigo protegido y dar información sobre los desvíos de recursos públicos encabezados por su exjefa Rosario Robles Berlanga y, asegura, Peña Nieto está relacionado.
El politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García Guzmán, coincidió en que son bajas las probabilidades de que Peña Nieto sea llamado a declarar por ahora, ya que a la luz de las elecciones de 2021 «tiene un manejo relacionado más con intereses políticos que jurídicos y no solo en este caso, sino en el de combate a la corrupción e inicio de procesos contra funcionarios de administraciones pasadas». Para el académico, al Gobierno federal «le conviene más una amenaza de proceso que un proceso en sí». Quizás a finales de sexenio use esa carta, agregó.
El Presidente López Obrador dijo en la conferencia matutina del miércoles que el criterio de oportunidad debe abonar a la recuperación del daño, en el caso de la Estafa Maestra, el reintegro de al menos 5 mil millones de pesos desviados de dependencias federales a universidades públicas como la de Morelos e Hidalgo y a empresas fantasma.
El viernes además se informó que un Juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, ahora por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero. La exsecretaria de Estado e íntima del expresidente permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, al sur de la Ciudad de México, desde agosto del 2019 señalada de omisión, pero en misivas ha argumentado que la actual Administración federal la mantiene ahí solo porque se ha negado a delatar con información sobre los desvíos que dice no tener.
Otra orden de captura es la que prepara solicitar la Fiscalía General (FGR) contra el exsecretario y hombre más cercano al Presidente, Luis Videgaray Caso, quien actualmente reside en Estados Unidos, como profesor titular y director de un proyecto sobre inteligencia artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo acusa de ser la mente detrás de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2012 y para que legisladores aprobaran la Reforma Energética. La primera orden obtenida fue retirada para pedir otra con nuevos elementos para perfeccionar la acusación, una decisión que para el politólogo Maximiliano García también fue una estrategia política para mantener los reflectores sobre funcionarios peñistas sobre solo una posibilidad de proceso.
«No creo que caiga Videgaray, porque ahí sí puede caer Peña Nieto. Fue clave a la hora de acordar ciertas cosas con la actual administración», consideró el analista Enrique Toussaint. «Pero creo que al Presidente López Obrador le interesa más que se mantenga como un tema de debate político y no de la justicia. Estamos más en la arena política pensando en las elecciones de 2021».
Desde otro frente, el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuiteó que en 2012 recibió una llamada telefónica desde Sao Paulo, Brasil, de la casa de Marcelo Odebrecht, ahora detenido por sobornos millonarios a diversos países, entre ellos México. Era el Presidente electo Enrique Peña Nieto.
«Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial», escribió en su cuenta de Twitter el expriista señalado de lavado de dinero y asociación delictuosa.
«Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad», agregó arrobando a la Fiscalía General. A cambio de declararse culpable para ahorrar tiempo y costos, ya había acordado con la entonces Procuraduría que se le reduciría su pena a nueve años y a una multa de 57 mil pesos. Pero con la prisión preventiva es probable que salga el próximo año o en año y medio.
El Proyecto Etileno XXI en Veracruz, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, ha sido un negocio deseventajoso para Pemex, ya que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos 7 mil 124 millones de pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas, de acuerdo con información oficial analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Toussaint, de la Universidad de Guadalajara, aseguró que la figura del testigo protegido bien aplicada funcionaría, porque en casos como AHMSA, Odebrecht y Estafa Maestra «son ingenierías del saqueo tan difíciles de rastrear que no hay otra manera de conocer la verdad que fortaleciendo esta figura y dando todas las condiciones para que hablen. Pero cantar es la primera parte. Se debe aportar pruebas de valor. Por eso se ha enfriado un poco el caso de Lozoya».
EL CONSEJO: CORRER
El director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, detenido en España por lavado de dinero en mayo de 2019, y acusado de vender a sobreprecio la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado, aconsejó al expresidente Enrique Peña Nieto «correr», porque cree que hubo un pacto entre elexpresidente, el exsecretario Luis Videgaray y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien está dispuesto a pagarle los 200 millones de dólares por el daño de la venta a la petrolera estatal.
«¿En qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre. Meade. Con el que tenga un camino allanado. En cambio, si hubiera puesto al Doctor [José] Narro, no tuviera la mayoría en el Congreso», dijo en entrevista con Latinus el empresario Ancira, quien estaba en libertad condicional con sus cuentas bancarias descongeladas hasta este fin de semana que solicitó ser reingresado a prisión en España. «El pacto incluye que si tengo la necesidad, porque se me está bajando la popularidad, te descabecho. Mientras no tenga necesidad, la voy llevando».
«Lo primero, que corra, que se busque Timbuctú», aseguró riendo desde España, donde también está el expresidente priista. Compartió que AHMSA lo apoyó con material de propaganda en su campaña presidencial con alrededor de «un par de millones de dólares», a cambio de que le retirara los aranceles al acero, como sucedió.
Pero, agregó, «nunca fui gente de Videgaray, la última vez que hablé con él era Secretario de Hacienda» en 2016. Ancira se considera más cercano a Lozoya en esos años, pero ahora ya no sabe «si odiarlo» por el problema en que lo arrastró con el caso de la planta chatarra de fertilizantes.
Para el empresario acerero, Peña Nieto «fue un muy buen candidato para el PRI, tuvo un perfil brillante. Se preocupó mucho en las reformas que estaba haciendo; es el legado que quería dejar». En seis años, solo lo recibió una vez en Los Pinos, dijo.
