Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y algunos de sus más cercanos colaboradores son investigados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. A lo largo del sexenio pasado, la Auditoría Superior de la Federación detectó casi 10 mil millones de pesos en probables daños al erario público que involucran a cuando menos 75 funcionarios.
–Con información de Daniela Barragán
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El abanico de casos por actos de corrupción y desvío de recursos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza continúa bajo un proceso de investigación que no se debilitó, a pesar del fallecimiento de uno de los hombres más fieles al expresidente Enrique Peña Nieto.
La semana pasada, un juez federal dio luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coadyuve a la Fiscalía General de la República (FGR) con las investigaciones por ilícitos cometidos durante el sexenio pasado, incluyendo los presuntos desfalcos e irregularidades en diversos proyectos de infraestructura pública de la SCT, que entre 2013 y 2018, generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 9 mil 722 millones 608 mil 404.02 pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Desde finales del año pasado, la UIF de Santiago Nieto Castillo luchó para colaborar en las investigaciones en contra de Ruiz Esparza, no sólo porque el Ministerio Público Federal trató de impedir que se involucrara, sino también porque según Nieto Castillo, “en la SCT no dejaron piedra sin labrar”, lo que implica que hubo actos de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de altos funcionarios públicos de la SCT del peñanietismo.
Aunque Ruiz Esparza falleció hace medio año a causa de un infarto cerebral, los probables actos de corrupción durante su gestión como Secretario de Estado siguen vigentes, sobre todo considerando que además de él hubo decenas de funcionarios públicos de alto nivel involucrados directa o indirectamente, quienes podrían ser investigados y llamados a rendir cuentas ante la UIF y la FGR.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece (Artículo 74) que la posibilidad de imponer sanciones por faltas graves y no graves prescribe siete y tres años –en cada caso– después de cometidas las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, o desde el día en que fuera admitido el informe de presunta responsabilidad administrativa.
De acuerdo con los datos analizados por SinEmbargo, entre 2013 y 2018, los probables daños al erario público de la SCT se inscriben en tres grandes categorías de irregularidades: pagos anómalos y falta de cobro de penalidades a proveedores que incumplieron, pérdidas económicas relacionadas con anomalías en bienes y servicios contratados, así como incumplimientos de contrato (tanto de entes públicos como privados) y falta de cumplimiento en procedimientos administrativos.
La primera categoría de irregularidades causó probables perjuicios económicos por 5 mil 90 millones 300 mil 213.70 pesos, o el equivalente al 52.4 por ciento de los posibles daños registrados durante el periodo. La segunda categoría sumó irregularidades por 2 mil 398 millones 716 mil 48.18 pesos (24.7 por ciento) y la tercera por 2 mil 233 millones 592 mil 142.14 pesos (23 por ciento).
A grandes rasgos, los presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos incluyen faltas administrativas relacionadas con el probable desvío de recursos, irregularidades en el manejo del dinero público, anomalías en la ejecución, contratación y concesión de obras, bienes y servicios, además de inconsistencias en la información financiera o programática de las entidades fiscalizadas, de acuerdo con los supuestos de denuncia establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Los datos de la ASF también indican que la mayor parte (60.4 por ciento) de los probables daños al erario público de la SCT de Ruiz Esparza ocurrieron por presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios de los órganos desconcertados de la dependencia federal. El resto de los perjuicios ocurridos sería responsabilidad de las distintas áreas centralizadas de la Secretaría (23.7 por ciento) y de las coordinaciones estatales de la SCT (15.9 por ciento).
PRESUNTOS RESPONSABLES
Durante el sexenio pasado, la ASF alertó a la SCT acerca de los probables daños al erario público que se gestaron en su entraña. La ruta crítica de denuncias por irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción y negligencia administrativa corrió su curso y pasó por un filtro que es indispensable para garantizar el buen manejo de recursos públicos: el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los OIC son la primera línea de investigación interna de las dependencias. Una vez determinada la naturaleza del delito –si es grave o no grave– el proceso de sanción y reparación pasa a diferentes instancias. Por un lado, la sanción de faltas administrativas no graves de los servidores públicos corresponde a las Secretarías y a los OIC; y por otra parte, la sanción de faltas administrativas graves corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas (Artículo 3).
Entre 2013 y 2018, el OIC de la SCT estuvo a cargo de Nidia Patricia del Rocío Chávez Rocha, quien entonces era la encargada de revisar cada una de las anomalías detectadas por la ASF.
Pese a que en dicho periodo nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas, y que de esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa, la falta de resultados en materia de impartición de justicia –que ha sido señalada por Santiago Nieto Castillo– implicó que pasaran de largo algunas de las anomalías detectadas en la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Paso Exprés México-Cuernavaca, el Tren Interurbano México-Toluca, e incluso, el ya cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Una revisión de SinEmbargo a 118 auditorías de la ASF arrojó que hubo al menos 74 funcionarios públicos de alto nivel –además del difunto Gerardo Ruiz Esparza– involucrados, directa o indirectamente, en la comisión de irregularidades a través de la SCT. Lo anterior no implica que dichos funcionarios públicos sean culpables por algún acto u omisión, sino que las anomalías ocurrieron cuando eran responsables de las áreas encargadas de los proyectos en que hubo irregularidades registradas y que por tanto, de ser necesario, podrían ser llamados a testificar como parte de los procesos de investigación de la FGR y de la UIF.
Entre ellos están 31 directivos de las coordinaciones de la SCT a nivel estatal y 23 directores, subdirectores y subsecretarios de la Secretaría, además de 19 directores de órganos desconcentrados y un funcionario del Gobierno capitalino. En 2013-2018, algunas de éstas personalidades fueron investigadas, sancionadas y señaladas de incurrir en actos de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa. En este rubro destaca la opacidad que tienen los nombramientos de los delegados, los movimientos dentro de las mismas delegaciones o las renuncias que se dan sin rendición de cuentas.
Uno de estos casos es el de Raúl Murrieta Cummings. En 2015, el otrora Subsecretario de Infraestructura (2012-2016) fue denunciado por el titular del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños. De acuerdo con Luis Alberto Ramírez Colmenares, Murrieta Cummings habría protegido a funcionarios federales que cobraban anticipos (15 por ciento) sobre el valor de diversas obras públicas, con la finalidad de apoyar las campañas políticas de Beatriz Rodríguez Casasnovas (para la diputación federal de Oaxaca) y Héctor Astudillo Flores (que buscaba la gubernatura de Guerrero).
Murrieta Cummings y el ex Coordinador General de Centros SCT (2012-2018) José Antonio Rodarte Leal, también fueron señalados ese año de favorecer a unas cuantas empresas en 14 entidades federativas, pese a que algunas de ellas –como en el caso de Expectras– tenían demandas pendientes por incumplimientos de contrato.
Además está Benito Neme Sastré. El otrora director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha sido investigado por la FGR, por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con las auditorías de la ASF, Neme es uno de los posibles responsables de irregularidades por 151 millones 510 mil 547.47 pesos en Capufe durante el sexenio peñanietista, en que la dependencia federal generó probables daños al erario público por realizar pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como el adeudo de reintegros y falta de ejercicio de medidas resarcitorias, además de contratar bienes y servicios no efectuados y tener obras con diferencias entre los volúmenes de obra contratados y efectuados.
Ejemplo de ello es el daño al erario público por un pago “extraordinario” de más de 1.7 millones de pesos en 2018, durante la rehabilitación del pavimento de la Autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo León.
De acuerdo con la ASF, Capufe “autorizó indebidamente” un pago a la empresa Coconal en agosto del año antepasado, para la implementación de un “dispositivo permanente de monitoreo de tránsito vehicular”. En la auditoría (2018-1-09J0U-20-0396-2019 396-DE) quedó asentado que el gasto no tenía relación con el objeto de contrato de obra pública, ya que se trató de un proceso de adquisición de equipo de seguridad que debía solicitarse por medio de otro contrato.
Entre otros casos también destacan algunos exfuncionarios públicos investigados y sancionados por irregularidades administrativas, como el exdirector de la Administración Portuaria Integral (API) de Campeche, David Uribe Haydar; el extitular del Centro SCT Durango, Eduardo Bailey Elizondo; el exdirector de la oficina de la SCT en Hidalgo, Gerardo Alberto Salomón Bulos; el otrora director general de Obras Públicas del Gobierno capitalino, Alfredo Hernández García; y el ex director general del Centro SCT Morelos, Jose Luis Alarcón Ezeta.
Los dos últimos casos fueron unos de los más sonados debido a la proporción de las obras de infraestructura pública, o debido a las consecuencias de sus actos.
Por un lado, Hernández García fue uno de los probables responsables –junto con su sucesor en el cargo, Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez y el ex titular de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo– de un daño patrimonial de 1.3 mil millones de pesos durante las obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca entre 2014 y 2015, por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como de servicios contratados no efectuados.
En marzo de 2015, el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó la destitución de Hernández García para que fuera investigado por supuestos conflictos de interés, ya que habría otorgado contratos por 71 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, en que su esposa (Erika Molina Barragán) fungía como directora comercial.
Con respecto a Alarcón Ezeta, la ASF encontró más de 792.8 millones de pesos en pagos excesivos e injustificados entre 2014 y 2017, durante la construcción del Paso Express de Cuernavaca y del Distribuidor Vial Palmira. Tras la muerte de dos personas (2017) en el Paso Express, Alarcón fue destituido e inhabilitado por 10 años, ya que la Secretaría de la Función Pública determinó que no atendió las advertencias de riesgos en la obra, pese a que estaba informado.
Todos los grandes proyectos de infraestructura del sexenio pasado fueron revisados por la ASF y en cada una de las entregas de Cuenta Pública alertó sobre las anomalías y muchas de ellas significaron un posible daño a la Hacienda Pública Federal.
El NAIM es el que más señales envió sobre los malos manejos de obra y dinero. Durante la administración de Ruiz Esparza, el director a cargo del proyecto (Federico Patiño Márquez) fue notificado de anomalías por una cantidad de 4 mil 834 millones 444 mil 616 pesos que se fueron en pagos indebidos y/o pagos ajenos a la obra que se cargaron al erario público, así como por gastos en material pagado pero no localizado, además de sobreprecios inexplicables.
Otro ejemplo de malos manejos fueron las obras que estuvieron a cargo de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), mismas que acumularon posibles irregularidades por 1 mil 446 millones 035 mil 178 pesos. De entre ellas, las que tuvieron más observaciones comparten una particularidad con el NAIM: durante años fueron presumidas en actos de gobierno y en medios de comunicación.
Como parte de dichas obras destacan el Libramiento Ferroviario de Celaya y la Vía Rápida Bicentenario, la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Tren Interurbano México-Toluca. Obras con observaciones de pagos indebidos, aumentos de precios sin justificación, compra de materiales que no fueron utilizados y pagos duplicados, en que se cuentan casos –como el Tren México-Toluca– que a pesar de las millonarias inversiones continúan sin funcionar y generando cargos, incluso, a costa del Presupuesto de Egresos de 2020.
