Los delitos contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox habrían prescrito, por lo que no podrían ser juzgados, destacó Santiago Nieto, titular de la UIF, y sugirió crear una especie de Comisión de la Verdad para que los mexicanos conozcan el alcance de los actos de corrupción en estos sexenios.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Los expresidentes Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas de Gortari no podríaN ser juzgados porque los delitos ya están prescritos, no así en los casos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El delito de lavado de dinero prescribe a los 10 años, por eso cuando a mi me preguntan sobre el tema de los expedientes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito, pero no así en el caso de Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari”, dijo el titular de la UIF durante su ponencia en el seminario “El combate a los cárteles. Un diálogo con Santiago Nieto”, realizado por el Colegio de México.
Nieto Castillo sugirió crear una especie de Comisión de la Verdad para que los mexicanos conozcan el alcance de los actos de corrupción en los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Salinas de Gortari (1988-1994).
“Lo que se tiene que hacer en esta parte donde ya no puede haber acción jurídica en contra de estas personas es tener por lo menos una investigación, una especie de Comisión de la Verdad, respecto a los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadania mexicana sepa los alcances a los que llegaron todos los expresidentes”, detalló.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el pasado 1 de octubre la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México (de Carlos Salinas hasta Peña Nieto).
El proyecto de inconstitucionalidad del Ministro Luis María Aguilar Morales quedó con cuatro votos.
El Ministro presidente Arturo Zaldívar realizó la votación del proyecto bajo el entendido de que se modificará la pregunta hecha por el Presidente para cuidar los derechos humanos.
La discusión de la propuesta del Presidente López Obrador pasó por varias etapas. En una primera los ministros abogaron en su mayoría más por la inconstitucionalidad al resaltar qué tanto de viabilidad había en consultar si alguien debía ser juzgado o no.
Otros ministros argumentaron su postura a favor bajo la idea de reivindicar el derecho a la consulta popular, pero modificando la pregunta propuesta por el Ejecutivo, haciendo uso de la facultad que les otorga la Ley de Consulta Pública.
En la votación final fue ese el factor que abonó en la determinación de la constitucionalidad. Los seis ministros que le dieron luz verde fueron Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán.
Por declarar la consulta inconstitucional votaron Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas.
Los magistrados revisaron la pregunta de la consulta y acordaron que sería:¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?»
El aval de la Suprema Corte causó una profunda división de opiniones de quienes la consideran «histórica» o la tipifican como un «delirio».
–Con información de Daniela Barragán
