Este jueves, la SCJN definirá si le da luz verde o roja a la propuesta de consulta popular que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el Ministro Luis María Aguilar Morales, encargado de estudiar la propuesta, ya concluyó que es improcedente, las fuerzas políticas e ideológicas podrían jugar un papel clave en la votación que se realizará este 1 de octubre.
-Con información de Dulce Olvera y Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Llegó el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida si abre la puerta para enjuiciar a los cinco expresidentes de México a raíz de la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El estudio que realizó el Ministro Luis María Aguilar Morales determinó que el documento de Presidencia en la que enumera las causas por las cuales los cinco hombres deben enfrentar la justicia resulta anticonstitucional, principalmente porque vulnera los derechos humanos de los señalados, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por otro lado, advierte que de realizarse la consulta y que el resultado fuera por el no al enjuiciamiento, se afectaría el acceso a la justicia si alguno de ellos cometió un delito.
El pasado jueves, cuando se publicó la conclusión del Ministro, se comenzó a hacer referencia a su trayectoria, enmarcando su postulación por parte de Felipe Calderón Hinojosa en 2009 y su cercanía con Enrique Peña Nieto, dos de los posibles enjuiciados.
Para la votación que se realizará el día de hoy, hay especialistas que sostienen que los 11 ministros votarán en contra, si se apegan de lleno a lo establecido en la Ley de Consulta Popular que establece como uno de los principales puntos que ninguna consulta puede ir en contra de los derechos humanos que están protegidos por la Constitución. Sin embargo, el Presidente López obrador hizo un llamado a los ministros para que escuchen las demandas del pueblo de México.
“La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa […] si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia, lo que establece el artículo 39 de nuestra constitución”, comentó en su conferencia de prensa matutina.
Agregó que se decidirá si el pueblo votará cada tres o seis años para tener representantes o si se quiere además que el pueblo pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general.
“Argumentar o esgrimir que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos”, agregó.
Y si el día de hoy los ministros votan por el no, el Presidente lanzó un planteamiento: “¿para qué está ese artículo en la Constitución?, es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso. No, sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México -porque fue mi compromiso- se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad”.
Entonces, hay dos posibilidades: que los once ministros voten en contra de la iniciativa presidencial o que se desate una disputa entre los grupos políticos que pueda haber en la Corte, de los más alejados y los más cercanos al Gobierno de López Obrador.
ZALDÍVAR Y UNA AGENDA LIBERAL
Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, actual presidente del máximo tribunal del país, ha mostrado a lo largo de su carrera una postura más liberal en temas como el aborto o la transparencia del poder judicial. Se le ha identificado como cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso esta amistad causó polémica en la elección (2 de enero 2019) para dirigir la SCJN, donde el Ministro se impuso con siete votos, de los seis que necesitaba para poder ser elegido.
Sin embargo, esta cercanía con el actual Presidente no influye en sus votaciones en la Suprema Corte, así lo ha declarado él mismo y coinciden analistas.
Sus votaciones en la Suprema Corte y posicionamientos respecto a algunos temas han causado polémica. Por ejemplo, en noviembre de 2019, el Ministro expresó públicamente su deseo de que en México el aborto sea despenalizado, lo que causó críticas por parte del sector conservador en México.
“Ojalá algún día el aborto seguro sea una realidad en México, nadie está a favor del aborto, de lo que se está a favor es de su despenalización, nadie está en contra de la vida, de lo que estamos en contra es de que se criminalice y victimice a las mujeres, y que estén en prisión por haber tenido un aborto, porque en las cárceles están sólo las mujeres pobres y las indígenas, y aunque a muchos les duele lo que digo, las niñas ricas siempre han abortado y lo seguirán haciendo. No ha habido ni habrá una sola niña rica en prisión por abortar”, declaró en un evento el 22 de noviembre de 2019.
Otro momento en el que el Ministro presidente también causó controversia fue cuando aseguró que había recibido presiones por parte del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez.
El 9 de octubre de 2019 durante la transmisión del programa “John y Sabina”, del Canal Once, el Ministro declaró en entrevista: “El Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos en los asuntos que estamos manejando, cosa que, también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, sino que fui objeto de esas presiones”.
Al ser cuestionado sobre los nombres de esos expedientes que presionaban a la Corte, el Ministro respondió que Felipe Calderón.
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE
–Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá:
El Ministro, cercano al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Sherer Ibarra, es el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resuelve asuntos civiles y penales. Llegó por un periodo de 15 años en sustitución del Ministro en retiro José Ramón Cossío.
El Presidente López Obrador envió una terna al Congreso proponiéndolo a él y a dos morenistas, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf. El Senado de la República, con mayoría de Morena, lo votó y designó a finales de 2018.
El doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad de Barcelona desde 1992 fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del año 2000 al 2003 fue presidente de la Institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Durante su toma de protesta en el Senado, el Ministro González Alcántara aseguró que la independencia judicial no implica solamente una estructura formal que separe funciones, sino estar dispuestos a convertirse en «auténticos guardianes del orden constitucional» y tomar en cuenta exigencias y anhelos de los ciudadanos, «a quienes estamos obligados a servir».
–Ministra Ana Margarita Ríos Farjat:
Ríos Farjat, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a inicios del Gobierno de López Obrador, es una de las tres ministras de la Suprema Corte. De hecho, es la primera vez desde la Reforma Constitucional de 1995 que contará con la participación de tres Ministras. Ríos también formó parte del equipo de transición del actual Gobierno de México.
La abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también poetiza arribó a la SCJN en diciembre de 2019 por votación del Senado, cuya mayoría es de la bancada morenista.
Cuando recibió la toga magisterial destacó la autonomía con la que se ha conducido no solo en su vida profesional, sino en su vida entera. «Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía frente a los otros Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme», dijo.
Además de haber laborado en el Juzgado Tercero de Distrito del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuenta con casi dos décadas de ejercicio profesional independiente en firmas y fue editorialista en el diario Reforma.
–Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena:
Gutiérrez Ortiz Mena está en la Corte desde diciembre de 2012, a propuesta del expresidente saliente Felipe Calderón Hinojosa y a la par del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, dos de los expresidentes relacionados con la consulta popular.
El maestro en Derecho por la Universidad de Harvard acudió a la boda de la hija de Juan Collado, abogado de la élite política peñista, preso por el caso de lavado de dinero en Caja Libertad. Sin embargo, el pleno de la SCJN determinó que no era impedimento para que el Ministro participe en asuntos que involucren al expresidente priista.
Se le recuerda por, con base en violaciones al debido proceso, haber votado a favor de liberar a Florence Cassez, ciudadana francesa involucrada en un montaje realizado por Televisa y la Secretaría de Seguridad comandada por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
–Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo:
Jorge Mario Pardo Rebolledo es ministro desde finales del Gobierno de Felipe Calderón. Es Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. El veracruzano se ha desempeñado desde 1982 dentro de la Judicatura Federal como Actuario Judicial, Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Estudio y Cuenta, Juez de Distrito y Magistrado de Tribunal Colegiado.
–Ministra Norma Lucía Piña Hernández:
Piña Hernández, quien ha manifestado su apoyo a la equidad de género y la lucha contra la violencia de género, fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto y llegó a la Suprema Corte en 2016 para sustituir a la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Profesora de Educación Primaria, licenciada y doctorante en Derecho por la UNAM, era Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito antes de llegar a la Primera Sala de la Corte.
Ya había sido propuesta como candidata a Ministra en otra terna del expresidente Felipe Calderón en el 2012. Tiene 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación.
LA SEGUNDA SALA DE LA CORTE
–Ministro Presidente Javier Laynez Potisek:
Fue ratificado como Ministro en diciembre de 2015. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de París.
Dentro de su trayectoria hay puestos como el de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República (Hoy Fiscalía General) y Procurador Fiscal de la Federación.
El Ministro votó en contra de la Ley Bonilla, que le permitía al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla extender su mandato y elaboró la resolución de amparo en la que validó la constitucionalidad de varios aspectos de la Ley Minera, la cual afecta gravemente los derechos de pueblos indígenas.
–Ministro Luis María Aguilar Morales:
El Ministro fue el encargado de realizar el estudio de la iniciativa presidencial. Está en la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009 y fungió como Presidente de ésta y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En diversas publicaciones se la ha señalado como “amigo” de Calderón Hinojosa e incluso del priista Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y tiene casos controvertidos en su carrera de Ministro.
En una crónica del diario El País, publicada en enero de 2015 con motivo de su elección como Presidente de la Corte, quedó consignado que contó con el “respaldo del grupo más conservador”. Un ejemplo de eso es que en 2011 votó para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California.
–Ministra Yasmín Esquivel Mossa:
Esquivel Mosssa es abogada por la UNAM y tiene posgrados por la Universidad del Valle de México (UVM), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Universidad Panamericana y por la Complutense de Madrid.
En 2004, Vicente Fox Quesada la propuso como Magistrada de los Tribunales Agrarios, cargo en el que fue designada por unanimidad por el Senado de la República y en febrero de 2019 fue propuesta por López Obrador como Ministra de la SCJN.
–Ministro José Fernando Franco González Salas:
González Salas es Ministro desde el 12 de diciembre de 2006 y entre sus cargos anteriores sobresalen el que tuvo en del año 2000 al 2005 como subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo durante la administración de Vicente Fox.
En 2015 el Ministro pidió disculpas públicas luego de decir que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”. La salida del Ministro será para 2021, cuando culmine su estancia de 15 años.
–Ministro Alberto Pérez Dayán:
El 22 de noviembre de 2012, el Senado de la República lo designó Ministro; asumió el 1 de diciembre siguiente.
Se le conoce como el Ministro que frenó el recorte salarial en la Corte, luego de la llegada del Presidente López Obrador. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pidió que se le sometiera a juicio político por esa suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, que es uno de los pilares de la política de la actual administración.
