Aunque en este momento la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 se presente como la principal urgencia del país, el flagelo de la guerra y la violencia organizada sigue siendo el principal problema social y político que enfrenta la sociedad mexicana. No puede ser de otra manera en un país donde en 12 años se han acumulado casi 300 mil asesinatos violentos y más de 73 mil desapariciones.

Según la doctrina liberal, una de las primeras obligaciones de los estados es la protección de la vida, sin embargo, en tiempos del capitalismo neoliberal, dicha doctrina se tuerce y se convierte en lo contrario al constatar que en no pocas ocasiones son las mismas fuerzas estatales las que cometen las desapariciones forzadas.

En medio de un régimen de terror que se impone en los territorios donde ocurren estas violencias, con mucho esfuerzo y valentía, las familias que enfrentan el dolor de tener un desaparecido se han ido organizado desde hace años para buscar a sus ausentes y exigir justicia y respuestas del Estado.

Estas han llegado demasiado tarde y distan mucho de ser las que necesitan las familias organizadas y la sociedad mexicana para poner fin a este doloroso flagelo de las desapariciones forzadas y las que cometen las organizaciones violentas privadas.

Gracias a sus luchas y movilizaciones, las familias y organizaciones de desaparecidos obligaron a los poderes públicos a crear en noviembre de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, así como crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Un componente clave en este sistema es la conformación de la comisión nacional y las comisiones estatales de búsqueda. A la fecha se han creado la mayoría de las comisiones en los estados, sin embargo, su eficacia y funcionamiento articulado en un sistema nacional deja mucho que desear, según un balance elaborado por el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y presentado el miércoles 9 de septiembre en la Ciudad de México. El balance fue elaborado a partir de las respuestas ofrecidas por 25 comisiones estatales y la comisión nacional.

Entre los principales hallazgos en este reporte es que apenas siete entidades cuentan con un Consejo Ciudadano; que una gran disparidad de personal en estas entidades pues si bien en un estado se cuenta con 94 personas, una comisión estatal apenas tiene a un funcionario designado. En el balance se establece que más de la mitad de las comisiones locales reportó que una parte importante de sus recursos provienen de transferencias de la Federación sin aportaciones estatales relevantes.

A esto se añade que en la mayoría de las entidades estatales tienen a su personal bajo contratos temporales y que apenas nueve comisiones reportaron tener los recursos materiales suficientes para su funcionamiento. En cuanto a equipamiento técnico, la comisiones reportaron contar con: vehículos (57.69 por ciento), cámaras profesionales (42.30 por ciento), equipos GPS (23.07 por ciento) y drones (23.07 por ciento).

Además del entramado jurídico de creación de las comisiones estatales y de los recursos humanos y materiales, 81 por ciento de las comisiones estableció las áreas de análisis de contexto, gestión y procesamiento de información y grupos de búsqueda, pero sólo 38 por ciento contó con personal para las tres unidades, es decir, apenas una de cada tres.

Hay una marcada carencia de las comisiones estatales a mantener al margen a las familias: sólo siete comisiones reportaron un proceso adecuado de participación de familias y colectivos en la creación de leyes y otra normatividad.

En cuanto a su función sustancial, buscar a los desaparecidos, sólo cinco comisiones reportaron un proceso adecuado de participación en planes de búsqueda y únicamente una comisión reportó haber incluido a familiares y colectivos en la creación del presupuesto.

En este balance del funcionamiento de las comisiones de búsqueda, el Consejo Nacional Ciudadano elaboró una calificación de avance de las comisiones, quedando de esta manera (entre paréntesis los puntos obtenidos):

Diez comisiones con avance alto: 67 a 100 puntos: CNB (91.59), Coahuila (94.08), Colima (69.13), Hidalgo (67.46), Michoacán (81.16), Querétaro (84.92), San Luis Potosí (79.92), Sinaloa (67.45), Tamaulipas (80.35), Veracruz (79.92).

Doce entidades con avance medio: 34 a 66 puntos: BC (63.35), BCS (44.98), Chihuahua (66.3), Durango (51.19), Edomex (63,70), Guerrero (64.12), Jalisco (44.12), Nayarit (54.98), Nuevo León (57.87), Puebla (45.81), Tabasco (56.63), Tlaxcala (48.29).

Y tres con avance bajo: 0 a 33: Chiapas (19.99), Sonora (19.99), Zacatecas (28.32).

Este diagnóstico llevó al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda a considerar que pareciera que la burocracia “están poniendo sus esfuerzos y recursos en asegurar su permanencia institucional”, más que en el objetivo principal de buscar a sus desaparecidos.

En suma, el trabajo de creación de un sistema nacional de búsqueda efectivo es demasiado lento para las necesidades de miles de familias que buscan a uno de los suyos. Y a esto se añade la indolencia con las que muchos funcionarios valoran el grave problema de la desaparición de personas en México. Pese al cambio de discurso de las nuevas autoridades federales, y en varios estados del país, el sistema nacional de búsqueda no está a la altura de lo que necesitan las familias y la sociedad mexicana.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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