Las escenas de las batallas campales entre la Guardia Nacional y los agricultores de Delicias, Chihuahua, son impresionantes. Cuando la policía enfrenta a manifestantes en reclamo de derechos –o lo que consideran que son sus derechos–, terminan invariablemente en abusos de fuerza, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se entere o no se quiera enterar. 

Los campesinos de esa región de la frontera reclaman el derecho agua y están, por supuesto, en contra de que se pague desde esas presas la deuda, legítima y documentada, que tiene el Gobierno de México con el Gobierno estadunidense. En la decisión de cómo y de dónde pagar no fueron, por supuesto, consultados los campesinos; la decisión fue tomada unilateralmente por Gobierno federal a través de la Conagua. Y ese es justamente el tema: la gobernanza del agua en México está completamente rebasada. Cada día le cuesta más trabajo a la comisión que sus decisiones, buenas o malas, correctas o no, se operen. En su diseño institucional, pensada para el país de hace 30 años, la Conagua era la única que decidía sobre el destino del agua para evitar enfrentamientos entre los distintos usuarios de una cuenca. Detrás había un Gobierno central fuerte y bastante autoritario, pero con capacidad de imponer sus decisiones. No es que el Gobierno actual sea menos autoritario, sino que las comunidades son mucho más combativas.

Hoy, con recursos hidráulicos cada vez más escasos y comunidades con mayor capacidad de organización y más conscientes de sus derechos, la Conagua se topa un día sí y otro también con grupos dispuestos a oponer resistencia a resoluciones hechas desde el centro y con lógica técnica, quizá correcta, pero no por ello menos burocrática en el sentido literal de la palabra: decisiones tomadas desde una oficina, un escritorio. Lo mismo sucede si hablamos de los trasvases a Estados Unidos, de la presa de Zapotillo en Jalisco y Guanajuato, de la construcción de la termoeléctrica en Morelos o la concesión a una empresa cervecera en Mexicali. No se trata de si la decisión es correcta o no, siempre habrá discusión al respecto, sino de la capacidad política de una Gobierno para que esos proyectos se hagan realidad.

Más que reformas a la Ley de Aguas Nacionales (las últimas se hicieron en enero de este año) lo que necesitamos es una nueva gobernanza del agua, un mecanismo en lo que los usuarios de una cuenca participen en las decisiones en torno al la gestión y el uso de los recursos hidráulicos. Nada muy novedoso: en Holanda este tipo de gestión en la que los usuarios del agua toman sus propias decisiones data de la edad media. 

Llevamos años diciendo que las batallas del futuro serían por el agua. Pues bien, el futuro ya llegó. Entre más tardemos en aceptarlo y en tomar decisiones al respecto más enfrentamientos, proyectos fallidos y encono social y, desgraciadamente muertes, vamos a acumular. 

Diego Petersen Farah

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