Desde hace varios años el movimiento de organizaciones de la sociedad en defensa de los derechos humanos ha adquirido fuerza y relevancia en nuestro país.  El desamparo en el que nos dejaron las autoridades estatales para la garantía de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales hizo que grupos organizados fueran avanzando pasito a pasito en su reconocimiento y exigencia.

Históricamente a nivel regional y también en México, las organizaciones de base que muchas veces trabajaron en conjunto con los distintas iglesias, respondieron ante la falta de respuesta del Estado y fueron referentes en distintos movimientos sociales que miraban para el desarrollo de los pueblos. Con el tiempo fueron surgiendo otras organizaciones, apartadas de los religiosos y políticos.

El movimiento organizado de derechos humanos se convirtió en muchos casos en un acompañante de las más grandes luchas por la justicia y la verdad, por la dignidad y la libertad, pero también por la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades sujetas a la explotación, a la corrupción y la impunidad que deriva de los grandes proyectos estatales que sólo brindan beneficios para los de arriba, y terminan rompiendo los tejidos y lazos comunitarios de los de abajo.

Durante el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, una batalla importante que dio la sociedad civil acompañando a la comunidad Yaqui de Sonora fue por la defensa del Rio Sonora, el cual estaba siendo sujeto a un proyecto estatal que amenazaba la subsistencia de este pueblo originario. También sucedió con el proyecto hidroeléctrico la Parota en Guerrero que hasta la fecha se mantiene suspendido gracias a la lucha y defensa que las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil. De continuar, ese proyecto habría inundado 17 mil hectáreas de selva, de 36 comunidades integradas en 16 núcleos agrarios y el desplazamiento directo de 25 mil personas e indirecto de 75 mil.

Obviamente, el trabajo que implica la organización, la defensa, las campañas, entre otras acciones de visibilidad e incidencia, no se paga solo y las personas que dedican su vida a la defensa de derechos humanos reciben un salario, en algunas ocasiones digno, en otras no tanto. Anteriormente, las organizaciones eclesiásticas lograban solventar estos gastos con el apoyo de sus diócesis y feligreses, sin embargo todas las demás, las que no tienen una afiliación religiosa o política, debían encontrar fondos de diversas fuentes: la filantropía, la cooperación internacional, las rifas, el boteo, las galas.

En México, a comparación de los países del norte y Europa, el desarrollo de la filantropía como una forma de trabajo de las empresas es algo reciente. Son muy pocas las compañías que se comprometen con una causa y apoyan el desarrollo de los diversos movimientos reconociendo que son procesos de muy largo aliento que a veces no logra rendir lo frutos esperados, o bien, que pueden generar tensiones con otros actores políticos y económicos por las agendas que trabajan.  No obstante, nuestro país si ha sido sujeto de diversos apoyos de la cooperación internacional, que se traduce – en palabras muy simples- en apoyos de otros países para impulsar el desarrollo económico, político y social, fortalecer en conjunto los valores democráticos y combatir aquello que nos está haciendo daño: desigualdad, exclusión, impunidad y la corrupción. En nuestro caso, esos apoyos se traducen, muchas veces, en apoyos técnicos y económicos no solo a las organizaciones, si no también a las instituciones del Estado y al sector privado.

Por ejemplo, una muestra  de cooperación internacional ha sido el desarrollo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual ha obtenido apoyo de los gobiernos de Estados Unidos de América y de la Delegación de la Unión Europea a la vez que apoyan a organizaciones de la sociedad civil como ARTICLE 19 para el impulso de talleres de prevención de violencia y campañas de reconocimiento de la importancia del periodismo y la defensa de derechos humanos.  Los proyectos de cooperación muchas veces buscan que cada parte de la sociedad se haga cargo del desarrollo y bienestar de las distintas poblaciones, por una lado el Estado, por otra parte la sociedad civil y, por otra, el sector privado. Otra vez poniendo como ejemplo al mencionado Mecanismo, su viabilidad y fortalecimiento ha sido posible gracias a un Consejo Consultivo de sociedad civil que forma parte de la Junta de Gobierno que es máximo órgano de toma de decisiones.

En resumen, la sostenibilidad del trabajo de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en México depende de fuentes de financiamiento extranjeras. No es ningún secreto y tampoco es algo por lo cual éstas se deban sentir avergonzadas. Pero esto no sucede así como así, cada organización debe presentar una serie de documentaciones tanto a las organizaciones filantrópicas, a las delegaciones de los países y a México. También se debe cumplir mensual y anualmente con una muy basta lista de requerimientos del Gobierno mexicano para la transparencia y la rendición de cuentas basadas en la llamada “Ley Anti Lavado”(de dinero) y la Ley del Impuesto sobre la Renta. El SAT tiene una serie de portales en los cuales se hace cargo de verificar que todas las organizaciones cumplan puntualmente con estos requerimientos.

Todo esto en referencia a la irresponsabilidad política del Presidente de inferir que un grupo de organizaciones operan de manera opaca y en base a intereses extranjeros para frenar el proyecto del Tren Maya. La semana pasada, su Coordinación de Comunicación Social, aparentemente, tuvo que solicitar una investigación externa  para verificar las fuentes de financiamiento de las organizaciones que están haciendo incidencia para frenar el mega proyecto hasta en tanto no se verifique el impacto a la población, se consulte con las comunidades que se verán afectadas y se prevean las mayores beneficios para estas. Esta narrativa estigmatizante es cada vez más recurrente en cada vez más países de la región: Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, son un botón de muestra.

Las declaraciones del Presidente -para las cuales sólo le bastaba recurrir al SAT en lugar de solicitar una investigación externa- solamente ratifican la falta de reconocimiento de la importancia de la defensa de derechos humanos en un país donde el Gobierno nunca ha dado resultados y, más aún, de la necesidad de que todas y todos los ciudadanos seamos parte de los asuntos públicos, controlemos a las autoridades y avancemos hacia una democracia participativa. Su afán por desacreditar el disenso con base en información manipulada lo convierte en el cáncer del que él tanto se queja: en la fuente de desinformación y la raíz de la polarización.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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