Opacidad y despilfarro, el sello de la casa: tres episodios de los Calderón-Zavala en el Gobierno

Desde 2014, cuando regresó de su estancia en la Universidad de Harvard, Felipe Calderón Hinojosa se montó en la escena pública. Se erigió en crítico político y altruista en contra del cambio climático. Sin embargo, su activismo se vio oscurecido porque las miradas voltean hacia su pasado, cuando fue Presidente. Está viva la posibilidad de que su nombre aparezca en la denuncia en contra de Genaro García Luna, detenido en Nueva York por delitos de narcotráfico.

Mientras en México se discute llevar a juicio político y penal a los exprimeros Mandatarios, tres episodios exhiben los pendientes cruciales en la administración calderonista en los que se perdieron miles de millones de pesos y se reservó información sin que jamás se hayan rendido cuentas.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El derrumbe de una planta de vacunas, el fraude en la vacunación de indígenas, sobreprecios en los festejos del bicentenario y el misterioso diagnóstico del país tras la guerra en contra del narcotráfico son episodios del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que fue de 2006 a 2012, y sobre los cuales jamás se ha rendido cuentas.

Documentos públicos que hoy pueden ser consultados en los archivos de transparencia dan cuenta de pérdidas de más miles de millones de pesos en los años en que gobernó el político michoacano a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro de su organización “México Libre” por obtener recursos mediante una vía no permitida.

En los últimos años, Felipe Calderón se erigió en un crítico del Gobierno de su enemigo histórico, Andrés Manuel López Obrador. Ha señalado “mal manejo de la pandemia” y hasta ironizado por el saludo del Primer Mandatario a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, en una gira por Badiraguato, Sinaloa.

Pero ese activismo se ve oscurecido.

Las miradas voltean hacia el pasado, a ese tiempo en que Calderón Hinojosa fue Presidente, porque está viva la posibilidad de que su nombre aparezca en la denuncia en contra de Genaro García Luna, detenido en Nueva York, por acusaciones relacionadas con el narcotráfico. La audiencia está programada para el 7 de octubre próximo y los fiscales sostienen que han aportado un amplio legajo en contra de quien fuera Secretario de Seguridad Pública. Mientras, en México, el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una solicitud de consulta popular para llevar a juicio a los ex Presidentes de la República que “hubieran cometido delitos” durante su gestión.

Por lo pronto, los archivos arrojan pendientes que el exmandatario jamás se ocupó en aclarar y ahora, ni siquiera los alude.

I. FIDEICOMISO BICENTENARIO

¿QUIÉN VA A EXPLICAR POR QUÉ SUBIÓ Y SUBIÓ?

La celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, en 2010, le costó a los mexicanos tres mil 834 millones 600 mil pesos (cinco mil 862 millones 57 mil 588 pesos de ahora), más de lo que dejaría la rifa de seis millones de cachitos del avión presidencial calculada en unos tres mil millones de pesos.

Ese costo no fue previsto y varias veces, surgió la necesidad de que el gobierno aportara más dinero para los festejos de la Independencia y la Revolución que en 2010 cumplieron dos siglos, según lo que muestran los estados financieros del Fideicomiso del Bicentenario, que fue administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).

Durante una década, el documento tuvo carácter confidencial, pero una vez promulgada la Ley Federal de Austeridad de la República, la Secretaría de la Función Pública lo publicó y hoy puede ser consultado en línea.

Es posible ver que desde 2007, cuando la recién creada Comisión Nacional Organizadora recibió los primeros 50 millones de pesos (84 millones 487 mil 83 pesos de ahora), la curva del dinero presentó un ascenso imparable. Incluso, la fiesta se efectuó en 2010 y los gastos continuaron. Para el 22 de febrero de ese año llegaron otros 54 millones 600 mil pesos.

En febrero de 2009, el fideicomiso recibió mil millones de pesos más y el 17 de diciembre de año, se volvió a hinchar con otros 400 millones de pesos. El último día de ese año acarreó otros 80 millones de pesos.

Luego, en 2010 -el año de los festejos- hubo dos depósitos: el 29 de enero, 600 millones de pesos y el 27 de mayo, 300 millones. Apenas habían pasado seis días de la celebración en el Zócalo cuando el gobierno calderonista le inyectó al fideicomiso otros 613 millones de pesos.

En este río de aportaciones, la Estela de Luz -el monumento de acero y cuarzo, frente al bosque de Chapultepec- se envolvió en una trama de sobreprecios que al final, dio un costo de mil 100 millones de pesos. El caso llegó hasta la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que el pasado 13 de agosto, validó las sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación a dos ex funcionarios de III Servicios SA de CV, filial de Petróleos Mexicanos, que contrató a las empresas privadas que edificaron la torre.

El tribunal les ordenó regresar 216.3 millones de pesos y 230.8 millones de pesos, por simular la compra de acero inoxidable de mayor precio.

Pero en el Bicentenario hay otros datos ocultos; por ejemplo, la factura emitida a Spectak Productions, una empresa australiana que se encargó del montaje del grito en el Zócalo. Los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) arrojan que Banjército respondió a la solicitud de información 0632500006810 que no tenía el registro de ningún contrato con esa empresa.

Tampoco está el comprobante del gasto de la compra de la colección Windsor para el museo de El Palacio Nacional. En ese cúmulo de objetos históricos se encuentra el escudo de Armas del Imperio de Agustín de Iturbide, el único ejemplar conocido de la bandera del Ejército del Sur de Zapata y una insignia de infantería de 1914.

II. LA INFLUENZA

DERRUMBE DE LA PLANTA Y FRAUDE EN LA VACUNACIÓN DE INDÍGENAS

De la administración de la Influenza H1N1, epidemia ocurrida en México en 2009, hay dos pendientes: una millonaria planta en Cuautitlán que tuvo que ser derrumbada y la vacunación de los grupos indígenas en la que se gastó sin que se llevara a cabo. Los dos proyectos se perdieron en tramas que hasta ahora no han sido esclarecidas.

En 2007, cuando el virus de la Influenza no era tan conocido en México, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa con capital mayoritario del Estado, se alió con la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur para edificar una planta en la autopista México-Querétaro, en Cuautitlán, Estado de México.

 Dos años después, el virus se propagó por México y ocasionó un nivel de mortandad sin precedentes, según reconocieron las autoridades sanitarias. Entonces, en julio, la Secretaría de Salud (SSA) se empeñó en que los trabajos de la obra se iniciaran cuanto antes. Hasta este punto de la historia, la estimación era un gasto de 493 millones de pesos y tres años de trabajo. Las empresas contratadas para esta etapa fueron Ingeniería Experimental SA de CV, Servicios Ambientales y de Salud SA de CV, así como Kahesa Construcciones.

Pero en marzo de 2011, Birmex sometió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una modificación del estudio costo beneficio. Entonces se descubrió que se requerirían otros 589 millones de pesos.

“Este cambio suponía una modificación en el ejercicio del presupuesto y, debido a los inconvenientes presentados durante las etapas de construcción, era necesario replantear el proyecto tanto en actividades como ejercicio de presupuesto hasta 2014”, quedó asentado en el libro blanco “Asociación Público Privada Birmex-Sanofi (Azteca Vacunas-Suministrador de Vacunas)”.

Con todo, la construcción se inició el 25 de noviembre de 2011. La alianza entre Inmuebles y Casas Modulares y TTG Goeting cobró por ello 251 millones 870 mil 46 pesos. El contrato por la obra concluyó el 3 de septiembre de 2013, cuando Felipe Calderón Hinojosa tenía nueve meses de haber entregado la banda presidencial.

Pero que la planta estuviera concluida no era cierto. En 2015, Birmex ordenó un estudio a la consultora Jacobs Engineering. El resultado fue que la planta estaba incompleta y requería otros mil millones de pesos. Además, se necesitaban otros seis años. Ese mismo año, la SSA declaró que por falta de dinero le era imposible continuar la obra. El edificio fue demolido en 2018.

No fue el único capítulo de la Influenza con puntos suspensivos. En 2010, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) le otorgó el contrato DRMSG-002-10 a Diagnolife SA de CV para que vacunara a los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígenas (PAEI), consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Le pagó 69 millones 600 mil pesos, cantidad que representó la segunda mayor erogación que el gobierno calderonista realizó respecto a la epidemia originada en México en 2009, según la localización en Compranet de los gastos respectivos.

Pero la inoculación no fue aplicada por completo y es la hora en que la empresa no ha presentado la lista de beneficiarios como tampoco qué hizo con el dinero.

El gobierno, por su parte, mantiene la información de la campaña de vacunación bajo reserva, pues la CDI y la empresa se enredaron en un litigio que no ha concluido.

La comisión le exige a Diagnolife la reposición del dinero por incumplimiento de contrato, mientras que la farmacéutica alega daños, perjuicios y daño moral en una contrademanda.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública le impuso a Diagnolife una sanción mediante la cual la inhabilitó por 3 años y 3 meses, del 21 de marzo de 2012 al 21 de junio de 2015; además de una multa de un millón 137 mil 708 pesos que hasta ahora no ha pagado, de acuerdo con el expediente 0045/2011 en esa dependencia.

III. «PANORAMA NACIONAL»

¿CÓMO QUEDÓ EL PAÍS DESPUÉS DE LA GUERRA?

El 13 de septiembre de 2012, en la otrora residencia oficial de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa recibió a Enrique Peña Nieto, en esos momentos, Presidente electo. Fue un encuentro previo al cambio de poderes en el Palacio Nacional, que iba a ocurrir el 1 de diciembre.

En Los Pinos, Calderón Hinojosa le entregó a Peña Nieto el documento titulado “Panorama Nacional”, cuyo contenido es un diagnóstico del país después de un sexenio concentrado en una estrategia bélica que según el discurso público, pretendía combatir a los grupos delincuenciales. Luego, el 4 de octubre, envió cuatro anexos.

Ese mismo día, el documento fue puesto bajo reserva hasta 2024 por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional con el argumento de que la revelación del contenido podría poner en riesgo la seguridad del país. Es decir, si la reserva se mantiene, se conocerá cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya concluido.

Felipe Calderón Hinojosa concentró su gobierno en la seguridad, lo que implicó la multiplicación del gasto en policías federales y en una estrategia de mensajes oficiales para posicionar un impacto positivo de sus acciones. El 8 de diciembre de 2006, declaró el inicio de la “guerra”  contra las organizaciones criminales; sobre todo, narcotraficantes. Lanzó el Operativo Conjunto Michoacán. Ordenó el despliegue de cuatro mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Secretaría de la Defensa, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público.

“Panorama Nacional” es un documento basado en información recabada a través de la extinta Plataforma México, creada por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública y operada por Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública. Este gigante cibernético que costó miles de millones de pesos fue escenario principal de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Ahí se realizó la inteligencia para después decidir las acciones. Hoy, García Luna se encuentra detenido en una prisión de Nueva York y la Plataforma México está en ruinas.

Felipe Calderón recibió muchos llamados a detener la guerra. En 2007, el analista José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó un artículo en un diario nacional en el que se leía: “Enfrentar al narcotráfico con una guerra convencional equivale a darle escobazos a un avispero”.

En 2009, empezó a circular el libro “El narco: la guerra fallida”, con la coautoría de dos ex colaboradores del ex Presidente Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar. Para entonces, el excanciller y el exvocero ya utilizaban el término “fracaso”. El concepto empezó a ser pronunciado una y otra vez. Un año después, el general Guillermo Galván Galván, entonces Secretario de la Defensa Nacional, dijo en el Día del Ejército, que a nadie le convenía que la guerra contra el crimen organizado se extendiera en forma indefinida.

El cúmulo de advertencias incluyó también la de Manuel Espino, artífice del documento “Estrategia para la Paz Justa”. Propuso en 2010, no sólo deshacer la guerra; sino lograr niveles de justicia en las instancias competentes.

 Al concluir el Calderonismo, muchas regiones del país eran controladas por grupos criminales. No sólo se reportaban delitos relacionados con narcotráfico; también con trata de personas. Al tiempo, se disparó el robo de vehículos y el llamado “huachicoleo” de combustibles de Petróleos Mexicanos.

La guerra continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los fatídicos saldos también. Si el Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil cinco homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2009; del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte dio 54 mil 454 asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449. Los motivos de Peña Nieto para continuar con esta estrategia bélica no son conocidos y acaso puedan encontrarse en “Panorama Nacional”.