Los colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron que las fiscalías, la Federal y de los estados, obstaculizan los esfuerzos generados recientemente en materia de desaparición y para la búsqueda de personas.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Colectivos y familiares de personas desaparecidas reconocieron y saludaron los recientes esfuerzos del estado mexicano en materia de desaparición, como la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y que el Ejecutivo federal haya turnado al Senado de la República el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, sin embargo, recalcaron que aún falta voluntad política para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas, justicia y en el combate al delito.
Los familiares de personas desaparecidas denunciaron que hay un gran problema de coordinación entre las instituciones y falta compromiso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para asumir su responsabilidad en la búsqueda de personas.
“Es innegable que se requiere de mayor voluntad política por los tres niveles de gobierno y por todas las instituciones para darnos respuesta a todos los que buscamos un ser querido” dijo Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MNDM), en una conferencia de prensa ofrecida en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemorará el próximo 30 de agosto.
La representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos señaló que esta red de colectivos cada año se une a la conmemoración para recordar, no sólo a las autoridades sino a la sociedad, que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares es un delito grave y complejo y que nadie está exento de vivirlo.
“Es un problema de estado y como tal toda la estructura del estado mexicano tiene que hacer los esfuerzos», enfatizó.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta al menos 75 mil 90 personas desaparecidas al corte de este viernes 28 de agosto.
“Este número es importante no sólo porque indica que hay un reconocimiento más amplio de las personas desaparecidas, sino también es un indicador que la desaparición sigue ocurriendo”, expresó la activista.
La cifra oficial de desaparecidos, consideró, está muy por debajo de lo que suponen es la dimensión real y explicó que ello se debe porque muchas de las familias no denuncian por temor, además que ese número es con base a las denuncias e información que presentan las fiscalías de los estados a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Virginia Garay Cásares, del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros en Nayarit, aplaudió que desde el Ejecutivo se haya turnado el reconocimiento para la competencia del Comité de Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas y lanzó un llamado al Legislativo para que sea aprobado a la brevedad.
Sin embargo, dijo, “aún quedan muchos pendientes, como la promesa de una invitación al CED para que realice una visita oficial a México.
«Es necesario que la Cancillería acate las instrucciones presidenciales, dadas desde hace un año, para a invitar al CED en cuanto sea posible”, comentó.
La madre de Bryan Eduardo, desaparecido en febrero de 2018, agregó que para todas las familias es de gran valor que el CED tome los casos porque consideran que fuera de casa se puede revisar los expedientes para que una instancia internacional diga lo que se hace de manera correcta, lo que falta y cuáles son las fallas.
“Saludamos los avances en políticas públicas, pero también dejamos claro que aún faltan muchas voluntades políticas del estado para que funcionen cada una de las normas o actividades indispensables para la búsqueda de nuestros seres queridos”, añadió.
Grace Fernández destacó que en materia de justicia también falta mucho camino por recorrer.
“Sólo hay 40 sentencias por desaparición de personas en el país, y también está pendiente acatar las sentencias internacionales”, dijo.
El Gobierno federal informó ayer, por medio de un comunicado de prensa, que aprobaron el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La aprobación, con 37 votos a favor, se realizó durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2020, encabezada por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
José Ugalde de Mejía, del colectivo personas desaparecidas en Querétaro, señaló que ahora que el Protocolo ha sido aprobado se deben garantizar las condiciones para su adecuada implementación, lo cual implica voluntad por parte de la FGR.
“Vemos la aprobación del protocolo como un paso sólido para avanzar en la búsqueda de nuestros seres queridos, pero sabemos que aún falta mucho camino”, expresó.
Sin embargo, hay una gran preocupación porque las fiscalías se abstuvieron.
Grace informó que tanto la FGR como la conferencia de procuración de justicia se abstuvieron de votar el Protocolo Homologado de Búsqueda con el argumento que ellos se rigen con base al artículo 21 Constitucional y que el protocolo atenta dicho mandamiento.
Ugalde de Mejía recalcó que es necesario que autoridades locales y federales conozcan profundamente este Protocolo y sus obligaciones en materia de búsqueda y actúen de manera coordinada para que todos los desaparecidos regresen a sus hogares.
“A las fiscalías queremos decirles que es necesario un actuar responsable y coordinado para que nuestros seres queridos regresen a casa. Esa coordinación para nosotros es muy importante para poder solventar la crisis de desaparecidos”, apuntó.
“Llamamos a las fiscalías para que apoyen las búsquedas de las personas, si bien es importante la persecución del delito, pero también se debe de privilegiar la búsqueda de personas y la identificación de restos”, añadió Grace Fernández.
Los activistas insistieron en que hace falta que la FGR y las fiscalías de los estados reconozcan y asuman su responsabilidad en la búsqueda de personas, “y eso solo se verá materializado poniendo su voluntad para la correcta implementación del protocolo”.
“Es necesario que se dé el paso que se requiere para sanar la herida que tiene el país. El estado mexicano nos debe la mínima sensación de tranquilidad a más de 73 mil familiares”, comentó Ugalde.
“El derecho que defendemos, es el derecho a toda persona a ser buscada”, agregó Grace Fernández.
Martín Villalobos, de la Fundación Mónica Alejandrina de la CdMx, habló del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y destacó que a la fecha hay más de 37 mil restos de seres humanos que por varios años no han podido ser identificados.
“Es por ello que las familias y el Gobierno federal hemos emprendido desde hace dos años el trabajo para poder crear el mecanismo extraordinario, cuyo fin es justamente identificar estos más de 37 mil cuerpos”, comentó.
El familiar abundó que la creación del mecanismo es un logro que va a dar impulso a las familias, y es un fruto del compromiso del estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, recalcó que para que el mecanismo pueda trabajar y cumplir con su mandato debe de contar con la participación de los colectivos y las familias de personas desaparecidas.
Los colectivos también exigieron a las autoridades garantizar un proceso idóneo de selección de personas que conformarán el grupo de expertos que estarán al frente del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Los defensores advirtieron que el movimiento seguirá atento para la implementación del Protocolo.
“El proceso de creación de Protocolo abrió espacios de comunicación importantes para las familias y llamamos a las autoridades para que en el futuro continúe la participación de las familias con tiempos más amplios y se desarrolle con mecanismos más accesibles”, comentó Ugalde.
