Durante muchos años la Secretaría de Gobernación (Segob) mantuvo dentro de su estructura una policía. Hasta 1989 lo fue la Dirección Federal de Seguridad, entidad de infame historia que sería desmantelada para dar paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, que también quedó en el organigrama de Gobernación.

En 1999, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León instauró la Policía Federal Preventiva, en la facultad de la Secretaría de Gobernación, sería en el mandato del primer Presidente de la República panista, Vicente Fox Quesada, cuando esta corporación dejó las filas de la Secretaría de Gobernación para formar parte de la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Durante la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y toda su infraestructura y su policía regresaron a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad.

Llegado el tiempo de Morena el Presidente Andrés Manuel López Obrador le quitó a Gobernación sus facultades policíacas y de inteligencia. Creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en ese organigrama acabaron tanto la Comisión Nacional de Seguridad Pública como el Cisen, que con las mismas facultades que en el pasado ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia.

Muchos políticos en el pasado padecieron el hostigamiento de la policía política que se ejercía desde Gobernación espionaje, filtraciones, presiones, tanto a grupos de la sociedad civil como a gobernadores, alcaldes, periodistas, activistas y políticos. El Presidente López Obrador lo dijo al inicio de su Gobierno, no se volvería a espiar a nadie, y eliminó el Cisen (aunque, insisto, solo le cambio de nombre y de adscripción), y sacó la Policía de Gobernación.

Sin embargo, hoy día parece que está de regreso. Sin atribuciones ni facultades, el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Sauceda, está realizando labores de investigación propias solo de la Fiscalía General de la República o las fiscalías en los estados al emprender indagaciones sobre lo que ocurre en los estados y los municipios.

Muestra de ello fue lo denunciado por el Presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien, dijo, fue citado por Peralta en sus oficinas de la Ciudad de México para informarle/amenazarle con que había una investigación sobre su Secretario de Seguridad Pública municipal sobre el “robo¨ de un decomiso (no dijo de qué, ni cuándo, ni cuánto), del cual obtendrían dinero para invertirlo en la campaña del Alcalde, sea para su reelección o para suceder a Jaime Bonilla en el Gobierno del estado, aunque tampoco lo aclaró.

El Alcalde refirió que Peralta lo amenazó en sus derechos políticos electorales, lo que se presume se podría traducir en que si persistía con la idea de ser candidato, a pesar que el Gobernador Jaime Bonilla no lo aprueba, la investigación contra su Secretario de Seguridad Pública Municipal se daría a conocer públicamente. Esa es la única forma en que los “derechos político electores” del Presidente municipal pudieran ser amenazados, instándole a no aspirar a un cargo de elección popular.

Cuando se trata de decomisos realizados por los primeros respondientes, los que normalmente suelen ser municipales, estos son reportados a la autoridad competente, a la Fiscalía del Estado si se trata de una falta del fuero común, o a la Fiscalía General de la República cuando de un delito del orden federal es el caso. En Tijuana, asegura el Alcalde, no sucedió decomiso alguno por parte de la corporación que dirige y por lo tanto no fue reportado a ninguna Fiscalía.

¿Tiene facultades Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación, para investigar los decomisos en el país? A simple vista no. Aunque podría argumentar que “alguien” denunció al funcionario tijuaneses, con todo y que para eso también hay instancias especializadas. Lo que Peralta está realizando es una “labor de policía” desde la Secretaría que maneja la política interna del país, convirtiéndose en lo que en el pasado conocimos como policía político.

No es la primera ocasión que Ricardo Peralta es notorio por sus acciones en los destinos de Baja California, en acompañamiento del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, que durante las últimas semanas ha iniciado un enfrentamiento con el Alcalde de Tijuana, a quien estudios de opinión y analistas consideran un sucesor natural de Bonilla, quien –y lo ha dicho públicamente– le ve todo para gobernar el estado al Alcalde de Ensenada, un joven de apellido Ayala que ha sido su empleado en su medio de comunicación.

En junio de 2019, a horas de la elección de donde saldría triunfador Jaime Bonilla, el entonces Presidente del Congreso de Baja California, un priista, denunció cómo estaban siendo presionados, como legisladores, para aprobar una reforma constitucional y ampliar el mandato del próximo Gobierno de dos a cinco años. Señaló directamente a Alejandro Miramontes, entonces administrador de la Aduana de Mexicali, como la persona que a nombre del Gobierno Federal les ofreció un millón de dólares por aprobar la reforma que beneficiaría a Bonilla.

El jefe de Miramontes era Ricardo Peralta, que por entonces era el Administrador General de Aduanas dentro del Servicio de Administración Tributaria, y el señalamiento de las presiones en el Congreso del Baja California para beneficiar a Bonilla le alcanzó.

En diciembre de 2019, antes de dejar la titularidad del SAT para tomar posesión como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjart dio cuenta y no de manera discreta –de hecho hay testigos– de la corrupción que rodeaba a quien era su subalterno y se desempeñaba como Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo.

No pasaron ni seis meses cuando a mediados de mayo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, revelara que se había investigado a los 49 administradores de aduanas en el país, detectando por lo menos seis en alto riesgo de actividades ilícitas como lavado de dinero. Dijo entonces que tres habían sido retirados de sus cargos, el de Tuxpan, Veracruz, el de Progreso, Yucatán, y el de Mexicali, Baja California, precisamente el enviado de Peralta, Alejandro Miramontes.

En el mismo mayo, Ricardo Peralta fue retirado de la Administración General de Aduanas y rescatado por la Secretaria Olga Sánchez Cordero, en calidad de Subsecretario de Gobernación, posición desde la cual, aseguran, no suelta los hilos de las aduanas, pues la mayoría de quienes titulan esas dependencias federales en los estados fueron nombrados por él.

Ricardo Peralta también acompañó al Gobernador de Baja California en su intentona por quedarse cinco años en la administración pública bajacaliforniana. Al final aquel presidente del Congreso que denunció el intento de soborno terminó votando a favor de la ampliación de mandato de dos a cinco años, reforma que el 11 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaría como inconstitucional y un “fraude a la Constitución” del estado.

Por eso no es de extrañar que Ricardo Peralta, desde la Subsecretaría de Gobernación, esté entrándole al juego sucio en la política local de Baja California jugando del lado de Bonilla Valdez, quien es público, notorio y declarado, no es partidario del Presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien podría aspirar a la candidatura para sucederlo. Lo que sí es novedad es que sin policía y sin estructura para la inteligencia, Ricardo Peralta se erija como el policía político de la Segob tomándose atribuciones de las fiscalías, investigando en los municipios. Sorpresas que da la 4T, y que avala la Secretaria de Gobernación.

Adela Navarro Bello

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