La familia Gómez lleva 63 días viviendo un calvario desde que la Fiscalía de Chiapas acusó a cinco de sus miembros de trata de personas y los vinculó al secuestro del pequeño Dylan. Además se llevó a 23 niños quienes presuntamente eran explotados. La familia es indígena y sobrevive vendiendo collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse solos en casa. Ahora exigen justicia y acusan al Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca de fabricarles delitos.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Sesenta y tres días han pasado desde que la familia Gómez fue acusada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas de formar parte de una red de trata de menores. Aquella mañana del 17 de junio elementos de la dependencia irrumpieron en la casa que rentaban. Trasladaron a sus niños a un DIF y detuvieron a tres mujeres, días después se llevaron sus muebles y las artesanías que hacían y vendían para subsistir. ¿Qué le hemos hecho al Fiscal?, ¿por qué no nos entrega a nuestros hijos?, preguntaron a Jorge Luis Llaven Abarca.
El calvario de la familia Gómez inició el 15 de junio, quince días después del secuestro de Dylan, un menor indígena de dos años quien desapareció en un mercado de San Cristóbal de las Casas donde su madre vendía frutas y verduras. El caso del niño se volvió mediático y varias organizaciones ejercieron presión en su búsqueda.
La familia Gómez supo del caso por la televisión y por imágenes que las autoridades pegaron en las calles, pero nunca imaginaron que ellos serían acusados de su rapto.
El 15 de junio, policías detuvieron a Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, mientras caminaba por la calle en el municipio de San Cristobal de las Casas, después capturaron a María Hortensia Gómez Sánchez, su exesposa. Ambos fueron trasladados al penal de San Cristóbal acusados por delitos contra la salud y de secuestro.
Don Adolfo murió el 27 de julio dentro de su celda. La Fiscalía dijo que se trató de un suicidio por ahorcamiento, pero su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado, señaló la familia.
“El director del Cerezo número 5 agarró a un inocente, por culpa del director y de la Fiscalía de Chiapas murió mi padre y yo exijo la aclaración de su muerte”, exigió Nereida Gómez Sánchez, hija del señor Adolfo. “Mi padre no sabía robar, se dedicaba a trabajar, en eso actuó mal la Fiscalía y el director del Cerezo 5. Yo pido que dejen en libertad a mi madre. Pasan los días y noches y ella sigue detenida”.
La familia Gómez Sánchez es indígena y sobrevive del comercio informal. Don Adolfo, su yerno y sus dos hijos con quienes compartían el mismo domicilio, vendían collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse solos en la casa. Esta situación fue usada por la Fiscalía de Chiapas, que el 21 de julio en conferencia acusó a los miembros adultos de la familia de explotación infantil y aseguró haber desmantelado una supuesta red de trata de menores.
En el supuesto operativo, realizado en el marco de la búsqueda del menor Dylan, la Fiscalía detuvo a tres mujeres y un total de 23 menores, incluidos varios bebés, fueron “rescatados”. Pero en realidad no hubo ningún rescate porque los niños tienen padres, acusó la familia.
Entre los menores había tres lactantes de 3, 12 y 20 meses de edad, y los demás son niños entre los 2 y los 15 años.
El mismo día 21 de julio cuando el Fiscal anunció la detención de las mujeres, integrantes de la familia Gómez acudieron ante las autoridades para informarles que se trataba de una confusión, pero no fueron escuchados.
«¿Qué le pasa a Jorge Luis Llaven Abarca?, ¿por qué no nos entrega a nuestros hijos? Ya basta de tratarnos así», pidió Nereida Gómez, madre de 5 de los 21 menores que fueron llevados al DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez. «Nosotros somos inocentes, el Fiscal nos llamó secuestrados, dijo que nosotros tratábamos mal a nuestros hijos. Dijeron que los niños daban cuota para salir a trabajar, pero nosotros nos llevamos a nuestros hijos a trabajar porque no tenemos dónde dejarlos. Nosotros vivimos al día, somos pobres, pero honrados. No somos rateros como dicen ellos».
El día 17 de junio cuando fue el cateo comenzaba a amanecer, eran las 7:30 de la mañana. Los niños apenas empezaban a levantarse y otros más dormían.
«Ellos vieron en la pobreza en la que estábamos, no encontraron un coche de lujo. Si dicen que somos delincuentes hubieran encontrado dinero, pero no. Había niños descansando a las 7:30 de la mañana cuando fue el cateo», contó la señora Nereida, quien exige al Fiscal de Chiapas que le devuelva a los menores. «Él dijo que no había ninguna familia presente sobre los 23 niños y que si las hubiera, entregaban a los niños, pero desde un principio mis suegros le pidieron que les entregaran a mis niños y no lo hicieron. ¿Qué espera el Fiscal?, ¿quiere darme más dolor? Yo ya quiero tener entre mis brazos a mis niños».
La señora Nereida mencionó que dos días después del cateo, el 19 de junio, los agentes regresaron a la casa donde rentaban y se llevaron los muebles y todas sus artesanías. «Vaciaron la casa, se llevaron televisiones, estufas, cilindros de gas, camas, mesas. Nos dejaron en la calle».
Un error en las actas de nacimiento de los menores ha detenido el trámite para que los menores regresen con su familia. «La Fiscalía anda buscando pretextos para no entregarnos a nuestros hijos», acusó Nereida, quien este 19 de agosto cumple 63 días sin poder ver a sus hijos.
PIDEN ESCLARECER EL PRESUNTO SUICIDIO
En conferencia de prensa desde Chiapas, las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza, acompañadas de integrantes de la familia Gómez Sánchez, señalaron los abusos por parte de la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, a quien responsabilizan directamente de la muerte del señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas, y de la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas: Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, detenidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.
Las organizaciones presentaron un video de prueba en el que se observa al señor Adolfo detenido en los separos de la Fiscalía Indígena narrando cómo fue su detención. En la grabación el señor detalla que al momento de ser detenido nunca le leyeron sus derechos, no lo contactaron con ningún abogado ni le permitieron hacer llamadas con sus familiares.
«Quiero que haya una claridad sobre la muerte de mi papá», pidió su hija.
Actualmente existen tres carpetas de investigación en el caso de la familia Gómez: la primera es la número 357 y es por delitos contra la salud en modalidad de posición; la segunda es la 340 que se lleva en la Fiscalía Antisecuestro, y la tercera es la carpeta número 24 y es por el delito de trata de personas en agravio de menores de edad.
Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, denunció «el actuar sistemático y mafioso de la Fiscalía General del Estado, la detención arbitraria, tortura, la fabricación de carpetas de investigación que sirven para ocultar detenciones arbitrarias y la criminalización de familias indígenas”.
Hasta el momento, ni el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas ni el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca han ofrecido algún pronunciamiento sobre esta detención arbitraria en contra de integrantes de la familia Gómez Sánchez.
