Por Itzel Silva Monroy*

A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país, diversas organizaciones de la sociedad civil que de un modo u otro trabajamos con comunidades indígenas y campesinas, decidimos articularnos (1) para analizar la situación y encontrar maneras de realizar acciones de apoyo y solidaridad, así como de exigencia de derechos.

Ya que debido a las condiciones de desigualdad y discriminación estructural que cotidianamente padecen dichas comunidades -como la falta de servicios de salud-, preveíamos que ante el escenario de la pandemia estas condiciones se acentuarían más.

Así, tras una revisión de este contexto, decidimos iniciar un monitoreo de la situación de emergencia sanitaria, que permitiera identificar las condiciones de vida de las comunidades durante la pandemia, el avance de ésta hasta ese momento, así como el nivel de información con la que las comunidades contaban. Este monitoreo fue realizado de finales de abril a mediados de junio y dio lugar a un Primer Informe (2) que se hizo público precisamente en junio pasado. Entre otras cosas, dicho informe recordó que, en la mayoría de las comunidades participantes en el monitoreo, no había médicos que atendieran COVID-19, y que, en caso de emergencia, quienes requirieran ir a un hospital, tendrían que desplazarse durante varias horas (entre dos y cinco) para acceder a los hospitales públicos.

Así mismo, el Informe reportó que mientras en las ciudades se estaban padeciendo ya los contagios masivos, en las comunidades apenas empezaban a identificarse algunos casos de la enfermedad, sin que aún se presentaran brotes comunitarios o contagios a un nivel mayor, alertando que esta situación podía modificarse en el transcurso de las semanas, y que los contagios por el virus verían un incremento.

Efectivamente esta situación ha comenzado a cambiar. De acuerdo con el monitoreo que en esta articulación de organizaciones se continúa realizando, empieza a observarse un avance del COVID-19 en las comunidades, existiendo tanto casos confirmados de contagio como casos sospechosos (en Chiapas y Oaxaca los contagios han rebasado la capacidad del sistema de salud, poniendo de manifiesto la incapacidad del Estado mexicano de atender la pandemia), pero también de fallecimientos que van en incremento, como en el caso de la comunidad Yaqui, en que se reportan 45 fallecimientos de mayo a la fecha. No sobra apuntar que en este monitoreo más reciente se reitera la falta de personal médico para la atención de la situación, así como de insumos en las comunidades para ayudar a evitar los contagios, como caretas o cubrebocas. De hecho, se reporta que las brigadas de personal médico que estaban acudiendo a las comunidades a brindar atención por el covid-19, dejaron de ir.

En los próximos días se hará público este monitoreo más reciente, que busca ser un llamado de atención a diversas instancias del Estado mexicano para que realicen de inmediato las acciones necesarias, en materia de salud, y antes de que la situación continúe empeorando.

Como apuntábamos, la pandemia agrava la situación de exclusión estructural y de violaciones a derechos que ordinariamente viven las comunidades indígenas y campesinas en nuestro país. Así incluso lo recordaba hace unos días en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Secretario General de las Naciones Unidas, señalando que antes de la pandemia actual estos pueblos ya hacían frente a situaciones de desigualdad, estigmatización y discriminación, y que aspectos como el acceso a la salud se han visto perjudicados aún más por la pandemia. Similar señalamiento hacía en mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien alertaba sobre la especial vulnerabilidad de dichos pueblos frente a la emergencia sanitaria y hacía un llamamiento a los Estados a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la salud de esta población.

En esta lógica, recordamos a las diferentes autoridades del Estado mexicano su deber ineludible de garantizar los derechos de quienes integran estos pueblos y comunidades, y de hacer un esfuerzo aún mayor para que puedan acceder plenamente a ellos en este contexto de pandemia.

* Itzel Silva Monroy es abogada litigante de casos de defensa de tierra y territorio de comunidades indígenas en @FundarMexico

(1) Esta articulación surge a iniciativa de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), y está conformada también por Aura Investigación Estratégica, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos-Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC), Enlace Comunicación y Capacitación, AC., Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Oxfam México A.C., Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C., Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC), Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA) y Fundar Centro de Análisis e Investigación.

(2) Primer Informe “Monitoreo de comunidades indígenas y equiparables ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2”, disponible en: https://serapaz.org.mx/monitoreo-de-comunidades-indigenas-y-equiparables-ante-la-emergencia-sanitaria-por-el-virus-sars-cov-2/

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