Rosario Piedra Ibarra, retomó la acción de inconstitucionalidad que los diputados locales del PAN, PRI, PRD, MC y CPP a la Ley Educativa elaborada por el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Puebla, 15 agosto (PeriódicoCentral).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra la Ley de Educación del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso de Puebla el pasado 15 de mayo.
La presidente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, retomó la acción de inconstitucionalidad que los diputados locales del PAN, PRI, PRD, MC y CPP a la Ley Educativa elaborada por el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
La acción registrada con el expediente 131/2020 y su acumulado 186/2020, fue admitida para su trámite el pasado 11 de agosto.
“Visto el escrito y los anexos de quien se ostenta como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se tiene a la promovente por presentada con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer”.
El pasado 21 de julio la SCJN desechó la acción promovida por los diputados locales por no recabar las 14 firmas de los legisladores del Congreso local para que sea admitida para su trámite.
Los diputados de oposición se vieron exhibidos en su intento de alcanzar las firmas necesarias al presionar a la coordinadora del PRD, Liliana Luna Aguirre, desde redes sociales para que firmara el documento.
LA LEY
Con esta ley, las escuelas particulares no podrán retener documentos particulares y académicos en caso adeudos de los tutores, negar la educación por no portar el uniforme y materiales didácticos de la institución.
Las multas pueden ir de los 8 mil 860 pesos a los 440 mil 310 pesos para quienes incurran en alguna de las 25 infracciones establecidas en la ley.
Además, los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal, por lo que deberán cumplir con todos los requisitos y lineamientos para operar.
El Gobierno estatal propone que los planteles particulares deberán tener colores neutros, además de que no tendrán los nombres de cualquier funcionario público en el desempeño de su encargo, cónyuges o hasta el segundo grado de parentesco.
