El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo esta tarde en una videoconferencia y a pregunta expresa que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exsecretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.
“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el Fiscal General.
“La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.
Ayer, una Jueza federal admitió a trámite un amparo promovido por Rosario Robles Berlanga para afrontar su proceso penal en libertad.
Robles Berlanga había impugnado la resolución del Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, luego que le rechazara la solicitud de prisión preventiva domiciliaria.
Será el 17 de agosto y el 9 de septiembre cuando la Jueza María Dolores Núñez solario celebra las audiencias donde determine si otorga la medida solicitada por la exfuncionaria.
De acuerdo con la causa promovida por Rosario Robles, la resolución del Juez Villar Ceballos violó los artículos constitucionales 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, apartado “B”, segundo párrafo.
EL CASO ROSARIO ROBLES
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A la exfuncionaria se le relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar tales servicios.
EL CASO LOZOYA Y ODEBRECHT
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció ayer al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en un video a medios que Lozoya señaló de manera formal a Peña Nieto y Videgaray de usar 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) del caso Odebrecht para contratar a asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012.
«El que después fue Presidente (Peña Nieto) y su Secretario de Hacienda (Videgaray) son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros», subrayó Gertz Manero.
Además, ya en el Gobierno federal, el exmandatario y el exfuncionario habrían destinado 120 millones de pesos (5.3 millones de dólares) para comprar el voto de cinco senadores y un Diputado a favor de la reforma energética, que abrió el sector a la inversión privada en 2013.
Aún así, el Fiscal advirtió que los nombres quedarán «en reserva» hasta encontrar las pruebas suficientes.
«Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) que fueron ordenados por las mismas personas», detalló Gertz Manero.
Lozoya, el primer exfuncionario mexicano en declarar por el caso de Odebrecht, ha sacudido la política mexicana tras su extradición de España el 17 de julio.
El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido tratarlo como testigo «protegido» o «colaborador» para que revele los nombres y el monto de los políticos que recibieron sobornos, en particular de aquellos involucrados en la aprobación de la reforma energética.
El mandatario reiteró este martes en la mañana que el caso de Lozoya es emblemático del «narco-Estado» que vivía México en los gobiernos pasados.
«Entonces, ofrezco disculpa a los conservadores si se enojan, además, les diría, ¿qué quieren?, ¿que yo me quede callado?», expresó.
Además de estas acusaciones, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht, según el Fiscal.
El exdirector de Pemex también afirmó en su denuncia ante la FGR que Peña Nieto y Videgaray le pidieron entregar 84 millones de pesos (3.7 millones de dólares) para varios legisladores y el secretario de finanzas de un partido.
También aseveró que le dieron 200 millones de pesos (8.9 millones de dólares) para «dirigirlos» a una reforma electoral.
«Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un vídeo. A partir de este momento la FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias», indicó Gertz Manero.
Sin precisar fechas, el fiscal explicó que llamarán a los testigos, analizarán la evidencia y el video, y en «el caso de que sea procedente» llamarán a declarar a los señalados.
-Con información de Guadalupe Fuentes López y de EFE
